Grupo La Colina

Colombia, una paz discutida

GUSTAVO PALOMARES L.

El País

Probablemente nunca han existido menos diferencias entre dos candidatos en la historia electoral de Colombia que en esta segunda ronda de los comicios presidenciales. Se enfrentan los dos herederos políticos del expresidente Álvaro Uribe; sus discípulos más queridos designados en distintos momentos como continuadores de su misión, miembros de la élite política más influyente, una del centro bogotano -la de José Manuel Santos-, otra del poderoso eje cafetero -la de Óscar Iván Zuluaga-; ambos ministros suyos: el primero de Defensa, el segundo de Hacienda -del mismo gobierno para más INRI-, exponentes de esa forma tecnocrática modélica de gestión, con débil liderazgo previo y poca capacidad de seducción mediática. Incluso, los dos equipos son claramente intercambiables: el ministro de Defensa de Santos, Juan Carlos Pinzón, podría ser el aguerrido ministro que pueda necesitar Zuluaga. Y el vicepresidente escogido por el presidente para su reelección, Germán Vargas Lleras, podría poner sin desentonar el tono firme del discurso fuerte que exigen las filas de Uribe.

Los candidatos presidenciables representan dos versiones de la herencia uribista recibida: una, la más dulce y amable, que ha hecho del proceso de Paz el punto principal de su campaña, único a tenor de las innumerables veces que aparece el ya agotado término en su programa. La otra, una versión más auténtica en donde el propio Uribe hace de fiel "escudero" de un candidato escasamente conocido que con el "no a esta Paz a cualquier precio" -entreguista y de espaldas del país, dice- pretende llegar a la fibra más brava, sanguínea y visceral de los colombianos.

Aun con todo, ambas opciones son la expresión de esa mayoría electoral en Colombia que sigue siendo sociológicamente uribista. Más aún si a lo dos candidatos en liza le sumamos la tercera posición en votos que fue la candidata del Partido Conservador, Marta Lucía Ramírez, a la sazón también ministra con Uribe -de Defensa como Santos- que ya en la campaña, incluso con cierta añoranza, se decantó por apoyar a Zuluaga llegado el caso, y el caso ha llegado. En conclusión, todo queda en familia. Una familia que ha recibido el 70,46% del voto emitido.

Ahora bien, si el punto que diferenciaba a ambos candidatos eran sus diferentes visiones respecto al proceso de Paz y ahora el candidato Zuluaga, tal como había prometido, levanta su ultimátum de una semana a las FARC para, bajo la excusa de no cumplir las condiciones, poner en solfa la negociación y en estos días, en un cambio insospechado, pasa a aceptar el proceso. Y si por el contrario, Santos puede tener la tentación de endurecer su posición para convencer a los que no le votaron por la forma en la que se ha llevado el proceso de negociación, llegamos a la conclusión que este es un falso debate y existe un punto de encuentro entre ambos: Paz sí, pero no. Un proceso de "maquillaje” que, incluso si es capaz de prosperar entre tantas dificultades, no suponga en el fondo el cambio transformador necesario en ámbitos determinantes del Estado en su estructura territorial, en las políticas públicas y en la sociedad.Una simple pregunta a los electores sobre cuáles son los programas de ambos candidatos en temas como la situación del campo colombiano, la política de precios rurales, la aplicación de los TLC´s, la política educativa y el reto de la I+D+I, la aplicación de la ley de víctimas, por no hablar de la población desplazada por el conflicto, que supone más del 10% de la población total de ese país, para constatar que la discusión sobre el proceso de Paz se ha colocado en el centro de la campaña y ha fagocitado el debate sobre las propuestas de construcción de futuro en un momento históricamente determinante para el país. Una oportunidad, probablemente perdida, para medir la voluntad real de ambos candidatos en dar respuesta a demandas ciudadanas que están en la calle y no pueden esperar.

Colombia probablemente no ha iniciado la inevitable pedagogía de la Paz para avanzar hacia una superación colectiva del conflicto; en parte, por la insuficiente voluntad política y financiera del gobierno para llevarla a cabo en el territorio y, lo más grave, porque los colombianos sospechan que, gane quien gane y por mucho que cesen las armas, continuarán los mismos grados de injusticia, desigualdad, corrupción e impunidad que engendran la violencia en ese país.