Simon Boccanegra
TalCual
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La
administración de justicia en nuestro país ha llegado a tal grado de
degradación que resulta difícil imaginar una situación aun peor. El
Tribunal Supremo de Justicia opera como una máquina de producir
sentencias convalidadoras de cualquier acto del Ejecutivo, por aberrante
que este pueda ser.
Ya es algo más que una institución al servicio del gobierno; ahora no
sería exagerado apuntar que forma parte del gobierno. No es más una
institución del Estado, sino del gobierno. Su rol es el de cohonestar
vía express todos y cada uno de los actos del gobierno y fallar
sistemáticamente en contra de cualquier posición proveniente de la
oposición.
Nunca habían estado tan indefensos los venezolanos como en la
actualidad. Ocurrir ante la más alta institución del sistema judicial,
cuando se trata de llevar allí reclamos o exigencias políticas no oficialistas
es una pura pérdida de tiempo. Jamás se producirá una sentencia que
favorezca estas posturas. Por el contrario, todo cuanto provenga del
mundo oficialista es atendido con extrema rapidez y siempre a favor
del gobierno. Su última hazaña fue la ratificación de la
desincorporación de la diputada María Corina Machado, mediante
argumentos cuestionables e interesados, convalidando la decisión
tomada por el capitán Cabello. Valdría la pena perder el tiempo
preguntándole a ese tribunal si mantendrá un silencio cómplice, frente a
un hecho ya de por sí irregular, el ascenso a capitán del teniente
retirado Diosdado Cabello, lo cual, adicionalmente, lo invalida ipso
facto para ejercer como diputado, en tanto que este es un cargo de elección
popular. Se sabe que la Constitución prohíbe tal cosa, y el TSJ debería
proceder a restituir la legalidad definiendo esta situación.
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