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21 DE MAYO 2014 - 12:01 AM
El aumento de la conflictividad en Venezuela desde el pasado mes de febrero obedece a la profundización del deterioro de los derechos humanos en el país luego del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, de acuerdo con Provea. “Maduro ha sido un gran fracaso a efectos de garantizar los derechos humanos en el país”, afirmó el coordinador general de la organización no gubernamental, Marino Alvarado.
Durante la presentación del informe anual de Provea correspondiente a 2013, el activista hizo referencias específicas: “En febrero y diciembre, el presidente
admitió la crisis del sistema público de salud, la cual ha venido aumentando. El propio gobierno reconoció la desaceleración de la Gran Misión Vivienda Venezuela y el incumplimiento de la meta de construcción de 300.000 casas por año. A pesar de que se autodefine como un obrero, el gobierno de Maduro viola los derechos de los trabajadores”.
En materia de derechos civiles y políticos, Alvarado señaló que la criminalización de la protesta se ha vuelto sistemática: hasta diciembre de 2013 aproximadamente 3.000 personas habían sido sometidas a procesos penales por protestar, a lo cual hay que sumar otras 2.000 en los primeros meses de 2014.
El coordinador de investigación de Provea, Rafael Uzcátegui, ofreció otras explicaciones: el llamado Plan de la Patria, propuesto por Chávez y ejecutado por Maduro, se aleja del modelo de país establecido en la Constitución; se pretende la inclusión social, pero con exclusión política; y hay un reforzamiento del militarismo.
También mencionó otros aspectos que amenazan la efectiva vigencia de los derechos humanos en el país y que tienen que ver con problemas estructurales que han empeorado durante la gestión de Maduro: inflación de 56% y 22% de escasez al cierre de 2013, incremento de la inseguridad ciudadana y mayor deterioro de los servicios públicos.
Desobediencia a la vista. “Nos preocupa mucho el futuro de los derechos humanos por la adopción de la doctrina de seguridad nacional, que incluye la noción de enemigo interno y, en definitiva, privilegia los intereses de la nación por encima de los intereses de los ciudadanos”, expresó Alvarado. La situación, agregó, se torna alarmante si se toma en cuenta la progresiva restricción de la tutela judicial y el hostigamiento permanente a los defensores de derechos humanos. No obstante, aseguró, no lograrán amedrentarlos.
El coordinador general de Provea indicó que el aumento de la represión corresponde a una política de Estado: “Los cuerpos de seguridad en su conjunto han tenido una orientación negativa del gobierno, que es consciente de las violaciones. Las está tolerando e, incluso, aplaudiendo como es el caso de la GNB. Para mayor gravedad, la fiscal general y la defensora del pueblo han actuado como cómplices”.
Alvarado está convencido de que el aumento de la represión corresponde a la consolidación de una tendencia: “Pero la protesta no se detendrá, pues el gobierno empuja a la sociedad a la desobediencia civil”.
El Cicpc es el que más tortura“Funcionarios del Cicpc allanaron la vivienda de Francisco Zerpa. Le dispararon y le causaron la muerte. Sus familiares afirmaron que los funcionarios no presentaron orden judicial y ejecutaron a la víctima en el lugar. No murió en un enfrentamiento como informaron”.
Además de este, Provea documentó otros 204 casos de excesos policiales, 64% de los cuales se atribuye al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Marino Alvarado dijo: “El Cicpc es el organismo que acumula más casos de tortura y desapariciones forzadas; sin embargo, se ha frustrado su reestructuración”.
Otros 19 casos comprometen a la Policía Nacional Bolivariana, por lo cual Provea instó al gobierno a revisar el llamado nuevo modelo policial.
Las Cifras44,4% aumentó el número de casos de tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2013 respecto al año anterior. Hubo 162 víctimas
60 casos de violaciones de la integridad personal en 2013 (27,1%) son atribuidos a la Guardia Nacional Bolivariana
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