IBSEN MARTINEZ
El novelista colombiano Héctor Abad Faciolince, entristecido y desconcertado, ha publicado en EL PAÍS un artículo estremecedor, escrito con probidad y desconsolada ironía, que intenta explicar por qué, si las encuestas favorecían con razonable holgura el sí, pudo, en cambio, ganar un cataclísmico no que no cesará de esparcir ondas de choque por todo el continente y durante mucho tiempo.
Hacia el final de su pieza de opinión, Abad Faciolince dice: “Los que votamos por el sí soñábamos con una paz estable y duradera. La mayoría, el no, votó por una incertidumbre estable y duradera”. Esa frase me llevó a pensar en Venezuela, donde prevalece desde hace años otra cepa autóctona de incertidumbre estable y duradera: el autoritarismo chavista, la vocación tiránica del régimen “cívico-militar”.
La crisis que, desde hace ya largo tiempo, atraviesa mi país es, en lo esencial, política: la escasez de alimentos y medicinas, la hiperinflación, la protesta permanente, los saqueos y la mortandad a manos del hampa no son más que despiadadas manifestaciones de un hecho central: la ya indiscutible ilegitimidad del Gobierno.
Nicolás Maduro se halla en minoría electoral desde comienzos de año y, sin embargo, controla a su sabor todos los poderes públicos, menos la Asamblea Nacional, a la que ningunea cuando no amenaza con disolverla.
La brutal represión selectiva contra muy señalados dirigentes de la oposición acompaña la farsa de un pretendido diálogo que ya no busca ganar tiempo y aplazar el referéndum que, de realizarse dentro de los lapsos previstos por la ley, con toda seguridad revocaría su mandato, sino prescindir por completo de él.Entre tanto, la crisis humanitaria —¿quién podría ya calificarla de otro modo?— se agudiza sin que el Gobierno haga nada por corregir el rumbo económico del país que no sea acusar a los Estados Unidos y “la burguesía apátrida” de todos los males que la corrupción generalizada del régimen ha hecho caer sobre Venezuela.
Ya muy vastos sectores del chavismo de a pie rechazan la ilegitimidad de Maduro y, así sea mal de su grado, coincide con la Mesa de Unidad Democrática en que el referéndum revocatorio —la provisión constitucional que propuso el propio Hugo Chávez durante su primera campaña electoral— es la solución menos traumática y conveniente. Pero para ello es preciso, constitucionalmente hablando, que se realice antes de fin de año.
De realizarse en 2017, es previsible que Maduro sea depuesto concertadamente con los cogollos militares chavistas. Su reemplazo será cualquier chafarote designado por Diosdado Cabello et alii, no hasta 2019, sino hasta la consumación de los siglos.
La marrullería del Consejo Nacional Electoral ha impuesto a los promotores del referéndum ignominiosas condiciones para la recolección del 20% de voluntades en pro del referéndum, apelando a una maliciosa interpretación literal del artículo 72 de la Constitución. Arbitrariamente, el CNE ha decidido que ese 20% no se calcule sobre el total nacional del registro de electores sino proporcionalmente a la población de cada estado.
La MUD debe acreditar esas voluntades ante el CNE durante tres días, con una provocadora limitación en los horarios y grosera insuficiencia de centros de votación. Con prudente valentía, la MUD ha respondido que acudirá a la cita pero sin aceptar la peregrina interpretación del artículo 72. Las fechas van del 26 al 28 de octubre. Todo hace pensar que el Gobierno desplegará su poderío represor y promoverá la violencia durante esos tres días.
De fracasar la MUD en sus propósitos, no se adivina, más allá de esas fechas, sino la versión militar venezolana de esa “incertidumbre estable y duradera” de que habla Abad Faciolince.
@ibsenmartinez
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