VÍCTOR RODRIGUEZ CEDEÑO
Desde que Chávez llegó al poder en 1998, Venezuela ha sido objeto de preocupación por sus políticas internas abusivas y discriminatorias contrarias a los derechos humanos y por su acción internacional, generalmente de la mano con las mas férreas dictaduras: Cuba, Bielorrusia, Zimbabue, Corea del Norte, entre otros.
Hasta hace poco, el régimen de Chávez y ahora el de Maduro se habrían cuidado de no traspasar la línea divisoria entre democracia y dictadura. Jugaron en ese espacio y lograron adhesiones y apoyos, aunque la mayoría interesados. Pero en los últimos meses Maduro decide traspasar la línea y abandonar definitivamente el poco espacio democrático que quedaba, despreciando sin rubor las reglas mínimas de convivencia; pero, sobre todo, el respeto de los derechos de los ciudadanos.
La represión para enfrentar una “violencia” perversamente creada desde adentro es una realidad que alarma a la comunidad internacional. Personalidades políticas, parlamentos, gobiernos, organizaciones de derechos humanos y organizaciones internacionales le piden al régimen de Maduro que cese los atropellos, el acoso a la libertad de expresión y a los medios independientes, los actos de tortura y que libere los procesos políticos víctimas de un Poder Judicial sometido al Ejecutivo, ni autónomo ni independiente.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó hace unos días su justificada preocupación por “las reiteradas violaciones de los derechos humanos en el país” destacando las “violaciones al debido proceso y la situación de los jóvenes detenidos (…) además de tortura y falta de información acerca de las detenciones y falta de comunicación de las víctimas con sus abogados y familiares”. Se destaca en el Comunicado de Prensa de la OACDH la detención de más de 3.120 personas entre febrero y mayo de este año y el ataque a las universidades nacionales por fuerzas policiales y militares del Estado y grupos paramilitares creados por el mismo Estado.
La Oficina del Alto Comisionado le pide también al régimen de Maduro que respete el derecho a la protesta pacífica y el derecho de reunión y le pide sobretodo que permita la visita al país de los mecanismos de derechos humanos, a lo que se ha negado reiteradamente. A ello se suma la declaración del relator especial para la tortura quien destacó “el uso excesivo de la fuerza para reprimir manifestaciones en Venezuela, como ejemplo de tratos inhumanos”.
La respuesta oficial fue la esperada. Un comunicado de la Cancillería en el que se “rechaza la falta absoluta de objetividad e imparcialidad” de la Oficina del Alto Comisionado calificando sus declaraciones de “infames”, a la vez que la acusa de formar parte de “la campaña de descrédito contra el Estado democrático de Venezuela”.
Lejos de considerar y corregir las nefastas políticas en contra de los ciudadanos, el régimen crea una “fuerza antichoque”, un grupo paramilitar oficial para reprimir las manifestaciones pacíficas. Trata el régimen mediante esta intimidación y actos de violencia fabricados para desprestigiar y criminalizar la protesta, asignar la responsabilidad de los actos violentos a los manifestantes y proteger a los funcionarios del Estado, incluidos los paramilitares, responsables de las numerosas atrocidades cometidas.
Estamos ante un Estado representado por un régimen que desprecia los valores fundamentales, lo que justifica la preocupación de personalidades e instituciones extranjeras. La naturaleza del régimen venezolano es incompatible con la pretensión, lamentablemente endosada hasta ahora por la región, de ingresar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el órgano político más importante del sistema onusiano, encargado de velar por la paz y la seguridad internacionales. Venezuela, lo merecería como Estado. Antes, durante el periodo democrático, lo estuvo dos veces, contribuyendo positivamente con las políticas y los intereses comunes de la humanidad.
La situación es distinta hoy. Si Venezuela fue una vez un actor influyente a favor de la paz mundial, hoy lamentablemente no lo es. El régimen de Maduro, como lo fue antes el de Chávez, es irrespetuoso del orden jurídico internacional. Es simplemente, como se les cataloga hoy, un régimen forajido. Sus manifestaciones de desprecio por las normas de derechos humanos, su apoyo a regímenes políticos absolutamente cuestionados, sus declaraciones sobre el concepto y el alcance de la paz y su postura contraria a la evolución de la sociedad internacional y a los intereses comunes de la humanidad, además de sus conflictivas posturas, no le acreditan para actuar en un órgano como el Consejo de Seguridad.
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