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Mesa exige al Gobierno presentar pruebas sobre presunto Golpe de Estado

OCARINA ESPINOZA |  EL UNIVERSAL

Caracas.-  La Mesa de la Unidad Democrática emitió un documento en el que establece cinco puntos "esenciales" para lograr la "paz" en el país en el actual contexto. En él se exige al Gobierno nacional se cumpla con la libertad para los detenidos, el desarme de colectivos, el cese de imputaciones sin evidencias, el castigo para los involucrados en las muertes suscitadas el 12 de febrero pasado y la presentación de pruebas sobre el presunto Golpe de Estado.

"La violencia posterior a la marcha estudiantil del 12 de febrero, cuyas motivaciones son ajenas a ella, son muestras de una inconformidad real que no será sofocada por la propaganda", advierte la Mesa de la Unidad en el documento, leído por el secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón Guillermo Aveledo. 

Agrega el documento que las violaciones al derecho a la información y a la libertad de expresión, así como censurar el tema informativo o sacar canales internacionales de noticias, en lugar de ayudar a la sociedad, "la perjudican".

La Alternativa Democrática indicó que las denuncias sobre "Golpe de Estado" no deben hacerse con la "liviandad" que hasta ahora se han realizado desde el poder. Sostienen que el Gobierno debe dejar de dar "señales de inestabilidad" nacional e internacionalmente con este tipo de acusaciones sin presentar pruebas concretas.

"Debe haber responsabilidad en los voceros de los poderes públicos y respeto a la Fuerza Armada Nacional. Tiene el poder Ejecutivo el deber de explicar sus reiteradas referencias a un presunto Golpe de Estado, estas referencias inyectan inquietud en la ciudadanía. Que exponga el Gobierno los motivos militares concretos en los que basa tales afirmaciones y, por supuesto, que tome las medidas para que tome coto como es, es su responsabilidad, de lo contrario que deje de angustiar al país y que deje de transmitir internacionalmente señales de inestabildad".
Dejan claro que la Unidad "repudia terminantemente la violencia" y reiteran una vez más que sus "métodos de luchas son pacíficos y constitucionales". 
Sobre la libertad de los detenidos indicaron que la administración de justicia debe ser instrumento de la paz y la convivencia en el país y no de la arbitrariedad y de la angustia. "La libertad de los detenidos es el primer paso para la paz en Venezuela", recalcó Aveledo. 
Aveledo señaló que la tenencia de armamento de guerra en manos de los colectivos "es injustificable" y de allí el "deber del Ejecutivo y de la Fuerza Armada Nacional" el desarmar a los grupos ilegales y armados. "¿Hasta cuándo deben los ciudadanos tolerar la existencia de ejércitos paralelos?", acotó. 

La Mesa fue enfática en señalar que es necesario también para la paz del país el cese de las imputaciones sin evidencias. "Pedimos el cese de las acusaciones irresponsables de venezolanos, a la descalificación de dirigentes políticos y sociales. La palabra del gobierno, los actos del poder público y otro alto funcionario deben recobrar el respeto que comienza por el autorespeto, el poder público no puede ser una agencia de propaganda". 

En este sentido, rechazaron las imputaciones sobre los dirigentes Leopoldo López y María Corina Machado.

El documento señala que el gobienro debe dar muestras claras al país de que no será permitida la impunidad y que los responsables de las muertes del 12 de febrero serán castigados. "El auge de la violencia tiene uno de sus componentes principales en que los delitos no se castigan, las muertes y las lesiones del 12 de febrero, y de los días posteriores no pueden quedar sin castigo, sus responsables deben ser descubiertos y procesados de un modo que merezca confianza para todos", apuntó Aveledo.

Solicitan asimismo que la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, se inhiba, luego de las declaraciones emitidas acerca de los casos del 12 de febrero. 

La Mesa de la Unidad reclama por el derecho a protestar cívica y pacíficamente. "Poner una mordaza a los venezolanos solo aumentará la presión y desembocará inevitablemente en estallidos, el deber del Estado es garantizar la seguridad de todos en el ejercicio de sus derechos y escuchar la voz y el reclamo del pueblo". 

Recordó Aveledo que el país no es de un solo color político y tiene muchos problemas y por tanto hay que crear un clima democrático "para que también tenga muchas esperanzas". 

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DECLARACIÓN RUEDA DE PRENSA VIERNES 14 DE FEBRERO 2014

Transcurrida esta semana intensa en acontecimientos, la Mesa de la Unidad Democrática, en su responsabilidad de alternativa democrática venezolana, se siente en el deber de puntualizar los pasos que considera fundamentales para la paz en el país.

Tanto los múltiples acontecimientos como el discurso oficial, en un clima de desinformación provocado desde el poder, han generado desasosiego en la población que es víctima de rumores y ve cómo se suman esos motivos de inquietud a sus padecimientos cotidianos causados por la inseguridad, la escasez, el alto costo de la vida.

Hemos tenido esta semana dos manifestaciones masivas. La de los trabajadores de la prensa y la de los estudiantes universitarios. Los problemas planteados por sus protagonistas siguen vigentes, intactos. La violencia posterior a la marcha estudiantil del 12 de febrero, cuyas motivaciones son ajenas a ella, no puede tapar el respaldo popular que ambas protestas tuvieron y la justicia de sus reclamos.

Las espontáneas expresiones de descontento que se han escenificado, son muestras de una inconformidad real que no será sofocada por la propaganda. Las violaciones al derecho a la información y a la libertad de expresión, como censurar temas informativos o sacar del aire a canales de noticias, en vez de ayudar a la sociedad, la perjudica.

Es esencial para la paz, para la tranquilidad del país, que se atienda de inmediato cuestiones ineludibles. La Unidad que repudia terminantemente la violencia y cuyos métodos de lucha son los pacíficos y constitucionales, como lo ha declarado y demostrado, y hoy lo proclama una vez más, exige, cinco puntos para la paz. 

·         Libertad de los detenidos. La Administración de Justicia y el orden público deben ser instrumentos de la paz y de la convivencia, no de la arbitrariedad y la angustia.

·         Desarme de los denominados colectivos, cuya organización para-militar y posesión de armamento es injustificable. Es el deber del Ejecutivo Nacional y de la Fuerza Armada. ¿Hasta cuándo los ciudadanos debemos tolerar estos ejércitos paralelos?

·          Cese a las imputaciones sin evidencia, a la acusación irresponsable de venezolanos, a la descalificación de dirigentes políticos y sociales. La palabra del gobierno, los actos del poder público, la palabra de un ministro u otro alto funcionario, deben recobrar el respeto que comienza por el auto respeto. El poder público no puede ser una agencia de propaganda. Rechazamos, por tanto, los señalamientos infundados al compañero Leopoldo López y advertimos acerca de los riesgos institucionales de las amenazas contra la diputada María Corina Machado.  

·         Actos concretos del poder que indiquen claramente a los venezolanos que no aceptará la impunidad. El auge de la violencia tiene uno de sus componentes principales en que los delitos no se castigan. Las muertes y las lesiones del 12 de febrero no pueden quedar sin castigo. Sus responsables deben ser descubiertos y procesados, de un modo que merezca confianza para todos. Después de sus declaraciones, es elemental que la Fiscal General se inhiba de conocer en el caso.

·         Responsabilidad en los voceros de los poderes públicos y respeto a la Fuerza Armada Nacional. Tiene la cabeza del Poder Ejecutivo el deber de explicar al país sus reiteradas referencias a un golpe de estado, porque inyectan inquietud. Los venezolanos hemos presenciado con estupor insinuaciones públicas al respecto por parte del Presidente de la Asamblea Nacional. Esos no son temas para ser tratados con liviandad. Que exponga con seriedad los motivos militares en los que basa tales afirmaciones y que tome las medidas para ponerles coto, como es su responsabilidad o, de lo contrario, que deje de angustiar al país y transmitir internacionalmente inestabilidad.  

Al hacer estos planteamientos, serena, responsablemente, queremos reiterar lo que declaramos el pasado 12 de febrero en la noche. Reivindicamos y defendemos el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente, cívicamente. Reprimir y poner una mordaza a los venezolanos solo aumentará la presión y desembocará inevitablemente en estallidos. El deber del Estado es garantizar la seguridad de todos en el ejercicio de sus derechos y escuchar la voz y el reclamo del pueblo.

El pueblo venezolano no tiene un solo color ni una sola preferencia política. Tiene muchos problemas, tiene muchas angustias. Creemos un clima democrático en el que tenga, también, muchas esperanzas.