Elsa Cardozo
El Nacional
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La noticia llegó el mismo día en que debían aterrizar los testigos de buena fe, mientras la oposición planteaba una reunión a solas con los tres Cancilleres y el Nuncio: “El canciller brasileño, Luiz Alberto Figueiredo 'ha sido convocado por la presidenta (Dilma Rousseff) a permanecer hoy en Brasilia', explicaron a la agencia Efe fuentes oficiales”. Así que habría que esperar una fecha que sería definida próximamente. Y lo fue: será hoy domingo, salvo noticia de última hora en contrario.
El caso venezolano es muy complicado para la diplomacia regional, pero la tentación de engavetarlo es tan grande como riesgosa.
Varios recordatorios sobre la Unión de Naciones Suramericanas vienen al caso. En Bolivia (2008), Ecuador (2010) y Paraguay (2012) la tarea de los doce miembros de la Unasur, que convocó reuniones por propia iniciativa para responder a situaciones críticas, consistió en defender la estabilidad de los gobiernos, centrándose en la protección del ejercicio de la Presidencia por su legitimidad de origen democrático. En Venezuela, el año pasado, el caso fue más difícil pues implicaba una discusión sobre el propio proceso electoral presidencial: entonces, ante un ajustado y cuestionable resultado, la Unasur acordó con el candidato-Presidente-transitorio y Presidente-recién-proclamado unos pasos a seguir para despejar las dudas de la oposición, pero no hizo seguimiento ni comentario alguno sobre los incumplimientos de ese compromiso.
En el camino también es pertinente hacer memoria sobre las posiciones de la Unasur en materia de seguimiento de procesos electorales. Allí se institucionalizó la opaca figura del acompañamiento que en Venezuela desplazó desde 2006 a la más rigurosa de la observación. En cuanto al compromiso democrático de esta organización, la fuerza que le confiere una lista de sanciones de creciente severidad se concentra en la protección de los mandatos presidenciales de origen electoral.
La erosión política e institucional venezolana, en cuya agudización y visibilidad internacional de los últimos tres meses ha tenido papel decisivo la represión estatal y para estatal, resulta particularmente incómoda para los miembros de la Unasur: incómoda pero ineludible. Coloca a este foro, tan apagado en los últimos dos años, ante una situación en la cual su inercia tiene dolientes, dentro y fuera de sus gobiernos y países. Añádase que, en otro registro, no es menor la responsabilidad gubernamental venezolana en el agravamiento de la vertiente económica de nuestra crisis (que el brasileño Lula da Silva y el ecuatoriano Rafael Correa han mencionado públicamente), derrumbe que afecta cada vez más los intereses de socios mayores y menores.
Los testigos de Unasur y los países a los que representan tienen sus razones para preocuparse por la actitud de de un Gobierno que cierra las puertas a la disposición de diálogo que, asumiendo sus riesgos políticos, ha mostrado la más importante organización política opositora. Ojalá esa preocupación se transformara en voluntad colectiva y efectiva de contribuir al arreglo institucional de una situación que se complica día a día, con cada sentencia, muerte, preso, violación de derechos, inhabilitación, destitución. Urge un consenso, respaldado por los miembros de la Unasur y el representante del Vaticano, para que el tercero de buena fe no sea solamente testigo que presencie ni mero buen oficiante que facilite encuentros, sino mediador comprometido con soluciones institucionales a la crisis venezolana, dispuestos a recoger propuestas, definir plazos y con voluntad de hacer seguimiento a la agenda acordada.
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