JOSE IGNACIO TORREBLANCA
EL PAÍS
La función primordial de las elecciones es producir gobierno. Y si no
lo logran, entonces hay que darlas por fracasadas y volver a
convocarlas. Esta obviedad, esencial para la vida democrática, parece
ser, sin embargo, una verdad incómoda para las nuevas fuerzas políticas
que se están asomando al tablero político español. Observando la actitud
adoptada tanto por Ciudadanos como por Podemos tras las elecciones
andaluzas respecto a las votaciones de investidura, los posibles pactos
parlamentarios o la eventual formación de Gobiernos de coalición, es
legítimo preguntarse si la “nueva política”, como gustan de
presumir estas formaciones, realmente supondrá una mejora para la
calidad de la democracia y, por extensión, para la ciudadanía o si, por
el contrario, nos sumergiremos en una época de inestabilidad y
turbulencia de la cual muy probablemente acabará emergiendo un deseo
unánime de Gobiernos fuertes y elecciones mayoritarias con ganadores y
perdedores claros.
Conviene por eso recordar, dado que en las próximas semanas habrá que
tomar decenas de decisiones similares en un gran número de
corporaciones locales y Parlamentos autonómicos, que, transcurridas las
elecciones, el deber de todo partido que ha pedido el voto a la
ciudadanía es intentar formar Gobierno o estar en él. No con el objetivo
de “repartirse puestos”, como torpemente denigran la política
quienes recién están llegando a ella, sino con el objetivo de maximizar
su capacidad de devolver a sus votantes políticas que satisfagan sus
intereses y necesidades. No vale por tanto alegar, como dicen, que “sólo nos preocupa la corrupción” y que “vigilaremos desde el Parlamento”,
ya que ese papel, controlar a los Gobiernos, es el que, gracias a la
separación de poderes, la democracia reserva en cualquier caso a los
perdedores de unas elecciones.
Si Ciudadanos o Podemos, además de organizar la protesta y la
indignación ciudadana, realmente quieren limpiar las instituciones de
corrupción, a lo que deberían aspirar es a la consejería, concejalía o
Delegación de Hacienda de todo Ayuntamiento, comunidad autónoma o
Diputación Provincial, pues es en la nula transparencia y mala gestión
de casi todas ellas donde anida el mal de la corrupción en nuestro país,
sistémico, por lo que vemos, en todo lo relativo a la contratación
pública. Y si les preocupa el desempleo, la educación o la desigualdad,
lo mismo se aplica respecto a las consejerías de Empleo o Educación:
¿desde dónde mejor que desde allí para diseñar políticas activas de
empleo y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los
ciudadanos?
Ingenuidad democrática o tacticismo ante las próximas elecciones, el
resultado de este aparente rechazo a gobernar y de esta preferencia por
una vida parlamentaria inmaculada es el mismo: privar a los votantes de
ese instrumento llamado Gobierno esencial para cambiar las cosas a
mejor. Por tanto, ante los plenos de investidura, que voten “sí” los que
apoyen la formación de un Gobierno, que voten “no” los que
quieran ser la alternativa a ese Gobierno si el que se presenta fracasa y
no logra la investidura, y absténgase los que ni quieren gobernar ni
quieren ser la alternativa. Y, posteriormente, háganse coaliciones
parlamentarias o de gobierno sobre programas previamente pactados o bien
déjese margen para gobernar en solitario a los mayoritarios que sólo
alcancen mayorías simples. Respetar estas reglas básicas traerá muchos
beneficios; ignorarlas nos traerá inestabilidad.
España, nos dicen las encuestas, está a punto de pasar de pasar de
tener un sistema de bipartidismo imperfecto en el cual sólo había dos
partidos que podían gobernar —solos o con apoyos—, a un sistema
pluripartidista en el que cualquiera de los cuatro partidos podrá estar
en el Gobierno o en la oposición. El paso del bipartidismo al
pluripartidismo puede ser bueno. Como sabemos, uno de los males de
nuestra democracia es que los partidos ganadores son capaces, desde sus
mayorías absolutas, de colonizar aquellas instituciones independientes
(el Parlamento, el Constitucional, el Consejo General del Poder
Judicial, la radio y televisión publica) cuya misión es precisamente
controlar al Gobierno. Sea un fallo de diseño constitucional o
simplemente el resultado de la capacidad de los partidos de retorcer las
reglas del juego a su favor, el hecho es que un sistema pluripartidista
podría tener un efecto regenerador similar, aunque menos robusto, que
el de una reforma de esas reglas. Si los partidos emergentes lograran
situar las instituciones mencionadas a salvo de los Gobiernos y de sus
mayorías absolutas harían un gran favor a la democracia, pues, gobernara
quien gobernara, el Parlamento podría controlar al Gobierno, los jueces
serían realmente independientes y la televisión pública se convertiría
en un instrumento al servicio de la ciudadanía y no del partido en el
Gobierno.
Más ‘Borgen’ y menos ‘Juegos de tronos’, es decir, más gobierno y menos oponerse
Sin embargo, la experiencia comparada nos enseña que los sistemas
electorales proporcionales y los Gobiernos de coalición no
necesariamente mejoran la calidad de la democracia. Esto se debe a que
ni otorgan mandatos claros a los partidos para que gobiernen un país ni
tampoco permiten a los electores castigar a aquellos que han gobernado y
apartarlos del poder durante una temporada, pues los Gobiernos
perdedores siempre pueden apoyarse en otros partidos para mantenerse en
el poder. Así pues, los Gobiernos de coalición pueden ser un instrumento
útil para generar consenso e introducir reformas de largo calado que
pasen por encima de las habituales divisiones partidistas en algunos
temas clave (el modelo de Estado, el económico, el sistema educativo, la
política exterior y de seguridad, entre otras), pero también el terreno
abonado para un mercadeo constante entre fuerzas políticas que
ambicionen mantenerse en el poder a toda costa dando la espalda a la
ciudadanía y negándose a rendir cuentas por su gestión.
Mal hacen los nuevos partidos cuando, reproduciendo los vicios de la
vieja política, dicen que sólo gobernarán si son mayoritarios y pueden
hacerlo en solitario. Algunos incluso confiesan sin rubor que su visión
de la política es la que trasluce en la serie Juego de tronos,
donde no hay normas, jueces, parlamentos, derechos, ciudadanos o medios
de comunicación, sólo una brutal lucha por el poder en la que todo vale.
Si la España posterior al 24-M se tiene que parecer a algo, mejor que
lo haga a lo que vemos en Borgen, la serie danesa donde todos
los partidos quieren gobernar, con quien sea, antes que estar en la
oposición, para así beneficiar a sus votantes. ¿Son los políticos
daneses más corruptos, mediocres y viles que los nuestros porque
gobiernan en coalición? ¿Es Dinamarca un país menos democrático que
España? Claramente, no. Así que más Borgen y menos Juegos de tronos, es decir, más gobernar y menos oponerse.
José Ignacio Torreblanca es profesor de Ciencia Política en la UNED.
@jitorreblanca
No hay comentarios:
Publicar un comentario