ARGELIA RÍOS | EL UNIVERSAL
El colapso del modelo no necesariamente conduciría al derrumbe del Gobierno: no estamos ante un axioma irremediable, tal y como lo supone tanta gente inclinada a incurrir de nuevo en el error de subestimar al oficialismo. La verdad es que siempre se puede estar peor, sin que la desmejora signifique un desmoronamiento del estado de cosas. Para que eso suceda, deben ocurrir quiebres dentro de las instituciones; rupturas que, al menos en este momento, no lucen a la vuelta de la esquina, porque todas se encuentran "rodilla en tierra", intentando salvar al "proceso" de un naufragio definitivo.
La revolución podría impopularizarse hasta rozar límites intolerables y, aún así, seguir contando con un resuelto soporte de sus instituciones. El rol que ellas desempeñarían en un escenario como ese, lo definiría todo. El 27 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez experimentó una revuelta popular de grandes dimensiones; luego consiguió superar dos intentonas golpistas, pero su final se selló más tarde, cuando los factores de poder de la democracia puntofijista intervinieron para darle una luz verde a su salida. Distancias aparte, el ejemplo es un boceto útil para entender el tipo de situaciones que un conflicto debería generar para convertirse en el disparadero de los cambios.
Es imposible saber las características que tendrían las próximas olas de descontento, pero de antemano se sabe que estas requerirían ser monumentales para desgarrar el cuadro de atrincheramiento institucional que la crisis ha causado hasta ahora. La represión procura evitar que ellas adquieran esa dimensión. Cuando los voceros de las instituciones bolivarianas mencionan la posibilidad de una guerra civil, lo hacen para anticipar lo que sería su conducta ante la situación límite que todos vislumbran, seguros como están de que Venezuela vivirá trastornos mucho más hondos que los actuales. Es cierto que las realidades pudieran terminar liquidando toda esa arrogancia con que el oficialismo está observando al país, pero nadie en su sano juicio debería desestimar la otra posibilidad.
Si desde el seno de las instituciones revolucionarias no surgieran reacciones favorables al hallazgo de una solución pacífica, aún en medio de una muy fuerte presión popular y de un hundimiento total de la economía, todos los cálculos alrededor del potencial de las protestas y de "la autoimplosión" del sistema, seguirían desconectados de la realidad... La oposición necesita pensar qué hacer para producir ese obligante quiebre que minaría la altanería socarrona del poder. Pero, nadie tiene la llave de San Simón, ni siquiera quienes le apuestan al 2019, presuponiendo que las instituciones bolivarianas cederán entonces en su empeño de impedir la alternancia.
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