miércoles, 15 de julio de 2009

Trabajadores tribunalicios denuncian despidos masivos

EL UNIVERSAL, 15 DE JULIO DE 2009


Sindicatos judiciales anuncian un pliego conflictivo en respuesta a despidos (Venancio Alcázares)

Los jueces del país no sólo son los únicos que están sintiendo los rigores de la reestructuración del Poder Judicial que en marzo pasado aprobó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ayer, el Sindicato Unitario Organizado de Trabajadores de la Administración de Justicia (Suontraj) denunció que en las últimas semanas se han producido despidos masivos de empleados de distintos juzgados.

El presidente de la organización, Luis Galviz, informó que 80 trabajadores del Circuito Judicial Penal de Caracas (Palacio de Justicia de Cruz Verde) y otros 25 de Barvolento (Miranda) han sido removidos, sin ningún tipo de explicación más que la reforma aprobada por el máximo juzgado. Aseveró que entre los afectados figuran dirigentes sindicales, como es el caso de Kennedy Bolívar, quien representa a los trabajadores de los juzgados de municipio de Caracas (Los Cortijos).

Asimismo informó que tienen información de que antes de que finalice el año en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) espera despedir en total a mil empleados.

Sobre las vacantes, Galviz indicó que sus fuentes le habrían aseverado que ellas serían sustituidas por estudiantes de las universidades Bolivariana y de la Fuerza Armada.

El presidente de Sountraj dijo que hoy se reunirá con directivos de otros sindicatos para trazar las acciones a seguir y anunció que interpondrán un pliego conflictivo.

Interrogado sobre las posibles repercusiones de estas acciones, Galviz indicó: "Personalmente no nos estamos metiendo con nadie y como dirigente y organización sindical estamos en la obligación de exigirle al patrono, llamase Sala Plena o DEM que garantice la estabilidad laboral de los trabajadores y que cumpla con los beneficios y si eso se entiende como un ataque, pues será un ataque".

Por último, el dirigente laboral indicó que esta coyuntura se suma a la demora en la discusión de la contracción colectiva y a algunos incumplimientos como el pago del fideicomiso desde 2006.

Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL

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