domingo, 23 de octubre de 2016

Gustavo Linares Benzo: “Éste es un gobierno militar a todo nivel"

HUGO PRIETO

PRODAVINCI

Hay dos novedades que Gustavo Linares Benzo, abogado constitucionalista, encuentra en el gobierno, una resumida en el título de esta nota y la otra es la corrupción que, por primera vez, tiene impacto en el desenvolvimiento de Venezuela. El ejemplo más claro es lo que ocurrió con PDVSA donde se cogieron 11 mil millones de dólares, lo que equivale al 10% de la deuda pública externa. “Los militares no negocian, porque si se agotan los 15 tiros de la pistola, pegan con la cacha”.
¿Usted ha llevado la cuenta de las decisiones que el Tribunal Supremo de Justicia ha tomado en relación a los casos que la oposición política ha introducido en contra de las ejecutorias del  gobierno?
La cifra que recuerdo de las decisiones que ha tomado la Sala Constitucional es 19 (aunque pudieran ser más). Si establecemos una comparación con el pasado, sin que por ello nos remontemos a la época de Guzmán Blanco o de Gómez o de la democracia, diría que en los 200 años de historia republicana, sólo se había anulado una ley, en su totalidad, me refiero a la Ley de Vagos y Maleantes, en 1998. Las demás nulidades correspondían a uno, dos o tres artículos de una determinada ley o norma. Nunca se había derogado una ley completa, de punta a punta. Bueno, de enero del presente año a la fecha, van ocho leyes completamente anuladas. Es decir, en un año se han anulado más leyes que en 200 años. Pero hay un segundo tema. Desde el año 2004, año en que Chávez aumenta el número de magistrados del TSJ (vía Velásquez Alvaray), no se había anulado ninguna norma legal hasta enero de 2016. ¡Qué casualidad! Justo cuando se produce el aplastante triunfo del 6-D, se anula la ley del Banco Central que el propio Maduro promulgó en 2014, con comas y puntos. ¿Y para qué? Para quitarle a la Asamblea Nacional la potestad de nombrar a uno de los directores del instituto emisor. No hay ningún criterio jurídico. El TSJ cumple la función legislativa, bajo la vigilancia estrecha del Ejecutivo. Ahora aprueba, incluso, los estados de excepción. Y en eso tenemos un año cuando tenía que durar 60 días. Uno podría concluir que el derecho no tiene nada que decir en Venezuela. Pero tarde o temprano se hará una revisión de estas cosas.
El gobierno ha dejado el referendo en un tribunal penal, posteriormente, cabría suponer, habrá una consulta en una instancia superior ¿no? Mientras tanto, el referendo queda en el limbo.
Hablar de la Constitución es relativamente fácil. Es una norma muy general y cualquiera dice lo que le da la gana, cualquiera puede hablar como (Hermann) Escarrá, pues. Pero si desciendes al Código Civil, al Código de Comercio o a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, por ejemplo, es más difícil hablar paja. (Linares Benzo se levanta de su silla y saca de su biblioteca una copia del Código Orgánico Procesal Penal, luego cita textualmente “Art. 35. Si el juez o jueza penal considera que la cuestión invocada es seria, fundada y verosímil (se refiere a cuestiones civiles y administrativos) y además aparece tan íntimamente ligada al hecho punible que se haga racionalmente imposible su separación, entrará a conocer y decidir sobre la misma con el solo efecto de determinar si el imputado o imputada ha incurrido en delito o falta”). Lo que se ha dicho es que Gustavo Linares o Pedro Pérez o Juan González, cualquiera que sea, cometió un delito electoral, por lo que el juez considera que las firmas son fraudulentas, pero su actuación es sólo para determinar la responsabilidad de Linares, de Pérez o de González. Un juez penal no puede anular  la decisión administrativa que tomó el CNE. Pero cinco jueces de esa jurisdicción suspendieron el referendo, cosa que sólo puede hacer la Sala Constitucional o la Sala Electoral del TSJ. La medida la tomó un juez de control, ni siquiera es un juez de juicio. Un auténtico desaguisado.
Esta es una decisión que todo el país estaba esperando. Se caía de madura. A comienzos de octubre circuló la versión de que la Sala Constitucional iba a suspender la recolección de las firmas.
Esto es un libreto, ya lo había dicho Jorge Rodríguez. La sorpresa fue haberlo hecho de esta manera, que a mí me parece muy chambona, se le ve demasiado la costura, porque la decisión la toman tribunales de cinco estados, a la misma hora, y es anunciada, no por los jueces, sino por los gobernadores. Sería interesante entrar en el documento de Word del tribunal e ir a propiedades, es capaz de que salga en la computadora… Ameliach, Tarek. Esto se hizo en el mismo computador. Falta saber por cuál correo electrónico llegó a los tribunales. Claro, todo esto son especulaciones.
Es obvio que todo esto está orquestado. Pero el punto es el siguiente: ¿qué pintan aquí los jueces?
Mucho de lo que está pasando es responsabilidad del ex presidente Chávez, y lo digo por el caso Afiuni. ¿Qué es lo grave del caso Afiuni? Sin entrar a analizar la materia de fondo, si un juez comete una falta lo peor que le puede pasar es que lo destituyan. Pero a esta señora la han vejado. ¿Durante cuantos años ya? Y el presidente Chávez dijo en cadena nacional que había que aplicarle la pena máxima. En ese espejo se ven todos los jueces. Esto es obra del gigante eterno. Ahora, Héctor Navarro tiene el tupé de decir que Chávez no hubiera hecho esto. Esto es exactamente el libreto de Hugo Chávez Frías, que actuaba así, porque tenía chequera y ganaba elecciones. ¿Qué ocurre? Que los jueces penales están sometidos al miedo. Juzgarlos moralmente es difícil.
Lo que cabe preguntar es cómo un individuo que sabe que está sometido al legado de Chávez en materia penal y tiene ante sí una sentencia como esta, que presumiblemente no redactó, no cierra la puerta de su despacho y se va a su casa.
¿Quién te dice que no lo han hecho? Muchos lo han hecho. Pero buscar un juez ahora, es buscar a un héroe. Y los héroes son escasos, en Venezuela, y en el mundo. Entonces, se ven en el espejo de Afiuni. Pero no te imaginas cuantos renuncian y se van. Hay que tomar en cuenta que un juez no se puede inhibir, porque lo sancionan. Yo lo vi en el Sebín, porque tenía un cliente detenido allí y cuando iba a entrevistarme con él, a dos o tres mesas, estaba el juez de primera instancia que condenó a (Walid) Makled solamente a 14 años, lo cual hacia factible un beneficio procesal. Sin entrar a considerar el fondo de la materia, ese señor dictó la sentencia al mediodía y a las 2 de la tarde estaba preso, porque no condenó a Makled a la pena máxima, de tal manera que no tuviera derecho a ningún beneficio. Allí estaba ese juez, sentado, preso. En ese espejo se ven estos jueces. Norkys Bolívar, creo que se llama la jueza de control del estado Bolívar. No sé quién es Norkys Bolívar, ni cómo llegó allí. Es abogada. Supongo que está casada, que tiene hijos. Pero por alguna vía le llega el mensaje. Aquí tiene.
Aquí tiene la sentencia para que la firme.F
irme eso. No, yo voy a renunciar. No, no renuncie. Aparte habría que señalar que en Venezuela no se realizan concursos públicos de oposición para designar jueces desde hace 15 años. Los concursos de la Judicatura son entre los mismos jueces nombrados a dedo contra ellos mismos. Son evaluaciones. Si yo, por ejemplo, quiero concursar para ser juez administrativo, no me admiten, ¿por qué? Porque debí haber sido nombrado a dedo antes. Los jueces que hay están completamente plegados al régimen. Es también un problema de estadística, si un juez laboral sentencia siempre a favor del patrono. Ese no es un juez, es un patrono. Un tribunal administrativo que sentencia sistemáticamente, es decir, siempre, a favor del Gobierno, eso es un ministerio. Es más probable ganar recursos administrativos en contra del Gobierno, hablando con los abogados en los ministerios, convenciéndolos de la propia posición, que en los tribunales. La Sala Político Administrativa del TSJ conoce la mitad de los casos que tenía hace un año. Es una instancia que se va a extinguir como los dinosaurios. Ya nadie irá a demandar justicia en esa sala, ¿por qué? Porque no sirve para nada.
¿Hay o no hay Estado de Derecho en Venezuela?
No lo hay. Puede que sobreviva en algunas instancias, en el sector laboral, por ejemplo, siempre y cuando no involucre al Gobierno. El Gobierno siempre gana en los tribunales laborales, pero en el sector privado sí funciona. Pero cuando una causa tiene que ver con el Gobierno no hay ningún juez que te dé la razón. Es algo estadístico. Desde hace varios años, y con toda seguridad en este año 2016, la Sala Político Administrativa no ha anulado ningún acto del Gobierno. Y no me refiero a casos de alto impacto político, es que no ha condenado a pagar unas prestaciones, no ha anulado una multa de tránsito, una multa del Sundde. Sería mejor cerrarla. O mejor dicho, se están cerrando solos.
La oposición eligió el camino pacífico, constitucional y electoral, pero si no puedes invocar ni siquiera un acto de justicia en un tribunal en contra del Gobierno, es difícil esa ruta, ¿no?
Es el camino que había que seguir, llevarlo hasta el final. Yo creo que si  éste (la decisión que anula la recolección del 1% de las firmas para el Referendo Revocatorio) no es el final…se le parece mucho. Y todos estábamos conscientes de que esto era perfectamente posible que ocurriera. Varios amigos del Gobierno me lo han dicho “no profesor, qué revocatorio ni qué revocatorio, nosotros no podemos permitirle a la oposición que reúna el 20% de las firmas, porque eso sería el revocatorio”. Era una muerte anunciada. Pero ese camino había que seguirlo. ¿Chávez respetaba las elecciones? Sí, pero queda claro que era porque las ganaba.  Esto (la decisión de los tribunales penales) lo hubiera hecho Chávez igual, incluso con más represión. Yo siento que este camino había que seguirlo y ha dado sus frutos, porque se ha ganado el apoyo de una inmensa mayoría.
¿Había que seguir ese camino para quitarle la careta al Gobierno? ¿Para desnudar al poder?Yo creo que el chavismo es como la danza de los siete velos y que al final lo que hay es una cosa horrible, espeluznante. Lo que pasa es que Chávez ya había soltado varios velos, pero está claro que el único camino que le quedaba a la oposición era la fuerza del pueblo contra la fuerza de las armas, porque este es un gobierno militar, que si bien no siempre lo ha sido, ahora impide que el pueblo haga uso de los recursos legales. Yo creo que no había ninguna esperanza en los tribunales.
Si “este no es el final, pero se le parece mucho” Esa frase da pie para pensar que todavía quedan resquicios, aunque sea sólo un milímetro, para insistir en la vía pacífica, constitucional y electoral. ¿Cuál sería la estrategia para llegar al final sin que eso se convierta en un espejismo?
Formalmente hablando, aunque las formas ya se perdieron, basta oír el lenguaje del presidente —tomemos en cuenta lo que decía el jurista italiano (Piero) Calamandrei, el irrespeto a las formas es un síntoma de injustica—, estas medidas cautelares tienen un recurso de oposición que decide el juez de juicio, en cada uno de los estados. Es algo que si no ha hecho la oposición, lo hará a la brevedad.  Eso puede llegar a la Sala de Casación Penal del TSJ, es un camino que habrá que seguir, pero creo que es objetivo que no hay ninguna esperanza.
La decisión que le sirvió al CNE para suspender la recolección del 20% se tomó entre gallos y medianoche, entre otras cosas, porque era competencia de la Sala Electoral o la Sala Constitucional del TSJ, pero se tomó de esa manera para imponerle a la oposición un calvario. Allí muere el revocatorio y Nicolás Maduro alcanzará su objetivo que no es otro que mantenerse  en el poder hasta el fin de su mandato.
Así como se tomó esta medida, de forma instantánea, así mismo el recurso de oposición debería decidirse en cuestión de días. Si fuera el tema, la semana que viene estarían levantadas. Ese es el camino penal. Pero también está el camino que ya el propio gobierno tomó en la Sala Electoral y en la Sala Constitucional. Alguna de esas instancias tendría que leer el artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal y diría, un juez penal es incompetente y es imposible que suspenda un proceso electoral. Pero sí puede porque la revolución está por encima de todo. Pero que lo digan, ¿no? Como la Sala Constitucional no ha hablado, y es dócil instrumento en manos del gobierno, podría ocurrir que la Sala Constitucional pida los expedientes penales en todo el país y se aboque y decida que procede la recolección del 20% y fije una fecha. ¿Con qué objetivo? Para que no haya posibilidad matemática de que se haga el revocatorio antes del 10 de enero y este proceso electoral pierda toda eficacia política.
La medida se toma para darle cobertura legal al CNE, en el sentido de que es un organismo “imparcial” que acata las decisiones de los tribunales venezolanos. Sigan confiando en el CNE que van a llegar lejos.
Es el mismo objetivo al que se llega por vías distintas, porque la Constitución, en ese sentido, está mal construida, pero es la que tenemos. Lo que voy a decir es un razonamiento estrictamente político. Hay revocatorio para todos los funcionarios electos, pero el único caso en que no hay elecciones después de cumplir la mitad del período es el del presidente de la República. Sí a un gobernador lo revocan a un mes de que se cumpla su periodo, hay elecciones. Pero para el presidente, si pasa más de la mitad de su período, no hay elecciones. Entonces, él nombra a su sucesor. Es decir, el revocatorio no sirve para nada. Pero eso está en la Constitución en esos términos. El revocatorio, después del 10 de enero, no tiene sentido, porque si Maduro nombra a Diosdado va a ser peor. El año que viene no hay revocatorio.
Se acabó el Estado de Derecho. Murió el revocatorio. Se acabaron los mecanismos constitucionales que permitían destrabar el juego político. Entramos en el verdadero proceso de enfrentar a un gobierno de un autoritarismo total, con visos dictatoriales, por decir lo menos. Allí empezaría una lucha por la defensa de la Constitución, por la defensa de los derechos políticos de los venezolanos. ¿Sería en el camino pacífico y constitucional, aunque no tenga agenda electoral? Tendrían que aplicarse estrategias distintas para enfrentarse al gobierno. ¿Podríamos desembocar en una negociación?
Este es un gobierno militar. Me refiero a un tipo de gobierno militar que nunca había habido en Venezuela. No estoy hablando del gobierno de Pérez Jiménez o de Juan Vicente Gómez. En el gobierno de Nicolás Maduro toda la administración pública está en manos de militares activos y para muestra un botón: los ministros de alimentación han sido todos generales del Ejército. Yo me pregunto. ¿Qué tiene Venezuela en comparación con nuestros hermanos revolucionarios? Vamos a compararnos con el hermano Evo, con el líder Correa, con el glorioso líder sandinista Ortega. Veamos, la inflación en Bolivia, anualizada, no llega al 5%, aquí no sabemos si es diaria, el crecimiento del PIB en Bolivia es superior al 5%. Y en Nicaragua, donde la inflación también está bajo control, el crecimiento económico es de 7%. Esos son nuestros camaradas. ¿Cuál es la diferencia que hay con Bolivia, Ecuador y Nicaragua? Que aquí mandan los militares. Este es un gobierno militar a todo nivel. Hay magistrados militares. Aponte Aponte era militar y pasó lo que pasó, ¿no?
La famosa alianza cívico militar.
Eso siempre es al revés. Siempre es militar cívico. Si yo pongo una AK 47 sobre esta mesa, ¿tú crees que vas a tener la razón? Pero hay otra característica inédita en este gobierno. Es el tema de la corrupción, que ya tiene impacto en el desenvolvimiento económico, en el registro del PIB. Aquí nunca ha habido Niño Jesús. No venimos de Suiza. Si te lees el libro ‘Los 12 apóstoles’ de Pedro Duno, te encuentras que el guiso de fulanito de tal es que tenía que construir cinco tanques en la petroquímica del Tablazo y sólo hizo cuatro. Se cogió uno. Tal constructor tenía que construir la autopista entre Zaraza y El Baúl, de 100 kms y sólo hizo 90. Se cogió 10. Pero el chavismo se coge los reales y no hace ni un kms, no hace ningún tanque. Se coge todo. Es una corrupción que ha tenido impacto macroeconómico. De PDVSA se cogieron 11.000 millones de dólares. Eso representa el 10% de la deuda externa. El gobierno tiene un sector mafioso que tiene que protegerse. No hay regreso. No es que ganan los adecos, gana los masistas. No. Es que no me puedo ir. Necesito protegerme de las acciones penales.
Se abre un proceso de confrontación política con el gobierno. Y en algún momento tendrá que haber negociación, tal como ocurrió en Chile y en Brasil, donde hubo violaciones masivas de Derechos Humanos, donde había gobiernos militares. Acaba de caracterizar al gobierno de Nicolás Maduro como un gobierno militar. ¿Por qué aquí tendría que ser distinto?
El estilo militar del chavismo nos ha conducido a esto, sino que me den otra explicación. Los militares siempre han despreciado a los civiles, está en sus genes. Eso podría ser una salida. Pero es que los militares no negocian, los que negocian son los políticos y nuestros militares políticos no son políticos, son militares. Y esa es la gran división del chavismo. No es entre maduristas y los seguidores de Diosdado Cabello. Es entre militares y civiles. Los militares no negocian, porque si se agotan los 15 tiros pego con la cacha. Aquí ha habido varios intentos de negociación, pero el que negocia en el chavismo es inmediatamente desplazado.

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