miércoles, 24 de marzo de 2010


DECLARACIÓN

Grupo Ávila

Avanza la persecución política en Venezuela

La imputación contra el dirigente político Oswaldo Álvarez Paz, parlamentario de larga y reconocida trayectoria, ex candidato presidencial y ex gobernador del estado Zulia, por los delitos de “conspiración”, “instigación pública a delinquir”, “difusión de información falsa”, “traición a la patria” y “terrorismo mediático”, delitos que podrían acarrear sentencias de entre 13 y 27 años, es la más reciente expresión de la “judicialización” de la política en Venezuela y de la aplicación del terror para acallar a quienes piensen distinto al régimen. En verdad, de lo que se le acusa es de un “delito de opinión”, no contemplado en el Código Penal de Venezuela.

Álvarez Paz es uno de los dirigentes opositores que con mayor vigor ha denunciado nacional e internacionalmente los desafueros del régimen chavista. El origen de la imputación fueron unas declaraciones hechas en un programa de televisión en las que se refirió a la investigación de la Audiencia Nacional de España, sobre la supuesta cooperación del régimen de Chávez con las FARC y la organización terrorista ETA.

Casi simultáneamente, la Asamblea Nacional de Venezuela solicitó al Ministerio Público abrir una investigación penal en contra de un directivo del canal de televisión Globovisión, por unas declaraciones que ofreció esta semana en la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, al considerar que “realizó falsos y graves señalamientos en contra de Chávez, con la intención de criminalizar y dañar la imagen del gobierno”. Ya son más de 30 las personas detenidas o perseguidas por razones políticas, lo que confirma la vergonzosa judicialización de la política.

Contrariando el principio constitucional de la presunción de la inocencia, Álvarez Paz fue detenido por la policía política del régimen la noche del lunes, medida que ha sido ratificada por un juez dos días después, negándosele así su derecho a ser enjuiciado en libertad. Las recientes actuaciones del poder judicial constituyen una degradación de las libertades constitucionales y la confirmación del uso descarado de la Administración de Justicia para fines políticos, perversión ya característica en quienes hoy ejercen el poder.

Caracas, 24 de marzo de 2010

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