ALBERTO BARRERA TYSZKA
El Nacional
Luis Chataing denuncia que le han robado un bolígrafo. Acusa directamente a un asistente que se defiende como puede, manoteando y gritando. Chataing, entonces, mira a cámara y con total seriedad promete demostrar su denuncia. ¿Cómo fabricar una prueba?, se pregunta. Y la respuesta es una secuencia genial y divertida que recrea el perfomance de Jorge Rodríguez, afectado y cínico, queriendo convencer al país de que existe otro intento de magnicidio. Tal vez, esa misma noche, viendo ese programa, la nueva oligarquía venezolana decidió que la risa es una forma de sabotaje y se propuso aniquilar a “Chataing en TV”.
La hipocresía del poder es infinita. Esa oligarquía que presiona o extorsiona a los medios de comunicación, buscando controlar los contenidos y suprimir cualquier disidencia, es la misma que inventa pomposos eventos internacionales, donde se muestra como víctima de la censura feroz, del más terrible complot comunicacional. Hace un poco más de una semana, en el Teatro Teresa Carreño, se realizó el congreso “Conjura Mediática contra Venezuela”. Participaron invitados extranjeros y diversos representantes de la nomenklatura nacional. Más que un debate, fue una fiesta del eco. De distintas maneras, se fueron repitiendo unos a otros, diciéndose siempre lo mismo, dándose la razón, queriéndose tanto, aplaudiéndose mucho.
Alguna de las cosas que se dijeron podrían servir para armar una larga y entretenida crónica. Pero quizás sea más importante denotar precisamente lo que no dijeron. Poco o nada se habló, por ejemplo, sobre lo que Marcelino Bisbal ha llamado el “nuevo régimen comunicativo público”, el inmenso poderío y alcance oficial en el espectro mediático, su proyecto hegemónico, que lejos de convertir al Estado en una víctima lo ha transformado en un holding impresionante, que amenaza con volverse un monopolio, el único productor y transmisor de contenidos del país.
Nada se dijo de los por lo menos 120 trabajadores de los medios que, durante las protesta de estos meses, fueron agredidos, 23 de ellos detenidos, 28 robados. Tampoco hubo ningún señalamiento sobre el brutal proceso de privatización que han sufrido los medios públicos. Nadie denunció todas las maniobras y los abusos de la oligarquía que, a través del PSUV, se ha apropiado de los canales que supuestamente son del pueblo, de todos los venezolanos. Nadie criticó que la revolución se haya convertido en una salvaje manera de privatizar la realidad.
Nadie tampoco se pronunció sobre la cantidad de periodistas que han renunciado a Globovisión o a Últimas Noticias. No los invitaron. No les dieron un derecho de palabra, la posibilidad de contar –de manera veraz y oportuna– su versión sobre la situación de los medios en el país. Cuando Eleazar Díaz Rangel dijo que la mejor arma que tiene el periodismo es la verdad, nadie se levantó a preguntarle quién es en verdad el nuevo dueño de la Cadena Capriles.
Estamos asistiendo a una operación comunicacional de proporciones descomunales. El gobierno está, en vivo y en directo, tratando de reescribir la historia de estos meses. Piensa que esa es la mejor manera de borrar la identidad represiva y militar que ahora tiene. Por eso este insólito afán planetario por el escándalo del magnicidio. Están desesperados porque los tomen en serio. Y eso no ocurre. Ni siquiera entre los suyos. Quieren ser trágicos y no les sale. Quieren ser cómicos y no lo logran. Maduro le ofrece a Chataing un espacio en la televisión de la Fuerza Armada. Ni trágico ni cómico: solo patético.
Las líneas más importantes del congreso las dijo, como era de esperarse, Jorge Rodríguez. “La seguridad de un Estado –sentenció– está por encima de cualquier triquiñuela mediática”. Ese es el único mensaje. Así se legitima la violencia represiva. La que pasó y la que pueda venir. Chataing es una triquiñuela. Una trampa. Una artimaña peligrosa. El Estado paranoico necesita cada vez más seguridad. El Estado paranoico tolera cada vez menos el humor. Un chiste puede ser una conspiración.
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