Caracas, Venezuela; 16 de Abril de 2013
La Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, Foro por la Vida, en el marco
del derecho a la participación política reconocido por la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado,se pronuncia sobre los últimos
acontecimientos relacionados con las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril, donde el
pueblo venezolano ejerció masivamente su Derecho al voto, lo cual reafirma su vocación
democrática.
Desde hace varios años las organizaciones de derechos humanos hemos expresado preocupación
sobre el desequilibrio en las campañas electorales, a partir del uso de los recursos del Estado a
favor de una opción política. En esta oportunidad dado el estrecho margen de diferencia entre los
dos principales candidatos y el reporte de más de 3.000 incidencias por parte de los actores
políticos,presentan una duda razonable sobre la consistencia de los resultados, que permiten
justificar la activación de los mecanismos previstos en la legislación nacional para una revisión
detallada de los mismos, sin que ello deba ser interpretado como una amenaza a la democracia y
la voluntad popular, sino como la forma legal y cívica de resolver la controversia, especialmente
considerando que ambos candidatos aceptaron de manera voluntaria e inmediata la revisión la
noche del 14 de abril.
Es necesario recordar que en Venezuela existen precedentes jurídicos que establecen que la
proclamación de un candidato, no cierra los canales legales para la activación de los mecanismos
de revisión de los resultados de un proceso electoral.
Saludamos el ofrecimiento del Secretario General de la OEA, quien puso a disposición de
Venezuela el equipo de expertos electorales de la organización. La asistencia técnica es un
mecanismo válido y oportuno en el ámbito de las relaciones internacionales que no puede
desestimarse a priori bajo el debatible argumento de la injerencia extranjera, tomando en cuenta
que la Carta Democrática Interamericana considera “que uno de los propósitos de la OEA es
promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto del principio de no
intervención”.
Repudiamos las agresiones contra personas que participaban en las auditorías ciudadanas, cuya
realización solo es posible “una vez existan las condiciones mínimas de seguridad para la
realización del acto con absoluta normalidad” (Artículo 440 del Reglamento LOPE). La auditoría
ciudadana constituye parte integral del proceso electoral y su obstaculización solo contribuye a
sembrar dudas sobre la integridad de los resultados.
Expresamos nuestra preocupación por los ataques vandálicos sufridos por la Red de Observación
Electoral de la Asamblea de Educación contra su personal, equipos e instalaciones en las que
laboraban el 14 de abril, mientras realizaban una actividad de verificación, debidamente avalada
por el Consejo Nacional Electoral.
Por tanto:
1.‐ Hacemos un llamado a sociedad civil a canalizar sus aportes para la documentación y
formalización de denuncias y seguir el proceso de verificación de resultados de manera cívica.
2.‐ Solicitamos al Consejo Nacional Electoral acoger solicitudes que se formalicen y a darles curso
de conformidad con lo previsto en la normativa electoral, incluyendo la aceptación del
ofrecimiento de asistencia técnica de la Organización de Estados Americanos. Igualmente
solicitamos al CNE se inicien las averiguaciones respectivas ante las distintas irregularidades arriba
mencionadas, que empañan el proceso electoral y se apliquen a los responsables las sanciones
que dicta el marco legal venezolano.
3.‐ Exhortamos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en particular a los responsables del Plan República, a preservar el material electoral, de acuerdo a las responsabilidades que le imponen los artículos 167 y 169 de la Ley Orgánica sobre Procesos Electorales.
4.‐ Invitamos a los partidos políticos y autoridades nacionales a que se establezca el diálogo en un
marco de respeto mutuo, como único mecanismo democrático que permita una salida pacífica a
las actuales circunstancias que vive Venezuela.
5.‐ Recordamos que la protesta pacífica es un derecho humano consagrado en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. En
tal sentido, exhortamos al Estado venezolano a garantizar el libre ejercicio de este derecho y
proteger a todas las personas que lo ejerzan.
6.‐ Solicitamos al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo prevenir e investigar de manera
oportuna e independiente cualquier tipo de violación a los derechos humanos, y a los cuerpos de
seguridad del Estado abstenerse de lautilización abusiva y desproporcionada de la fuerza tal como
lo contempla la legislación nacional. Ello comprende la no intervención de cuerpos militares, el uso
de armas de fuego, el empleo de la violencia, y el uso de gases lacrimógenos o de sustancias
tóxicas prohibidas para el control del orden público en la Carta Magna.
Las organizaciones que conforman la coalición del Foro por la Vida, hacemos un llamado al Estado
venezolano al respeto de los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela para garantizar y contribuir a un clima de paz, dialogo, entendimiento y
reconocimiento entre los sectores del país.
Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi)
Acción Solidaria (Acsol)
Caritas de Venezuela. Comisión de Justicia y Paz
Caritas Los Teques. Justicia y Paz
Centra para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV
Centro de Derechos Humanos de la UCAB
Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer (CISFEM)
Comité de familiares víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC)
Espacio Público
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Vicaria de los Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
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