lunes, 24 de octubre de 2016

¿Y AHORA QUÉ?

Marta de la Vega

Una medida política pretende, con disfraz jurídico bastante tosco, suspender un derecho constitucional y ciudadano, violar una vez más la Constitución vigente e imponer una orden emanada del ejecutivo nacional sobre el poder electoral por vía judicial, lo cual evidencia, con la no separación ni autonomía de los poderes públicos y el irrespeto a los derechos ciudadanos y políticos, la ausencia de Estado de Derecho y de democracia.
En la noche del 20 de octubre de 2016, simultáneamente 5 tribunales penales de 5 Estados del país dirigidos por gobernadores oficialistas del PSUV, 4 de ellos militares, tomaron, sin esconder que se trata de una acción orquestada desde el poder dominante, una medida precautelativa, un pronunciamiento contra la ley y el derecho, aderezado además con un exabrupto jurídico, al imponer prohibición de salida del país a varios dirigentes y activistas de la Mesa de la Unidad Democrática, sin que se les haya imputado ningún delito.
La decisión, sin competencia alguna en el plano electoral, implica usurpación de funciones por parte de los tribunales penales a los que no les corresponde actuar frente a un proceso nacional electoral. No solo es una decisión ilegal y arbitraria, disparate jurídico sobre cosa juzgada, sino
que la validez del 1% de las firmas, obligadas reglamentariamente por el cne para impulsar la iniciativa de la Mesa de la Unidad Democrática de revocar al presidente de la República fue confirmada oficialmente de su legalidad.
Pero a la vez, tal decisión contradice los hechos, pues las firmas presuntamente fraudulentas habían sido previamente desechadas por el cne. Es decir, no hay delito alguno imputable de fraude.
Sin embargo, diligentemente y sin pudor alguno, antes de ninguna notificación formal de la decisión al directorio del consejo nacional electoral, este decidió de inmediato, con el anuncio público de la presidenta del poder electoral, suspender la recolección prevista del 20% de las firmas para convocar el referendo revocatorio presidencial que tendría lugar los días 26, 27 y 28
de octubre.
¿Por qué tanta agilidad y eficiencia? ¿Se cumple acaso la pretensión de Nicolás Maduro de impedir cualquier tipo de elección? ¿Por qué, sin justificación que no sea política pues los vientos no soplan a favor del gobierno, suspenden también y violan con ello el precepto constitucional de organizar elecciones regionales para diciembre de 2016? ¿Qué hacer ante esto?
¿Es posible negociar sin claudicar? Hay 2 líneas políticas claras, la de los dirigentes y la de los ciudadanos. De los líderes y partidos, organizar y conducir acciones de protesta, movilizaciones multitudinarias e incluso realizar en los días pautados la recolección de firmas para llevarlas a instancias internacionales. Y una ciudadanía proactiva, con pronunciamientos de gremios, grupos
de presión y ONGs y la disposición de romper la inercia cotidiana.
Quedan excluidas dos vertientes que el régimen busca inducir: la violencia y la sumisión, como destacó el secretario ejecutivo de la MUD. La violencia, como reacción extrema de los más irracionales, de los más desesperados, de los más vulnerables, indigentes e indefensos de los ciudadanos, para desencadenar una caótica situación que permita declarar estado de conmoción interna; o la sumisión, para que la población acepte con fatalismo y resignación, con derrotismo y desesperanza, la imposición de los dictados abusivos y criminales de la camarilla que desgobierna el país.
No olvidemos que a la estabilidad de las normas válidas corresponde la solidez de los fundamentos de una sociedad. La disolución y destrucción de ellas conllevan la debilidad, la decadencia, o peor, una anarquía generalizada, pasto fértil para demagogos y tiranos.
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