Human Rights Watch ve pocas mejorías en DD HH en las Américas
Silvia Ayuso
Pese a noticias esperanzadoras como las grandes expectativas que ha generado el anuncio de normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos o los avances en las negociaciones de paz de Colombia,
América Latina no registró en 2014 grandes mejorías en sus muchos
problemas relacionados con el respeto de los derechos humanos. Más bien
al contrario: según advierte Human Rights Watch en su último informe anual,
publicado este miércoles, se han sufrido algunos “serios retrocesos” en
un campo que sigue suscitando preocupación en la región.
La organización hace un diagnóstico de 14 naciones de la región, y
aunque elude hacer “ránkings” sobre cumplidores y violadores de derechos
humanos, en el informe especifica que Venezuela, México, Cuba y
Colombia son de los países de la región que más preocuparon en 2014.
Entre los países seleccionados también está Estados Unidos, del que
destaca que pese a las fuertes protecciones constitucionales, sigue
habiendo “violaciones sistemáticas” de leyes y prácticas en las áreas de
justicia penal, inmigración y seguridad nacional.
Para HRW, el caso del joven negro desarmado abatido por un policía blanco en Ferguson,
Misuri, es un ejemplo de la “alarmante brecha existente entre el
respeto por la igualdad de derechos y el tratamiento de las minorías
raciales por parte de las fuerzas del orden”. La organización critica,
asimismo, la “represiva” respuesta al incremento del flujo de
indocumentados registrado en 2014 y el “quebranto” de libertades como la
de prensa o expresión que suponen los programas de vigilancia masiva de
este país.
México
Las masacres de Iguala y Tlatlaya
son, a juicio de HRW, los máximos exponentes de los “gravísimos”
problemas de desapariciones forzadas, abusos militares, impunidad y
corrupción que persisten en México. Y revelan los “avances limitados”
que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha logrado para juzgar a los culpables
de los “asesinatos, desapariciones forzadas y hechos de tortura
generalizados perpetrados por soldados y policías” en el marco de las
acciones heredadas de la “guerra contra el narcotráfico” iniciada por el
Gobierno de Felipe Calderón.
“México se encuentra hoy inmerso en la peor crisis de derechos humanos en años”, ha sostenido el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco,
para quien el Gobierno de Peña Nieto reaccionó “mal y tarde” tanto en
la matanza de los 43 estudiantes de Iguala en septiembre, como en el de la ejecución extrajudicial de al menos 12 civiles en Tlatlaya unos meses antes.
“La comunidad internacional debería seguir muy de cerca esta
situación e instar activamente a México a que adopte medidas concretas
para determinar el paradero de las miles de personas desaparecidas
(según cifras oficiales) y terminar con la impunidad generalizada de las
desapariciones, las ejecuciones, y la tortura en el país”, reclama
Vivanco en declaraciones por correo electrónico a EL PAÍS.
Sobre todo, Estados Unidos,
que a juicio de Vivanco, “debería dejar de certificar que México
cumplió con las condiciones de derechos humanos incluidas en su
legislación que provee asistencia a México, ante la rotunda evidencia de
que no lo está haciendo”.
Venezuela
En la lista de países que preocupan a HRW está también el “gravísimo
deterioro” de los derechos humanos en Venezuela, especialmente por la
reacción oficial y las secuelas que dejaron las protestas ciudadanas de
la primera mitad de 2014, incluida la detención de dirigentes opositores
como Leopoldo López.
La organización denuncia una “sistemática” violación de derechos humanos
por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas que “han empleado
rutinariamente un uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes no
armados”. Además, continúa HRW, durante las detenciones, muchos de los
arrestados —más de 3.300 según cifras oficiales— sufrieron abusos como “violentas golpizas, descargas eléctricas o quemaduras”.
Todo ello en un marco donde la justicia “ha dejado de actuar como un
poder independiente del Gobierno” de Maduro, que por su parte “ha
ampliado y ejercido en forma abusiva sus potestades de regular los
medios de comunicación” y ha tratado de “marginar” a los defensores de
derechos humanos del país.
Para Vivanco, la comunidad internacional “tiene la obligación de ponerse firme y ejercer presión ante el Gobierno de Maduro”.
Resulta “indispensable”, subraya, que especialmente los
latinoamericanos “presionen al Gobierno de Venezuela” en esta materia,
porque “cuando los reclamos vienen de gobernantes con credibilidad
democrática”, recuerda, el costo político de ignorarlos es “altísimo”.
Colombia
La violencia asociada a décadas de conflicto armado en Colombia sigue lastrando al país pese a los intentos de negociar la paz con guerrillas como las FARC en Cuba, un proceso para el que Vivanco subraya su “pleno apoyo”.
Para HRW, especialmente graves son varios proyectos legislativos impulsados por el Gobierno de Juan Manuel Santos —sobre todo por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón—
que “limitarían” el juzgamiento de los asesinatos de civiles
perpetrados por militares, los famosos “falsos positivos”, favoreciendo
por tanto la impunidad.
Estos proyectos legislativos “generarían un grave riesgo de que estas
causas se transfieran de la justicia penal ordinaria al sistema de
justicia militar, que carece de independencia y tiene un deplorable
récord en materia de investigaciones sobre violaciones de derechos
humanos”, advierte en su informe.
A ello se una la implementación “sumamente lenta” tanto de la Ley de
Justicia y Paz para paramilitares desmovilizados, como del proceso de
restitución de tierras incluido en la Ley de Víctimas.
Todo ello en un continuado ambiente de “amenazas y ataques” contra
defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.
Cuba
El acuerdo con Estados Unidos anunciado a mediados de diciembre para normalizar relaciones tras 50 años de tensiones, y la liberación de 53 presos políticos
que lo acompañó, no ha suavizado las críticas de HRW a la situación de
derechos humanos en Cuba y la continuada “represión” gubernamental a los
“individuos o grupos que expresan críticas o reivindican derechos fundamentales”.
La organización cita cifras de la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
(CCDHRN), que dijo haber recibido más de 7.000 denuncias de detenciones
arbitrarias entre enero y agosto de 2014. Eso, recuerda HRW, supone un
“drástico incremento” respecto a 2013 (2.900 denuncias) y 2010 (1.100).
A pesar de los 53 liberados, la organización recuerda que continúan
en prisión “decenas más” de presos políticos y que en general cualquier
cubano que se muestre crítico con el Gobierno está expuesto a ser
perseguido penalmente sin garantías de debido proceso.
Para Vivanco, no se debe pecar de “ingenuo” y pensar que habrá
cambios inmediatos en la situación de derechos humanos en Cuba tras las negociaciones con EE UU.
No obstante, señala, si Washington es capaz de involucrar a las
democracias de la región en el proceso, “es mucho más probable que esto
obligue al Gobierno cubano a mejorar su deplorable récord en derechos
humanos”.
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