martes, 18 de octubre de 2016

LAS MINAS DE LA CORRUPCIÓN
CARLOS TABLANTE
La codicia insaciable de este Estado delincuente no tiene límites. Primero fue la renta petrolera producto de los precios mas altos que hayamos conocido.  Más de 300.000 millones de dólares fueron a parar a los bolsillos de la casta cívico-militar que desgobierna a la nación.  Ahora Maduro y su entorno corrupto le han puesto el ojo a las reservas de oro, diamantes y coltán a través del proyecto Arco Minero del Orinoco. A espaldas del país, de manera opaca e ilegal – como ya es usual en este régimen – se está comprometiendo gran parte de la riqueza que aún le queda a Venezuela.
La creación del proyecto Arco Minero por decreto presidencial en febrero pasado fue rechazada por la Asamblea Nacional, que según los artículos 150 y 187 de la Constitución Nacional, debía aprobarla.  Por lo tanto, los acuerdos por más de 10.000 millones de dólares firmados hasta ahora por Maduro con empresas de Canadá, Italia, China y Congo en agosto, son ilegales. Resulta insólito que entre ellas se encuentren por lo menos dos compañías extranjeras a las que el gobierno revocó concesiones en el pasado por prácticas contra el medio ambiente como Gold Reserve (oro- 2009) y Guaniamo Mining Co. Ltd. (diamantes -2003) y la controversial empresa suiza Glencore, de oscuro historial en Guayana en la explotación del níquel.
Tanto estas empresas transnacionales como las venezolanas que participan en el proyecto, fueron seleccionadas a dedo, sin concurso público, lo que constituye otra grave irregularidad.  En el caso de las compañías nacionales que firmaron en el acto con Maduro, Merentes y el ministro de Desarrollo Minero y Ecológico Roberto Mirabal, ninguna tiene la experiencia, ni el capital ni los recursos humanos para emprender la explotación de los yacimientos en cuestión, en especial los de coltán, el metal estratégico más valioso del momento. Empresas de maletín mineras?
La Asamblea Nacional no es única que objeta el Arco Minero.  Desde ecologistas y agrupaciones indígenas, trabajadores y defensores de derechos humanos hasta ex ministros del propio régimen, sostienen que el proyecto traerá más destrucción ambiental, enfermedades, violencia y delitos.
Los ecologistas denuncian que la deforestación masiva necesaria para las excavaciones ocasionará un proceso de desertificación del sur del país. El Arco Minero atraviesa  las selvas de Imataca, La Paragua y El Caura, que en conjunto abarcan más de ocho millones de hectáreas, además de las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, vitales para la producción hidroeléctrica del país, que se vería aún más perjudicada de lo que ya está debido a la corrupción.
Los trabajadores que entren a laborar en las diferentes empresas del Arco Minero, así como los que ya se dedican a la minería artesanal, lo tendrán difícil para reclamar sus derechos, al igual que los indígenas y vecinos de las zonas explotadas. El decreto No. 2248 de creación del Arco Minero, en el Artículo 25  indica  que “ningún interés particular, gremial, sindical, de asociaciones o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto”. De modo que quienes “ejecuten o promuevan actuaciones materiales o tendentes a la obstaculización de las operaciones totales o parciales de las actividades producidas de la Zona de Desarrollo Estratégica creada en este decreto serán sancionados conforme al ordenamiento jurídico aplicable.” Esto equivale a suspender las garantías constitucionales en un 12% del territorio nacional, como denuncia PROVEA.
Más grave aún son las denuncias del diputado Américo de Grazia sobre la matanza de mineros en Tumeremo (Estado Bolívar) a la que califica como de una operación de “limpieza” de minería ilegal que estaría ejecutando el  régimen en la zona ofrecida a las trasnacionales. La verdadera causa de los asesinatos de 17 mineros en Tumeremo en marzo y de tres personas mas la semana pasada, no ha sido suficientemente aclarada por las autoridades quienes por el contrario, incrementan los operativos militares (OLP) en la zona.
Nada de esto importa a un presidente que viola la Constitución todos los días, que desconoce la voluntad del pueblo que pide a gritos el Referendo Revocatorio, que acaba de dar un golpe a la Asamblea Nacional y que está dispuesto a mantenerse en el poder a costa de lo que sea.
Es así como Maduro ha creado la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) que se encargará de administrar el Arco Minero del Orinoco. Una vez más, apela a la chequera para asegurar su permanencia en Miraflores, ofreciendo más prebendas a la casta militar que precariamente lo sostiene. La forma opaca, a espaldas de las instituciones y de la opinión pública, en cómo se inició el proyecto y el dudoso perfil de algunas de las primeras empresas involucradas, confirman las sospechas de corrupción.
El Arco Minero representa un importante dilema para las Fuerzas Armadas: Seguir siendo cómplice de la dictadura de la corrupción o ser garante de la plena vigencia de la Constitución.

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