Trabajadores de al menos 9 empresas socialistas exigen participación
Graneados, pero cada vez con más fuerza, los representantes laborales de las empresas socialistas comienzan a alzar su voz contra el modelo de control obrero que se está practicando en esas industrias. La mayor queja apunta a la burocracia, a un patrono estatal que no ha abandonado los vicios que le reprochaba al sector privado.
Dirigentes de al menos nueve empresas públicas, casi todas producto de expropiaciones, han sido enfáticos al señalar que las condiciones han desmejorado y que la toma de decisiones no corre por cuenta de los trabajadores, tal como el Gobierno les había prometido.
El descontento, hasta el momento, se presenta en Norpro, CVG Refractarios del Orinoco (antigua Cerámicas Carabobo), Sidetur, Friosa, Cemex, La Gaviota, Pescalba, Invepal y Cantv. En casi todas reclaman que se transfiera el poder a los trabajadores para asumir, sobre todo, el manejo financiero de esas industrias.
Hace poco sindicalistas de las guayanesas Norpro, Refractarios del Orinoco, Sidetur y Friosa se pronunciaron y señalaron que no se ha registrado la recuperación económica de esas industrias, lo que se une a una participación mínima de los trabajadores en el proceso de transición del sector privado a la actividad estatal.
"La administración de las empresas se resiste a que el trabajador tenga participación. Los trabajadores somos los protagonistas y somos los que hacemos la producción", dijo el vocero del sindicato de CVG Refractarios del Orinoco, Leandro González, la semana pasada.
En la planta de Sidetur, en Antímano, hablan de los mismos problemas, sin contar con que el Ministerio de Industrias Básicas y Minería no ha cumplido con acuerdos que incluyen un ajuste salarial. Desde allí, como en otras instalaciones, exigen el control obrero.
"Es bien sabido que no solo luchamos contra nuestro enemigo tradicional que es la derecha, sino también contra su otra representación que es la burocracia", dijo el trabajador de esa empresa Ángel López en una entrevista ofrecida al portal web Aporrea.
Por su parte, los trabajadores de Cemex declararon en emergencia la planta de Pertigalete, estado Anzoátegui. La medida obedece a una gerencia que demuestra "un profundo desprecio para atender y solventar los problemas" laborales en la cementera, según señaló este mes el dirigente José Guerra.
Los obreros y empleados, quienes han protagonizado asambleas permanentes en los portones, caravanas y otras acciones sindicales, aseguran que la junta de transición de Cemex fracasó porque se maneja bajo las reglas del capitalismo y atropella a los trabajadores.
"Aquí los únicos que le temen al socialismo son los miembros de la junta de transición y la tecnocracia", dijo recientemente el secretario general del sindicato cementero de Anzoátegui, Luis Chaparro.
Asimismo, los trabajadores de La Gaviota, en Sucre, no descartan tomar de nuevo las instalaciones de la pesquera, paralizada desde hace más de 40 días porque Pescalba no baja los recursos para operar.
Los trabajadores de ambas empresas socialistas quieren que las finanzas y las decisiones de envergadura sean tomadas por la masa laboral, no por la gerencia. Ante las denuncias, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, llegó este lunes a las instalaciones de La Gaviota donde anunció que la representación venezolana en la directiva de Pescalba había sido destituida, según señala una nota de prensa de la Unión Nacional de Trabajadores (Únete).
Otras empresas desde donde llegan voces -aunque anónimas- de descontento son Invepal y Cantv. En el caso de la primera se repiten las quejas formuladas por sus colegas de otras industrias, y agregan que los tribunales se han demorado casi un quinquenio en decidir el pago de pasivos laborales.
En el caso de Cantv, han surgido diferencias por la forma en que se reparten las ganancias. La decisión sobre las utilidades recae sobre el Presidente Hugo Chávez y, tras la asignación a proyectos no relacionados con la empresa, se deja un remanente para invertir en la telefónica. Las fuentes consultadas aseguraron que los recursos son insuficientes.
La coordinadora nacional de Únete, Marcela Máspero, advirtió que el control obrero va más allá de nombrar a un trabajador como presidente de una empresa, y que se les debe dejar participar en la toma de decisiones, cuando por primera vez existe una posibilidad real de cambiar el modelo de gestión.
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