RICARDO COMBELLAS |
EL UNIVERSAL
Henrique Capriles ha planteado con coraje un asunto dilemático y fuertemente controversial, objeto de especial atención tanto por el Derecho como por la Ciencia Política contemporánea, el conflicto entre la idea de legalidad y la idea de legitimidad en la dura situación que vive hoy nuestra Venezuela. Que yo sepa Carl Schmitt, el genial y controvertido constitucionalista alemán, fue el primero que planteó esta cuestión con toda su crudeza (en su libro Legalidad y legitimidad publicado el año 1932), un profundo análisis de las contradicciones políticas que llevaron al derrumbe a la República de Weimar, cuya consecuencia lo fue la entronización de la dictadura nazi.
Max Weber, en su clásica tipología de las formas de dominación legítima, destacó como característica sobresaliente de la modernidad, guiada por la razón instrumental, que la forma de dominación predominante es la racional-legal, donde armonizan las ideas de legitimidad y legalidad, encontrando la conjunción de ambas ideas su logro más acabado en el Estado democrático de Derecho, postulado fundamental del constitucionalismo actual, por lo demás ampliamente recogido por la Constitución de 1999. La legitimidad nos da la respuesta sobre la fundamentación y justificación del poder, en nuestro caso la metodología democrática que reconoce como Presidente de la República al candidato que obtiene la mayoría de votos de los sufragantes en la liza electoral, mientras que la legalidad atiende a las formas jurídicas, la sujeción a las normas y formalidades a través de los cuales se ejercen las actividades de gobierno; en lo referente al Presidente, los actos vinculados al ejercicio de la jefatura del Estado y la jefatura del Gobierno, como bien lo estipula nuestra Ley Superior, "en cuya condición dirige la acción del Gobierno".
Las graves dudas que han empañado con un manto de oscuridad los comicios presidenciales del pasado 14 de abril, plantean un agudo problema de legitimidad del Presidente formalmente investido de autoridad, nada más y nada menos que el resquebrajamiento de su piso político, pues amplísimos sectores de la sociedad venezolana, entre los cuales me encuentro, se sienten defraudados, pues presienten con legítimo fundamento, que no se respetó la voluntad popular tal como se expresó en las urnas electorales, pidiendo en paz pero con contundencia representada en la corajuda voz de nuestro líder, que sólo gracias a una auditoría generosa y transparente de todos los actos y documentos vinculados a la elección, puede paliarse de alguna manera el inconmensurable daño realizado al pueblo soberano.
Lamentablemente, para el momento de escribir estas líneas, las respuestas oficialistas no auguran nada bueno. La vocería parcializada del CNE no parece comprender la magnitud de la crisis en ciernes, mientras que desde el gobierno y la administración, se ha iniciado una feroz cacería de brujas, un descomunalapartheid hacia los ciudadanos, principalmente los desasistidos empleados públicos, continuación de la tristemente célebre "lista Tascón", por el solo hecho de asumir su elemental derecho de apoyar la candidatura de Capriles, como en identificarse con la solicitud de transparencia electoral, todo lo cual nos retrotrae al recuerdo, de infame memoria, sobre las épocas más tenebrosas del "gorilismo" en nuestra historia patria.
Sensatez, diálogo, reconciliación entre los venezolanos, es responsabilidad de todos, pero siempre dentro del respeto a la verdad, que impida que se acreciente la mácula de ilegitimidad del Presidente en funciones, pues la legalidad sin legitimidad, una vía directa y sin semáforos al autoritarismo, es el peor camino que puede tomar el oficialismo, hoy minoritario. La represión, el estímulo al miedo, la arrogancia del poder, son los peores consejeros de un gobierno legal, pero para muchos no legítimo, cuya mejor ruta debería estar, para su definitivo bien, en la revisión profunda del acto de su elección, como en el abrirse a la paz y concordia entre sus conciudadanos.
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