miércoles, 20 de abril de 2016

Crisis Política II

Eduardo Fernandez


También es importante para la recuperación económica y la construcción de una sociedad justa que promueva la dignidad de cada persona humana y del conjunto de las personas.

Fortalecer la arquitectura institucional de la democracia venezolana pasa por cumplir lo establecido en la actual constitución. Hay muchas cosas que mejorar en el texto constitucional. Esas reformas, por cierto, deben hacerse en un clima de consenso y de entendimiento nacional.

La Constitución de 1961 pudo durar tantos años, la de más larga duración en la accidentada historia constitucional venezolana, precisamente porque fue objeto de un gran consenso nacional. Ese texto fue suscrito por Rómulo Betancourt y Rafael Caldera y también por Gustavo Machado y Luis Miquelena que entonces representaban la izquierda más extrema, pasando por Arturo Uslar y Jóvito Villalba, voceros de un pensamiento liberal.

El cambio político que requerimos supone acercarnos a la plena vigencia del Estado de Derecho. A la independencia y autonomía de las diferentes ramas del poder público.

Al acatamiento del mandato contenido en el artículo 136 de la constitución que ordena a los diferentes órganos del poder público, que colaboren entre sí, en la realización de los fines del estado.

Hay que retomar el proceso de descentralización, de regionalización y de municipalización que se inició con tanta timidez a finales del siglo pasado y que fue detenido y revertido por el gobierno llamado revolucionario.

El fortalecimiento de estados y municipios supone la descentralización efectiva de competencias y recursos.

El cambio político supone desmontar la hipertrofia centralista de la presidencia imperial. No funciona una democracia moderna con una concentración patológica de poder en las manos del jefe del gobierno que es, al mismo tiempo, Jefe del Estado.

El cambio político supone contar con una institución armada profesional, apolítica y no deliberante.

Supone, además, el empoderamiento de las comunidades de base y de los ciudadanos a través de mecanismos efectivos de participación.

Supone además, formación moral y cívica, elevación de los niveles éticos en la administración pública y un ataque frontal contra la corrupción.

Supone, finalmente, contar con partidos políticos modernos que sean capaces de interpretar los anhelos, los sueños y las reivindicaciones de los ciudadanos y promover políticas públicas que tengan en cuenta el Bien Común.

Seguiremos conversando.

Eduardo Fernández
@efernandezve

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