sábado, 22 de febrero de 2014

CIDH rechaza el uso de la justicia para silenciar a opositores

EL UNIVERSAL
La detención del dirigente opositor Leopoldo López y las órdenes de captura contra dos colaboradores suyos en el partido Voluntad Popular está comenzando a causarle problemas de imagen al Gobierno del presidente Nicolás Maduro en el exterior. Ayer, tres organizaciones internacionales se refirieron a este asunto.
A propósito de este caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un comunicado, afirmó que le "resulta de enorme preocupación la alegada utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos y la protesta social pacífica, y perseguir penalmente a los críticos o disidentes políticos".
En similares términos se pronunció la organización no gubernamental Human Rights Watch, cuyo director para las Américas, José Miguel Vivanco, exigió a todos los gobiernos democráticos condenar la detención de López, pues recordó que hasta el momento las autoridades no han exhibido pruebas que demuestren que planificó los hechos violentos ocurridos tras la marcha opositora del pasado 12 de febrero.

"Todos aquellos líderes genuinamente interesados en la defensa de los principios democráticos en Venezuela deberían enviar un mensaje claro de que estas prácticas autoritarias son inadmisibles", comentó Vivanco.
Por su parte, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el proceso contra López y exigió de las autoridades "abstenerse de realizar acciones o declaraciones que interfieran en la independencia del Poder Judicial, para evitar la percepción de que el sistema de justicia actúa con motivación política".

Llamado al diálogo

Tras lamentar que se hayan producido nuevos hechos de violencia en el país, la Comisión reiteró su llamado al Estado para que promueva "un proceso de diálogo que permita la búsqueda de una solución en el contexto de una sociedad democrática y con pleno respeto a los Derechos Humanos". 
Por su parte desde Amnistía Internacional afirmaron que "para salir de esta crisis la única respuesta es el respeto irrestricto, repito: irrestricto, a los Derechos Humanos de todos y todas sin discriminación y al Estado de Derecho. En este camino todos tienen responsabilidades y un rol importante que jugar".
Por último, Human Rights Watch condenó la decisión del Gobierno de expulsar a los corresponsales de la cadena estadounidense de noticias CNN, así como los abusos que efectivos policiales y militares habrían cometido en los últimos días al tratar de reestablecer el libre tránsito.


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