Sin Derechos Humanos e Inclusión Social
no se gobierna
Pedro Luis Echeverria
El respeto a
los derechos humanos, la inclusión social, el cumplimiento de las leyes y el
buen funcionamiento del sistema judicial son principios básicos que deben ser observados
para consolidar la paz y la gobernabilidad en democracia.
Salvo
algunas excepciones, en el mundo actual se ha venido construyendo un sólido
cuerpo de principios éticos para la observancia de los derechos humanos,
institucionalizado a través de instancias como son, entre otros, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, la Corte Penal
Internacional, Tratados y Protocolos
internacionales, las Convenciones de Naciones Unidas y el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU. Este cuerpo doctrinario, a su vez, está íntimamente
ligado con el tema de la inclusión social para legitimar la democracia y que ésta se coloque al servicio de los grupos sociales más
vulnerables y evitar así la explicable y extendida insatisfacción que existe
sobre la eficacia de sus acciones. En síntesis la búsqueda de la equidad, sin
distingos ideológicos, se ha convertido en un objetivo fundamental para
procurar una adecuada redistribución del ingreso y una eficiente y efectiva
protección social.
Igualmente,
el fortalecimiento del respeto a la ley y el buen funcionamiento del poder
judicial es la respuesta que el mundo actual está tratando de dar a las
amenazas que se vislumbran sobre la gobernabilidad como son, por ejemplo, el
inusitado auge de la violencia urbana, las arremetidas del narcotráfico y del
terrorismo que pretenden controlar y
corroer la acción de los gobiernos y debilitar la estabilidad institucional de
los países.
El
desarrollo de programas para promover la democracia como forma de gobierno,
asegurar la vigencia de los derechos humanos y crear más legitimidad a través
de adecuados y bien focalizados programas sociales son los aspectos más
destacados que la comunidad internacional ha venido asumiendo
multilateralmente. Ya no es posible el aislamiento. Los miembros de la
comunidad internacional están hablando entre ellos de sus diferencias y
problemas comunes. Democracias representativas, economías de libre mercado,
gobiernos relativamente poco intervencionistas y protección de libertades fundamentales,
son los temas que conforman la
estabilidad internacional necesaria para el progreso y el desarrollo. Se trata
de una fuerte acción multilateral para garantizar elecciones limpias y
transparentes, fortalecer los sistemas políticos y el establecimiento de una
agenda para la lucha contra la pobreza.
La búsqueda
de un común ideario es compleja. Es difícil encontrar identidades y
aproximaciones que sustituyan las confrontaciones y rupturas que han
caracterizado, durante los últimos años, las relaciones internacionales.
La primera gran tarea que se apresta a realizar la comunidad internacional será
la de actuar coordinadamente para contribuir pragmáticamente a construir un
nuevo modelo social de desarrollo que convoque a la unidad y al ejercicio de la
corresponsabilidad colectiva y la observancia de las reglas multilaterales para
la convivencia pacífica. Esos son los temas internacionales
que irresponsablemente el gobierno
venezolano desdeña e incumple y que han
hecho que se profundice su aislamiento
creciente de los centros del poder mundial. El estrepitoso y costoso fiasco
para el gobierno que significó la intrascendente Cumbre del Movimiento de Países No Alineados; las dificultades que
confrontamos en los mercados financieros externos para obtener financiamientos
o reordenamiento del pago de nuestra deuda externa; el rechazo de los países del Mercosur a la dirección
y membresía venezolana en ese esquema de
integración, son pruebas tangibles que nuestro país cada vez tiene menos
importancia y peso político en la comunidad internacional.
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