Alberto Barrera Tyszka
“¡Ningún burguesito pendejo le va a venir a decir a la mayoría de la juventud venezolana cuál es el camino de la patria! ¡El camino de la patria lo dijo Hugo Chávez el 4 de febrero!”. Eso gritó el ministro Víctor Clark en Yaracuy, unos días antes del 12 de febrero. Con ánimo enardecido y con leves inflexiones del tono de voz. Como si hubiera estudiado oratoria en La Habana. En su discurso, denunciaba el terrorismo y acusaba de golpismo a los estudiantes que, por cierto, han ganado casi todas las elecciones en las universidades del país. Pero lo mejor fue su argumento: la historia ya está definida. Nosotros dimos un golpe de Estado primero. Jódanse.
El procedimiento perverso que convierte a las víctimas de una agresión en los culpables de esa agresión va, todavía, más allá de la criminalización de las protestas. Tiene que ver con un mecanismo anterior, con la promoción oficial de un concepto: para el poder, la oposición no es pueblo. Solo se puede ser pueblo desde la fidelidad ciega al gobierno. Lo demás es ilegítimo. Se trata de un delito en contra de la nacionalidad: ser de oposición es estar proscrito de la identidad. Por eso, cualquier protesta está condenada de antemano. Porque el sujeto de la protesta es alguien que ya no es patria.
Pero a esto, por supuesto, hay que sumarle el desatino de una convocatoria bajo un nombre que solo produce confusión y espejismos: “La salida”. Leopoldo López, con habilidad y aprovechando diferentes malestares sociales, le impuso su agenda al resto de la oposición. Construyó una efectiva puesta en escena y, ciertamente, realizó un llamado radical que pretendía paralizar al país. Nada de eso, sin embargo, es hasta ahora un golpe de Estado. Puede ser un desacierto político, pero no es un delito. Cuando Chávez salió de la cárcel, en 1994, se cansó de convocar movilizaciones exigiendo la renuncia inmediata del entonces presidente Caldera. Y ya no estaba en una intentona golpista. Estaba haciendo política.
El crimen está en otro lado. Pero de eso no quiere hablar el poder. Hace silencio la Defensoría del Pueblo. Denuncian conspiraciones sin presentar pruebas. El gobierno siempre presenta consignas en vez de evidencias. Es sorprendente cómo el oficialismo se ha entregado a invocar la promiscuidad del Internet. Y es cierto: hay imágenes falsas, hay imágenes de otro tiempo, de otros lugares… Pero no son todas las imágenes. Son más bien la minoría. Y eso no puede servir para escamotear el resto de la realidad. El poder se aferra a la mínima distorsión para descalificar las denuncias y los testimonios reales de las víctimas. Para ocultar lo que también ocurre y justificar su brutal agresión. Que Luisa Ortega Díaz desestime la violencia oficial diciendo que se trata de un grupo de venezolanos “que no quieren el país” no solo es aterrador sino criminal. Legitima la represión. Le da, incluso, un valor sentimental.
La tesis del golpe de Estado, esgrimida por el gobierno ante casi cualquier acción que proponga algún opositor, es muy útil: culpabilizan a los que marchan y de paso santifican su castigo. Pero eso deja muertos, heridos, escenas de terror inolvidables… consecuencias que no se pueden borrar. Las manchas de sangre no se lavan con retórica.
El origen de la violencia también está en un Estado sin control, opaco, que insiste en imponer su proyecto. Un Estado perseguidor, ansioso, empeñado en invadir y ocupar todos los espacios. Porque no reconocer al otro y acorralarlo es una forma de violencia. La creación de poderes paralelos es violencia. Burlar los resultados del referéndum de 2007 e implementar lo que fue rechazado por el pueblo es violencia. Violencia es el blackout mediático y la negación de papel para la prensa. Que la ministra de Defensa diga que es chavista es una forma de violencia… La lista podría ser interminable. No hay conspiración sino defensa de la vida. Mientras la asfixia sea un plan de gobierno, siempre habrá un pedazo del país luchando para poder respirar.
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