Henry RAMOS ALLUP
La demanda recientemente introducida por el diputado Diosdado Cabello
contra algunos de los directivos de “El Nacional”, “Tal Cual” y “La
Patilla” -raramente no todos- por los presuntos delitos de difamación e
injuria, vuelve a poner en el tapete los sempiternos temas de la
libertad de información versus el derecho de las personas a su honra,
reputación e intimidad, sean o no funcionarios públicos, y al de no ser
condenado sin ser oído en juicio justo con defensa cabal. La acción se
basa en el hecho de que los medios citados reprodujeron informaciones de
diarios europeos que difundieron declaraciones del exfuncionario
chavista Leamsy Salazar contra el diputado Diosdado Cabello,
vinculándolo con el narcotráfico. Extraño que el demandado no fuera el
exfuncionario sino los medios que reprodujeron sus declaraciones, en una
pirueta que pretende desaparecer las consecuencias dejando a salvo las
causas. Analizar este caso en el campo puramente jurídico donde debería
estar, resulta una bobería porque se sabe de sobra que es enteramente
político por parte del demandante y de los demandados. Además, invocar
el estado de derecho es un ejercicio inútil porque eso existe en
Venezuela sólo para los del Gobierno.
En cuanto al deber de los medios de informar veraz y oportunamente,
expresé en esta misma columna, a propósito de la venta de algunos de
ellos a personas presumiblemente amigas del régimen y ante la compunción
manifestada por algunos opinantes, que los medios privados aquí y en la
Cochinchina son empresas y que como cualesquiera otras están sujetas a
compra-venta, que las empresas tienen dueños, los dueños tienen
intereses y todo cuanto publican o dejan de publicar responde a sus
conveniencias. Así las cosas, imaginar la existencia de medios asépticos
oficiando en el sacrosanto altar de la libertad de expresión un culto
supremo a informaciones y opiniones impecablemente objetivas y
neutrales, constituye una ingenuidad.
Recuerdo que cuando el Gobierno de Luis Herrera prohibió transmitir
cuñas de licores y cigarrillos en radio y televisión, un canal privado
le acuñó un veto que le fue levantado 20 años después para reseñar
modestamente sus exequias. Si hechos como éste son graves e inadmisibles
tratándose de medios privados, mucho peores son las tropelías que
comete el Gobierno usando los medios públicos que no son de su propiedad
sino de todos los venezolanos. Y si ante cualquier exceso los medios
privados dan al menos derecho de réplica a los agraviados, esa
eventualidad jamás se produce en los que maneja el Gobierno.
El diputado Diosdado Cabello en su programa semanal “Con el mazo
dando” acusa permanentemente a personas e instituciones basado en
informaciones de supuestos “patriotas cooperantes” y allí nadie tiene
defensa ni derecho de réplica. Los agraviados tampoco pueden reparar su
honra y reputación mediante litigios porque los tribunales están sólo al
servicio del régimen. Si el diputado Diosdado Cabello invoca el derecho
de ser respetado en su honra y reputación y tiene familia que defender,
idéntico derecho tienen ios innumerables agraviados por los medios
públicos. Y si de equidad y reparaciones se tratase, el diputado Cabello
ha debido comenzar demandando al exfuncionario Leamsy Salazar y mucho
antes a Mario Silva quien lo acusó de graves hechos de corrupción en una
grabación telefónica, hecho por el cual fue suspendido de VTV durante
un año.
Henry Ramos Allup
@hramosallupHenry Ramos
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