miércoles, 13 de abril de 2016

Dirección política y actividad parlamentaria



Trino Márquez



La representación parlamentaria opositora de la Asamblea Nacional ha desarrollado una encomiable labor desde el pasado  5 de enero, cuando el Cuerpo se instaló. Ha discutido y aprobado un número significativo de leyes: Ley de Propiedad para los beneficiarios de la Misión Vivienda, Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, Ley del Banco Central, Ley de Cesta Tickets para Jubilados y Pensionados, Ley de Producción Nacional, Ley de Referendos,  Reforma de la Ley Orgánica del TSJ. Estos instrumentos forman parte del amplio programa legislativo ofrecido por los actuales diputados durante sus campañas electorales. Además, el Parlamento encaró la vasta corrupción perpetrada por el régimen a lo largo de 17 años. Los parlamentarios están colocando la lupa en el saqueo cometido en Pdvsa, la CVG, Cadivi, el sistema eléctrico y numerosas empresas estatizadas. Ejercen con eficacia las labores de legislación y control contempladas en la Constitución.

La bancada oficialista se ha limitado a torpedear las tareas de la alternativa democrática. Ha quedado descolocada y confundida, luego de haber dominado a su antojo el Palacio Federal durante tres lustros, la etapa más oscura del Parlamento desde la era gomecista, cuando los diputados del Congreso eran títeres del tirano de La Mulera. El Gobierno ha complementado la opacidad de sus diputados, descalificando y anulando todas las acciones del Poder Legislativo. El ariete ha sido la Sala Constitucional del TSJ, que forma, junto con el alto mando de la FAN, la columna sobre la que se apoya la dictadura legalista existente en Venezuela desde  cuando Hugo Chávez aún vivía

El desconocimiento de los acuerdos y la demolición de los instrumentos legales aprobados por la mayoría democrática de la AN, persistirán. Nicolás Maduro y sus socios desprecian la institucionalidad republicana. Están conscientes de que les resulta demasiado costoso respetar los preceptos constitucionales. Bloquearán todas las alternativas contempladas en la Carta Magna para resolver la crisis política, salvo que haya una presión nacional que les obligue a entrar en el redil.

En el campo estrictamente parlamentario y legal, la oposición tiene pocas posibilidades de derrotar a la autocracia madurista. La acción parlamentaria ha sido y será fundamental, pero debe formar parte de una estrategia global conducida por una dirección política que le dé sentido y coherencia a la actividad de los diputados. Para los parlamentarios, por sus compromisos y obligaciones inmanentes, les resultará imposible conectarse con todos los sectores descontentos por las nefastas políticas del gobierno: obreros, sindicatos, gremios profesionales, federaciones empresariales, transportistas, ligas campesinas, movimiento estudiantil, organizaciones de la sociedad civil que agrupan a quienes carecen de agua, medicinas, electricidad  o son acosados por el hampa y la inseguridad personal. Estos sectores, donde la insatisfacción es profunda y la desesperación puede convertirse en violencia desatada (como ocurre con los linchamientos), carecen de la guía que solo pueden darle un núcleo político que asuma la crítica al régimen de forma integral y aparezca como opción de triunfo frente a la arrogancia y la indolencia.

Conviene, entonces, diferenciar entre actividad parlamentaria y dirección política. La lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez carecía de diputados, pero contaba con la Junta Patriótica, que a pesar de ser clandestina pudo darle una conducción estratégica al reclamo popular por restablecer la democracia. Ahora ocurre que tenemos una amplia y sólida representación en el Parlamento, pero carecemos de ese órgano rector con capacidad de galvanizar el descontento, propiciar las luchas populares e imponerle al Gobierno medidas que no necesiten contar con el aval del TSJ, del Poder Electoral o del Poder Moral, y ni siquiera del alto mando. Nadie vio a Hugo Chávez en el 99 pedirle autorización a Cecilia Sosa, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, para exigir e imponer la Constituyente, a pesar de que la figura no estaba prevista en la Carta de 1961. La fuerza que representaba en aquel momento, luego de su triunfo en diciembre de 1998, le dio el poder suficiente para imponer su voluntad. Tenía en sus manos la dirección política del país.

El gran reto de la oposición en la actualidad reside en reconvertir la MUD en el cerebro de la lucha por recuperar la democracia y la Republica, y colocar la actividad parlamentaria al servicio de esa causa.

@trinomarquezc


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