martes, 2 de agosto de 2016

FINANCIAMIENTO POLÍTICO Y CORRUPCIÓN

CARLOS TABLANTE

La reciente decisión de la Universidad Complutense de Madrid de suspender del cargo a Juan Carlos Monedero confirma lo dicho en el libro El Gran Saqueo sobre el financiamiento ilegal, con dinero público de Venezuela, de una alianza con fines políticos entre el Psuv y el partido Podemos de España.
Monedero, profesor del centro de estudios y directivo de Podemos hasta 2015, cobró 425.000 euros en 2013 por labores de consultoría a Venezuela, que le pagaron a través del Banco del Alba, como ya ha sido denunciado.
El expediente que le abrió la universidad determina que el cofundador de Podemos cometió una falta “muy grave” al compatibilizar su labor de profesor universitario con la de asesoría sin contar con la autorización previa de la universidad.
Para Venezuela, el daño propinado por Monedero fue mucho peor.
Una de las principales características del populismo impuesto por el chavismo es la utilización de la chequera petrolera de manera abusiva e ilegal para un ejercicio del poder absolutamente irresponsable: promesas incumplidas, la imposición de la política “a los realazos”, como bien lo describe la historiadora Margarita López Maya. Se trata de “la utopía del millonario”, una especie de “Don Regalón” que convierte las finanzas públicas en su hacienda particular, disponiendo de la riqueza de todos los venezolanos a su antojo.
Tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro contrataron compras de bienes y servicios, así como asesorías de otros países, que se pagaban con recursos del Estado pero que en realidad servían para financiar partidos políticos aliados en el extranjero. Tal es el caso de Podemos.
Esta es la verdadera razón por la que los miembros de Podemos guardan un escandaloso silencio sobre la violación de derechos humanos en Venezuela y también la causa de los ataques recibidos en su momento por el libro Estado Delincuente directamente desde la cuenta de Twitter de Monedero, tratando de descalificar nuestras denuncias sobre la corrupción de régimen. El tiempo ha ido colocando las cosas en su sitio.
Hoy, es universalmente reconocido el gran saqueo que ha sufrido Venezuela en manos de la casta cívico militar que desgobierna. Y también en España han empezado a caer las caretas de los dirigentes de Podemos dejando en evidencia su verdadera naturaleza antidemocrática y fraudulenta.
Pero los dirigentes de Podemos no fueron los únicos que se beneficiaron del dinero de Venezuela, regalado a manos llenas por Chávez. El año pasado, la prensa española denunció la compra de aceite de oliva al doble de su valor real por parte del régimen en 2013 a la cooperativa del alcalde español Juan Manuel Sanchez Gordillo del partido Izquierda Unida – ahora aliado electoral de Podemos- quien visitó en varias oportunidades Venezuela en búsqueda de oxígeno para su gestión política, como el mismo confesó.
Según refiere el reportaje de investigación de la revista Interviú : “El contrato de abastecimiento de aceite está rubricado el 14 de enero de 2013 por el general Carlos Alberto Osorio Zambrano, uno de los hombres fuertes de Nicolás Maduro (….) El entonces ministro de Alimentación se compromete por escrito a comprar hasta 12.000 toneladas métricas de aceite a un precio de 6.504 euros por tonelada. En total, el encargo, que se estructuró en distintas fases, se rubrica por una cuantía máxima de 81 millones de euros. En ese momento y según las bases de datos de referencia para mayoristas, el precio del aceite de oliva era de 2.988 euros por tonelada. Menos de la mitad de lo que pagó Venezuela. Durante la vigencia del contrato –todo el ejercicio 2013– el aceite de mayor calidad llegó a estar a 2.000 euros por tonelada. Incluso con envío y un beneficio industrial del 15 por ciento (superior a la media del sector), el precio ni siquiera se acerca a lo abonado por el gobierno latinoamericano”, concluye el medio español.
Podemos, Izquierda Unida y por lo menos veinte organizaciones españolas más recibieron dinero y beneficios del régimen venezolano.
La principal causa que origina la corrupción está relacionada precisamente con el financiamiento de los partidos políticos. Actualmente, el artículo 67 de la Constitución de Venezuela prohíbe financiar con fondos públicos a los partidos políticos nacionales. No se entiende entonces cómo el régimen ha financiado a múltiples grupos políticos en el extranjero con fondos oficiales.
En todo caso, considero, tal como lo planteé en su momento en la Asamblea Constituyente, que para garantizar la transparencia en el origen de los fondos con los que se financian los partidos y las actividades políticas, lo mas sano es que tal financiamiento se haga con fondos púbicos para lo cual es necesario y urgente aprobar una legislación apropiada.
Como referimos en las propuestas de El Gran Saqueo, la Asamblea Nacional debe aprobar una Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y otras Asociaciones con Fines Políticos que en sus aspectos fundamentales contemple la igualdad de acceso y de oportunidades en la competencia política democrática, transparencia en el financiamiento político, control del origen y destino de las finanzas de las organizaciones políticas, control de las donaciones mediante políticas de conocimiento de las organizaciones y personas que actúan como donantes de dinero en efectivo, piezas propagandísticas u otros aspectos de carácter legal, entre otros aspectos.
Como dice el investigador y escritor Edgardo Buscaglia en el libro Lavado de Dinero y Corrupción Política, el cual recomendamos: “No existe ningún caso en la historia de la delincuencia organizada donde no haya estado presente el apoyo de políticos corruptos. La retribución de los delincuentes a esos políticos, se realiza a través del financiamiento de campañas políticas o directamente por sobornos”.

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