No es justo….
Pedro Luis Echeverria
No es justo que los desaguisados de
todo orden que ha cometido el régimen durante tres lustros que lleva en el
poder, ahora se pretenda corregirlos parcialmente aplicando una serie de medidas, aún por instrumentar,
que indefectiblemente conducirán que el
país deba soportar más inflación, desempleo y a exacerbar una mayor
conflictividad social.
No es justo que un régimen, que
utiliza la demagogia y la mentira como forma de relacionarse con los
ciudadanos, que ha destruido y desquiciado al país, a sus instituciones, a los
valores del diálogo y la tolerancia como instrumentos para la convivencia
pacífica y democrática, al aparato industrial, a las industrias básicas y a
PDVSA, la empresa fundamental que, desde
el reventón de Zumaque I, siempre había
sido la locomotora del crecimiento nacional; pretenda, como si no hubiera
pasado nada, que sean los ciudadanos los que paguen, mediante la elevación de
impuestos, de las tarifas de los servicios públicos, del precio de los
combustibles, de la devaluación del bolívar, de la aceleración de la inflación
y la venta de activos de la nación, por
las erradas políticas e irresponsabilidades gubernamentales que han
llevado a la Nación al umbral del colapso.
El gobierno, antes de aplicar “el
paquete” que ha venido anunciando, debe rendir cuentas sobre el uso que hizo de
los ingentes recursos provenientes de los proventos petroleros, debe
explicarnos cuáles serán las reformas y cambios institucionales que realizará
para acompañar y garantizar que las medidas anunciadas efectivamente estén
orientadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos, a detener la
generación de dinero inorgánico, a morigerar el desenfrenado endeudamiento
público, a prevenir el acelerado deterioro de la seguridad social, a subsanar
la insuficiencia de divisas, a enmendar
la sobrevaluación del signo monetario, a efectivizar el control de la
inflación, a disminuir la escasez, y a
la recuperación de PDVSA. Asimismo, deben garantizar el respeto a la propiedad privada, a crear un
clima de certidumbre para la inversión, a obligarse a ser garante de la
seguridad jurídica y ciudadana y a la
racionalización o eliminación de los absurdos controles sobre la actividad
económica.
No es justo que el régimen anuncie un
posible programa de acciones puntuales, como si estuviéramos transitando por
una crisis coyuntural, que afectarán la ya alicaída situación socioeconómica de los venezolanos, sin que
permita que se conozcan al detalle las cifras del desempeño económico del país,
eso sería como emitir un cheque en blanco en favor de un gobierno que carece de
legitimidad y credibilidad.
No es justo que el régimen aplique
medidas económicas sin indicarle al país, entre otros aspectos, cómo manejará
la relación Estado-sector privado, cómo administrará a PDVSA, qué ocurre en los Fondos que ha creado, especialmente, la
situación de Fonden, cómo estimulará el ahorro de la sociedad.
Estas son algunas de las premisas
básicas que de adoptarse darían cierta
credibilidad a las acciones anunciadas y que engendrarían una elemental
confianza a los hombres y mujeres de este país sobre los que recaerán los
embates y el costo del ajuste, causado por las inexplicables deficiencias en el
manejo de la cosa pública por parte del gobierno.
En caso contrario, la aplicación de
los correctivos no será suficiente, solo serán acciones aisladas sin asidero
real que nos empobrecerán aún más, darán un efímero alivio a la crítica situación por la que atraviesa el gobierno,
pero muy pronto reaparecerán los desequilibrios macroeconómicos y su secuela de
males inequidades: ineficiencia, corrupción, despilfarro, impunidad, desempleo
y un país hipotecado que compromete el presente y el futuro de varias
generaciones.
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