Alertan que criminalización de protestas es política de Estado
El Universal, 20 de julio de 2009
Esta semana Provea advertía que 2.200 personas tenían procesos abiertos en los tribunales por protestar. Su coordinador general, Marino Alvarado, señaló que de esa cantidad, 120 son trabajadores, y alertó que la cifra puede aumentar aún más en el futuro.
"La criminalización de la protesta se ha convertido en una política de Estado", indicó el representante de Provea.
Eso es tan cierto, relató Alvarado, que el Gobierno ya lleva a cuestas tres leyes que castigan a los trabajadores por protestar bajo ciertas condiciones, lo que restringe el derecho a la huelga y vulnera la libertad sindical.
Entre estas normativas señaló la Ley de Seguridad de la Nación, el Código Penal y la Ley de Acceso a Bienes y Servicios. Pero el coordinador general de Provea aseguró que la Asamblea Nacional prepara al menos dos instrumentos legales más que reducirán las posibilidades de ejercer protestas laborales.
"El derecho a la huelga que está concebido en la Constitución viene siendo cada día más restringido a través de varias leyes", dijo Alvarado.
Igualmente, recordó que el Parlamento actualmente adelanta la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y que, por lo tanto, lo lógico será que esta norma se adapte a lo que se encuentra definido en las tres leyes antes mencionadas.
"Por la vía legal, la Asamblea Nacional se ha convertido en un instrumento para negarle a los trabajadores el derecho a la huelga", sentenció.
Paciencia perdida Pero Alvarado destacó que la culpa de la criminalización de la protesta no recae solamente sobre los hombros del Poder Legislativo, pues el Ejecutivo también es responsable de la situación.
El mejor ejemplo de esta situación es el silencio que ha mantenido el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social sobre los casos de persecución judicial en contra de trabajadores.
De hecho, el responsable de Provea acusó a la titular de ese despacho, María Cristina Iglesias, de ordenar la detención de cinco empleados de Pdvsa Gas Anaco, quienes lideraban una protesta el pasado abril en el Ministerio Laboral.
Alvarado explicó que estos actos denotan que el Gobierno se ha vuelto intolerante poco a poco en lo que a las manifestaciones se refiere.
"El Gobierno ha venido perdiendo paciencia ante las protestas porque debemos recordar que era bastante tolerante, pero desde hace cuatro años para acá, la situación ha cambiado", dijo el coordinador general de la organización defensora de los derechos humanos.
Por ello, vaticinó un incremento sin igual del número de personas sometidas a procesos penales por manifestar, pero lo que más le preocupa al representante de Provea es la posibilidad de que las medidas se endurezcan e incluyan el envío a prisión de los trabajadores que protesten. Hasta los momentos solo son sometidos a un régimen de presentación ante los tribunales en espera de que se inicien sus juicios.
Sólo repartía volantes Ya esta semana se observó el endurecimiento, cuando un tribunal de control del estado Anzoátegui prohibió a cinco dirigentes sindicales de la refinería El Palito promover o incitar asambleas, concentraciones y reuniones dentro de las instalaciones del complejo petrolero.
Precisamente este sector y las empresas básicas son los más afectados por la criminalización de las protestas laborales.
De los 120 afectados que contabiliza Provea, cerca de 30 trabajadores son de la industria petrolera, mientras que otros 25 son de Sidor.
Alvarado destacó que se ha llegado al colmo de abrirle un proceso judicial a un trabajador de una de las empresas básicas porque estaba repartiendo volantes en una esquina de la planta donde labora.
En general, observó que el panorama general no sólo implica una violación a los derechos humanos de los trabajadores, sino también una lesión para sus vidas laborales.
En tal sentido, el coordinador general de Provea relató que la organización tiene reportes de trabajadores que son sometidos a los regímenes de presentación -que pueden ser semanales, quincenales o mensuales- que han sido despedidos por sus patronos, porque la medida judicial afecta su productividad en la empresa.
Suhelis Tejero Puntes
EL UNIVERSAL
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