BEATRIZ DE MAJO
Hay que tener mucho valor para armar un nuevo proceso de paz, esta vez con la sanguinaria fuerza terrorista del ELN y de la mano del gobierno de Venezuela, cuando se cuenta solo con 13% de popularidad. Y, más que nada, cuando una parte sustantiva de la caída del arraigo del presidente Juan Manuel Santos está siendo motorizada por los fracasos y equivocaciones de la negociación de paz con las FARC que tiene lugar en La Habana.
¿Tiene sentido comenzar un nuevo proceso sobre la base del cuasi fracaso de las tratativas de las FARC, o lo que sería sensato es darle a este movimiento irregular un trato íntegramente diferente? Si la solidez y capacidad de acción de las fuerzas militares regulares colombianas es la que el gobierno asegura, lo que tendría sentido es el debilitamiento y la aniquilación militar de los elenos y no repetir la experiencia nefasta de negociación con la otra guerrilla. En el caso de las FARC se habla de un componente subversivo de 8.000 efectivos, mientras que en el caso del ELN sus integrantes se cuentan en cerca de 3.000.
Tiene razón Álvaro Uribe cuando asevera que es incierto el resultado de estas nuevas conversaciones si ellas tienen lugar en medio de las actuaciones criminales de los insurgentes de este grupo, las que nunca han sido detenidas. Ni siguiera el gobierno sabe con exactitud el número de secuestrados que en este momento mantiene el ELN tal como lo señala un excelente trabajo publicado ayer viernes por el principal periódico de Medellín, El Colombiano, y como ha sido reconocido por el jefe de la negociación Frank Pearl. El periódico paisa asevera que de acuerdo con los datos de la Fiscalía neogranadina los militantes de ese grupo ilegal son investigados por 4.894 secuestros, 930 reclutamientos ilícitos, 5.391 homicidios, 2.989 desplazamientos forzados y 87 casos de violencia basada en género. Otras fuentes han informado que más bien el número de plagiados se acerca a 7.000 ciudadanos.
¿Cómo puede, entonces, convertirse en un requisito del presidente de la República, la liberación de los secuestrados si el negociador oficial no cuenta con elementos para poder determinar con precisión cuántos de los retenidos están siendo considerados? Si la fortaleza de los subversivos es justamente la amenaza que representa para la sociedad sus continuas actuaciones criminales, ¿no es ingenuo pensar que su principal arma de guerra puede ser entregada a la contraparte antes de sentarse a conversar?
Lo cierto es que no son buenos los augurios para el proceso de paz que el gobierno del país vecino está anunciado con tanta fanfarria al cual le hace coro el gobierno de Venezuela. Que este nuevo proceso se inicie en el momento en que más se cuestiona la negociación que ya está en curso, apenas nos hace pensar que hay aquí una maniobra de distracción del gobierno del malestar que está generando el proceso con las FARC entre la población colombiana y de las imputaciones que se le hacen al mandatario de haber priorizado los temas de las negociaciones de paz por encima de cualquier otro, lo que ha deteriorado significativamente la calidad de vida en Colombia. Nos tendremos que hacer a la idea de un nuevo circo negociador, mientras el país colombiano continúa con sus dramas económicos y sociales a cuestas, y la popularidad del presidente recibiendo palo.
Sí. Hace falta tenacidad y algo más para involucrarse en un nuevo proceso de paz sin tener éxito que exhibir del anterior. Por otro lado, haberse buscado al gobierno de Venezuela de aliado en esta presidencial gesta heroica equivale a poner a “zamuro a cuidar carne”. Pero este tema es tan grueso y la torpeza tan mayúscula que le reservaremos el especio de nuestra entrega del sábado de la semana que viene.
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