Elsa Cardozo
El Nacional
Informes de las Naciones Unidas, el Instituto Nacional de Estadística y el Banco Central de Venezuela coinciden en diagnosticar un deterioro socioeconómico acelerado, de negrísimo pronóstico, que en ese ámbito explica la escalada de protestas de 2013 y su intensificación desde febrero de este año. La respuesta oficialista se repite sin cesar: el país es víctima de “una guerra desde centros imperiales” que se propone “rendir a la patria por hambre y necesidad”, como lo reiteró hace pocos días el presidente Maduro ante militares en la Base Aérea Libertador del estado Aragua.
Los documentos finales de la cita de la Unasur en las islas Galápagos, en la que fue evaluado el ya para entonces congelado diálogo en Venezuela, incorporaron el rechazo a la imposición unilateral de sanciones a funcionarios del Estado venezolano, pero también la reafirmación del compromiso con el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La inconformidad del gobierno de Venezuela con lo debatido y acordado se dejó ver en su solicitud de una reunión de jefes de Estado para hacer “una primera denuncia formal” contra el gobierno de Estados Unidos por “el intento de derrocamiento violento” del gobierno de Nicolás Maduro.
A falta de esa convocatoria, se optó por hacer desde Caracas la enésima denuncia de planes magnicidas, de asesinatos políticos y de golpe de Estado, con la exigencia al Departamento de Estado de que se pronunciara. Y al lado de rechazos a sanciones unilaterales, que no vendrán, la obsesión también se manifiesta en el empeño por lograr el placet para un nuevo embajador en Washington.
El desgastado argumento fue llevado a la conferencia ministerial del Movimiento de Países no Alineados, en Argel, por el canciller Jaua: la “revolución democrática, bolivariana y socialista” es objeto de ataque por las “potencias imperiales y neocolonialistas” con estrategias que incluyen “asesinato de policías y ciudadanos, ocupación y destrucción de bienes públicos y privados, promoción del odio, la intolerancia social y la xenobofia a través de los medios y redes sociales, encubiertas tras supuestas manifestaciones pacificas y el sabotaje económico”. Más o menos lo mismo fue repetido en Moscú, al lado del canciller Sergei Lavrov.
Al presentar en Argel la autopostulación de Venezuela a un puesto como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, el ministro exaltó el compromiso del gobierno venezolano con la solución pacífica de controversias y abogó especialmente por la libertad de un preso político, claro está, en Estados Unidos.
Y de nuevo por aquí, ante la arbitrariedad, el maltrato y la lentitud procesal, el severo deterioro de su salud y el desprecio gubernamental por lo acordado en el diálogo, que fue aceptado y cumplido por la oposición, el desesperado recurso de Iván Simonovis a la huelga de hambre no ha escapado al recurrente giro temático. El comisario ha sido convertido en recordatorio de la reescritura antiimperialista de la historia de abril de 2002 y a las organizaciones de derechos humanos que abogan por su excarcelación se las descalifica como agentes financiados por Washington.
La respuesta única, como pretexto y coartada, se repite una y otra vez. ¡Con lo sensato que sería atender responsablemente los gravísimos problemas del país!, con buenas dosis de buen juicio y de humanidad.
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