Pedro Palma
En un documento oficial del Ministerio de Planificación se pone de manifiesto el descalabro económico que se ha estado operando durante los últimos años en Venezuela como producto de una serie de decisiones y políticas públicas que se han venido aplicando. Llama particularmente la atención los datos sobre producción de varias empresas que fueron estatalizadas años atrás, y que hoy muestran unos resultados muy poco alentadores. Así, Sidor, la principal empresa siderúrgica del país que en 2008 pasó nuevamente a manos del Estado, ha mostrado una caída continua de su producción, al punto de que, después de haber producido 4,3 millones de toneladas de acero líquido en 2007 –último año en que fue manejada por manos privadas–, en estos momentos está produciendo 1,33 millones de toneladas en términos anuales, es decir 69% menos. Cabe entonces preguntarse qué sentido tuvo la decisión de estatalizar esa empresa, pagando una indemnización del orden de 1,9 millardos de dólares, para luego destruirla o hacerla mucho menos eficiente, hablándose ahora de la necesidad de inyectarle cientos de millones de dólares para recuperarla.
Igualmente, la producción nacional de cabillas, que está totalmente en manos del Estado, ha experimentado una contracción de 80,9% en tan solo un año, al pasar de 46.000 toneladas en marzo de 2013 a tan solo 8.786 toneladas en marzo de este año, lo cual explica la gran escasez de ese insumo fundamental. En términos anualizados también se nota un profundo descalabro en la producción de ese producto, ya que esta pasó de 657.000 toneladas a comienzos de 2010 a 384.000 toneladas a comienzos de este año, es decir, una contracción de 41,6%.
Caso parecido es el del cemento, que fundamentalmente lo producían tres empresas que abastecían cabalmente el mercado y que fueron estatalizadas a mediados de 2008. Desde entonces para acá se han notado atrasos en las inversiones de mantenimiento y equipamiento de las plantas, y limitaciones en los niveles de producción. De hecho, de acuerdo con la información del Ministerio de Planificación, entre febrero de 2013 e igual mes del presente año la producción de cemento ha caído 11%, lo cual está en línea con la escasez cada vez más aguda que se nota en el mercado local.
La estatalización y ulterior destrucción de Agroisleña, empresa clave para el suministro de insumos, tecnología y financiamiento a más de 18.000 productores agrícolas, combinada con la expropiación, y en muchos casos expoliación de fincas, se ha reflejado de forma muy directa en la producción de ese sector, la cual ha mostrado severas caídas en distintos rubros.
Situaciones similares se ha vivido en otros sectores productivos donde se han operado dramáticas contracciones de sus niveles de actividad. Tal es el caso del aluminio, cuya producción anualizada cayó de 547.000 toneladas métricas a comienzos de 2010 a 166.800 toneladas al inicio de 2014, lo cual equivale a una caída de 69,5%. De igual forma, la producción anualizada de hierro cayó 37,8% entre mediados de 2012 y comienzos del presente año.
Como si lo anterior fuera poco, múltiples actividades productivas del sector privado se han visto severamente limitadas por el incumplimiento reiterado y prolongado del gobierno en la entrega de divisas para la importación, lo cual ha generado enormes atrasos en la cancelación de deudas a proveedores externos. Esto ha interrumpido los envíos de insumos a Venezuela, causando la paralización de la producción de múltiples productos o su dramática reducción, generando severos problemas de desabastecimiento y escasez.
La absurda situación antes descrita ha llevado a muchos a preguntarse si la misma es producto de la incompetencia e ineptitud de quienes nos gobiernan, o si responde a un plan fríamente calculado. La destrucción del aparato productivo durante los últimos años de gobierno revolucionario tiene que tener alguna razón de ser.
Este artículo no se publicó en la versión impresa del diario por escasez de papel.
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