Ahora que los venezolanos nos dirigimos a otro proceso comicial, esta vez a las elecciones de gobernadores, resulta oportuno referirse a un tema capital: la descentralización político-administrativa, principio constitucional absurdamente violado por el gobierno nacional.
En el mundo contemporáneo, es una fórmula de gobierno que está fuera de discusión, al menos en los estados modernos. Sus incontables ventajas son evidentes, de allí que sea incomprensible que algunos gobernantes, muy pocos, por cierto, hagan lo contrario, es decir, reúnan en ellos todas las competencias, atribuciones y fuentes de financiamiento, causando con ello enormes estropicios en términos de eficiencia administrativa.
Los Estados que persiguen el éxito de sus sociedades y la eficacia en sus ejecutorias, necesariamente deben descongestionar funciones en unidades políticas-territoriales de menor tamaño, más cercanas a los ciudadanos, que hagan manejables los asuntos de su incumbencia.
La experiencia mundial lo ha indicado así. La desconcentración y la descentralización son las mejores vías para un aparato estatal que busque cumplir adecuadamente con el rol social que le corresponde, como proveedor de servicios de salud, educación y seguridad, principalmente. Desde los aberrantes sistemas políticos colectivistas que conocimos el siglo anterior, pasando por los estados intervencionistas, hasta los casos en que no existe prácticamente institución alguna, no ha habido sistema superior al de la administración gubernamental descentralizada.
El Banco Mundial, en un importante estudio que hizo a mediados de los años noventa del siglo pasado, concluía que la reforma de las instituciones estatales debe contemplar la descentralización, pues ésta es una tendencia positiva en el grave asunto del suministro de los bienes públicos.
En ése trabajo titulado “El Estado en un mundo en transformación” (Informe sobre el desarrollo mundial, 1997), el Banco Mundial, cuando nos habla de acercar el Estado a la sociedad, nos plantea precisamente la fórmula de la distribución del poder y de los recursos estatales. Así, afirma: “La descentralización brinda la posibilidad de adaptar con mayor precisión los servicios públicos a las demandas y preferencias locales y de instaurar, desde abajo, un sistema de gobierno más atento y responsable”.
Aun cuando dicha institución alerta sobre algunos inconvenientes políticos o financieros que puede haber en la descentralización en algunos contextos sociales, no vacila en señalar que en cualquier caso siempre el balance de esta política es positivo.
En nuestro país, la experiencia que se tuvo, sin duda, fue satisfactoria, desde todo punto de vista, y a pesar de que aún era necesaria la profundización de políticas descentralizadoras.
En lo político, el logro fue trascendental. La elección de gobernadores y alcaldes por los ciudadanos de cada región o localidad ha sido, sin duda, la verdadera revolución política de los últimos tiempos en nuestro país. Esta posibilidad de accountability (rendición de cuentas) más cercana al ciudadano es un gran avance político y civilizatorio de naturaleza democrática. El federalismo contemplado en nuestras constituciones fue reconocido y realzado por los dispositivos legales descentralizadores que fueron sancionados en las décadas últimas del siglo anterior.
De este modo, los ciudadanos han tenido más visibles y accesibles a sus gobernantes. Y en cuanto a ciertas necesidades de servicios básicos han dejado de depender directamente del centro de poder ubicado en la capital de la República.
Con este entramado institucional, las reivindicaciones de provincia y locales se potenciaron, obligando a las instancias responsables a mejorar en sus respuestas, aumentando su capacidad y la calidad de los servicios. Incluso, la sana competencia entre gobernaciones y alcaldías por brindar más y mejores bienes públicos a sus ciudadanos, ha tenido un efecto positivo para éstos.
Hoy resulta un absurdo político, administrativo y práctico pretender que todo se resuelva desde una oficina ministerial ubicada en Caracas. Es un anacronismo seguir pensando que las colectividades regionales y locales no están en capacidad de resolver sus propios problemas. Obviamente, para ello requieren de los instrumentos legales y financieros que les permitan realizar cabalmente la tarea.
Por otro lado, debe quedar claro que son sólo las instituciones gubernamentales debidamente constituidas y provistas de los técnicos y profesionales necesarios, las que deben asumir ese rol político-administrativo, y no fantasiosas organizaciones de masas, incontrolables y/o anárquicas, frente a las cuales no se tienen, por imposibles, mecanismos efectivos de vigilancia, evaluación y supervisión, propios de todo ente estatal.
El federalismo y la descentralización que conlleva es la mejor vía para la perfección de la democracia política y un desarrollo económico equilibrado. Pero también, bien estructurada y ejecutada, es la solución más expedita, eficaz y menos costosa para los problemas de la gente en punto a los servicios públicos. Oponerse o suprimir la descentralización, tal y como lo ha hecho el gobierno actual, es colocarse a espaldas de las corrientes modernas globales de transformación del aparato estatal.
Las elecciones de diciembre próximo son una inmejorable oportunidad para reafirmar nuestra voluntad de aspirar a un país mejor gobernado, con una administración regional más eficaz en la solución de sus problemas y cercana a los gobernados.
EMILIO NOUEL V.
@ENouelV
No hay comentarios:
Publicar un comentario