ELSA CARDOZO
EL NACIONAL
El no consenso ha sido hasta ahora la fórmula de los socios fundadores del Mercosur para frenar el traspaso de la presidencia de ese acuerdo al gobierno de Venezuela, que ya se apresuró a tomarla de facto.
Por mucho tiempo fue un lugar común, y como tal poco refinado, lo de que la política exterior debía ser, era deseable que fuera, reflejo de la política nacional de los países. Y la verdad es que no siempre es deseable y, cuando sí, pocas veces ha sido posible. No es deseable cuando se refiere a las iniciativas y compromisos internacionales de gobiernos no sujetos a procedimientos, controles y contrapesos democráticos, es decir, gobernantes que solo representan y defienden sus intereses, o su personalísimo modo de interpretar los de su país, que es encubrir lo mismo. Es esto lo que viene reflejando la política exterior venezolana y que tan bien se lee en su acercamiento y relación con el Mercosur.
Pero también es cierto que la armonización deseable entre lo interior y lo exterior no ha sido siempre posible en sistemas democráticos, en los que se supone que el gobierno representa a la sociedad y que su acción exterior debería contener la más sana correspondencia entre las necesidades nacionales y los principios elementales de la democracia. La larga ausencia de esa sana correspondencia en el Mercosur es el tema, el daño de fondo, que ahora emerge con lo del turno a la presidencia.
Cómo olvidar las presiones de Hugo Chávez para adherirse al Tratado de Asunción en plan refundador, sin la debida consulta a los sectores nacionales afectados y en plan de descalificación a los congresistas de Brasil y Paraguay que se oponían. A mediados de 2007 el canciller Celso Amorim le había respondido que para cambiar las reglas del club primero había que ser miembro. Pero ocurrió lo contrario. A fin de cuentas el ingreso de Venezuela en el 2012 se hizo forzando procedimientos, es decir, aprovechando la suspensión temporal de Paraguay para saltarse la oposición de su Congreso. Lo que vino luego es historia conocida: el previsible incumplimiento de los compromisos económicos y de los protocolos democráticos y de derechos humanos que son parte de la institucionalidad del Mercosur.
Desde el comienzo era visible el divorcio entre lo firmado por el gobierno de Chávez y su real disposición para cumplirlo. En el camino se fueron haciendo cada vez más notables las contradicciones entre, por una parte, los principios democráticos y de protección integral de los derechos humanos que con tanto énfasis sostenían gobiernos como los de Brasil y Uruguay puertas adentro y, por la otra, su actitud de tolerancia y hasta apoyo a la acelerada erosión de la institucionalidad en Venezuela.
Aun reconociendo el peso de los cambios políticos en los cuatro países fundadores del Mercosur y el impacto del derrumbe moral y económico del régimen venezolano sobre sus apoyos internacionales, es también cierto que ha sido precisamente la presión desde el interior de esos países la que ha hecho más complicado para los gobiernos mantener políticas exteriores inconsistentes con lo proclamado nacionalmente.
Tan ingrata a la democracia venezolana ha sido la trayectoria de la asociación al Mercosur, que el no consenso que pospone la decisión sobre la presidencia suena hasta alentador. Pero eso es insuficiente. Como ha declarado en estos días el Secretario de la OEA, Luis Almagro, tras recordar que ni uno solo de los puntos de su informe sobre la crisis venezolana ha sido desmentido, lo de mantenerse distantes de la crisis venezolana: “Sería lo peor que podría pasar cuando hablamos de crisis social y humanitaria, de presos políticos, de torturados, de desconocimiento de los poderes del Estado, del país más corrupto del continente y uno de los más violentos del mundo”.
Los venezolanos necesitamos más decidido apoyo internacional para algo que no es nada extravagante: el cumplimiento de la Constitución.
elsacardozo@gmail.com
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