Marta de la Vega
Expertos en economía, salud, comunicación social, seguridad, ámbito judicial, sistema carcelario, educación, cultura, ética social y ciudadana, han expuesto en público valiosas propuestas para revertir la profunda y múltiple crisis estructural que sufre Venezuela. Su implantación y puesta en marcha harían eficaces y efectivas las consignas, hoy mera retórica, "Venezuela es de todos", "el petróleo es del pueblo" o "poder popular".
Nos ahorraríamos más sufrimientos de la población, pararíamos la durísima tragedia cotidiana por la crisis en salud y medicinas y el éxodo juvenil de los más calificados; superaríamos el descalabro actual y las actividades económicas, sociales, políticas y culturales orientarían el país hacia la eficiencia, un mejor desempeño, equidad, justicia y bienestar. Sin demagogia ni clientelismo, lograríamos inclusión y justicia social.
Pero el régimen no quiere oír: ni el Presidente ni sus Ministros ni funcionarios con capacidad de decidir. Quienes desde el oficialismo critican y proponen correctivos son descalificados o excluidos. Mucha disposición de construir por parte de los ciudadanos, mucha sordera por parte del Estado, que da la espalda a quienes está obligado a servir.
Cambiar el modelo rentista y su naturaleza importadora por una economía productiva se oye desde hace 30 años. Fijar el Estado reglas de juego claras en vez de estatismo asistencialista, imperativo y concentrador.
Asumir cada cual su responsabilidad en vez de poner la culpa en los otros.
En el área económica, se trata de que el sector público y privado "trabajen de la mano". Implica restaurar un clima de confianza para favorecer la producción interna de bienes primarios y manufacturados. Quitar la asfixia del sector privado por controles que provocan corrupción, chantaje y más burocracia. Reducir el sector público y reconstruir las instituciones. Pedir al Ejecutivo Nacional que revise los precios de los productos cada tres meses, de acuerdo con las estructuras de costos, para que haya un precio que sea rentable para las empresas y que permita invertir en mejoras a la producción.
Se abrirían las compuertas para un genuino diálogo social con el aporte, sin oportunismos ni discriminaciones, de quienes han estudiado en profundidad cada uno de los temas que nos afectan a todos y son, por tanto, de la res pública.
Mejoraría, con servicios e infraestructura funcionales y eficientes para una alta calidad de vida, la condición de la gente, hoy sumida en la incertidumbre y la zozobra por la inconsistencia o simple carencia de planes de gobierno. Con base en el consenso y la justicia, urge unidad nacional más allá de divisiones partidistas.
Ojalá triunfen la sensatez y el realismo a favor de la gente y del país. El bien común nunca es impuesto. La cohesión social no es clientelar. La felicidad no es un asunto del Estado pero su función esencial es propiciar el marco y recursos para que cada uno de los ciudadanos la busque según sus expectativas personales.
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