ANDRES OPPENHEIMER
AOPPENHEIMER@ELNUEVOHERALD.COM
Cuanto más leo sobre la ola de corrupción gubernamental que azota a Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y otros países donde funcionarios de alto rango están siendo acusados de robar fortunas con casi total impunidad, tanto más me gusta una nueva propuesta que está circulando en círculos legales internacionales: la creación de una Corte Internacional Anticorrupción.
La idea de crear una Corte Internacional Anticorrupción, siguiendo los pasos de la ya existente Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, ha sido propuesta por el juez federal y ex funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos Mark L. Wolf. El funcionario explicó su propuesta en detalle en un artículo publicado esta semana en el sitio web del centro de investigaciones Brookings Institution de Washington D.C.
Wolf afirma que hay que crear una Corte Internacional Anticorrupción porque muchos gobiernos han creado una cultura de impunidad, en la que no existe la voluntad ni la capacidad de investigar, procesar o castigar la corrupción.
Así como la comunidad internacional creó en el 2002 la Corte Penal Internacional para procesar abusos masivos de los derechos humanos cometidos por funcionarios de alto rango de países que no quieren o pueden investigarlos por sí mismos, la comunidad internacional debería hacer lo mismo ahora para procesar la corrupción de alto nivel —que él denomina “gran corrupción”— que permanece impune, dice Wolf.
Wolf escribió su artículo pensando en países como Rusia y Nigeria, pero hubiera encontrado ejemplos igualmente buenos —o mejores— en Latinoamérica.
En varios países, gobernantes electos han socavado gradualmente el sistema de división de poderes del Estado, controlando sus sistemas de Justicia por medio de la designación de jueces y fiscales afines, y —en el caso de Ecuador y Venezuela— silenciando a los medios opositores. Como consecuencia, hay varios gobiernos que gozan de licencia para robar.
Examinemos algunos de los últimos titulares en Sudamérica. En Argentina, donde pese a los esfuerzos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para silenciar los medios independientes aún existen periódicos que denuncian la corrupción gubernamental, casi no pasa un día sin que hayan nuevas revelaciones sobre los negociados del vicepresidente Amado Boudou.
Boudou ha sido acusado de comprar a través de sus amigos una importante empresa mientras era ministro de Economía. Pero no se trataba de una empresa cualquiera: era la compañía que imprime la moneda del país.
Y no solo eso, sino que ha sido imputado en casi una docena de delitos, incluyendo el de usar su cargo para condonar deudas de la empresa emisora de billetes y, más recientemente, de fraguar los papeles de un auto Honda convertible, rojo, en un intento de evitar que lo reclamara su ex esposa durante el juicio de divorcio.
Sin embargo, hasta el momento, Boudou sigue sonriente en su cargo, y se desempeña como el Presidente del país cada vez que Fernández de Kirchner viaja al exterior.
La propia Fernández de Kirchner ha estado en el centro de varios escándalos financieros, incluyendo, en el 2007, el descubrimiento de una valija con $800,000 en efectivo traídos al país a bordo de un avión del gobierno venezolano por el venezolano-estadounidense Guido A. Antonini Wilson, quien reside en Key Biscayne, Miami.
Estados Unidos arrestó a cuatro emisarios que llegaron a Florida para tratar de sobornar a Antonini Wilson para que no declarara, y uno de ellos —según el fiscal estadounidense— declaró que el dinero era para la campaña de la entonces candidata Fernández de Kirchner.
En Brasil se han realizado docenas de investigaciones periodísticas —que desataron protestas nacionales— sobre enormes sobrefacturaciones en proyectos gubernamentales de infraestructura para la reciente Copa del Mundo. Entre ellos se contaba el estadio Garrincha, de Brasilia, cuyo presupuesto se triplicó hasta alcanzar $900 millones. Según auditores oficiales, los costos se dispararon por sobreprecios pagados por materiales de construcción.
En Venezuela y Ecuador ya no hay división de poderes, y han sido silenciados los medios opositores que denunciaban la corrupción gubernamental. No resulta sorprendente, entonces, que Transparencia International, la organización no gubernamental de lucha contra la corrupción, considere a Venezuela el campeón de la corrupción en el continente, y uno de los países más corruptos del mundo. (Ocupa el puesto 160 entre 175 naciones en su ranking mundial de Percepción de Corrupción).
Mi opinión: Me gusta la idea de Wolf de crear una Corte Internacional Anticorrupción, al estilo de la Corte Penal Internacional.
Es cierto que la Corte Penal Internacional ha hecho poco hasta ahora, en parte porque Estados Unidos y otros países no la reconocen. Pero Wolf alega que la corte anticorrupción tendría mucho más apoyo en Washington y Europa, porque las empresas estadounidenses y europeas ya deben cumplir con leyes antisobornos, y se beneficiarían mucho si sus competidoras rusas y chinas tuvieran que regirse por estándares semejantes.
Ojalá despegue el proyecto de esta Corte Internacional Anticorrupción. Ayudaría a luchar contra la cultura de la impunidad existente en muchos países.
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