Todos los "delitos mediáticos" se castigarán con cárcel
EL UNIVERSAL
Ni Zuloaga ni Ravell ni Granier. Cualquier persona que divulgue una información que se considere "falsa" o "manipulada" y que vaya en "perjuicio de los intereses del Estado" o la "moral pública", podrá pasar hasta cuatro años tras las rejas.
El artículo 5 del proyecto de Ley especial contra Delitos Mediáticos, que presenta hoy ante la Asamblea Nacional la fiscal Luisa Ortega Díaz, establece: "Toda persona que divulgue a través de un medio de comunicación social, noticias falsas que ocasionen grave alteración a la tranquilidad pública, pánico en la población, la hubieren mantenido en zozobra, que haya alterado el orden público, que hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado, será castigada con una pena de prisión de dos a cuatro años".
El mismo escarmiento se infligirá al ciudadano que "manipule o tergiverse la noticia", "lesionando la paz social, la seguridad nacional, el orden público, la salud mental o la moral pública". La norma redactada por la jefa del Ministerio Público consta de 17 apartados. Todos los "delitos" tipificados en la propuesta: Manipulación de noticias; negativa a revelar información; coacción mediática; omisión voluntaria de suministrar información; instigación; y obstaculización de actividades de medios de comunicación, son sancionados con cárcel. La pena mínima es de seis meses y la máxima de cuatro años.
Iguales en prisión La herramienta no sólo pretende controlar a los dueños y directivos de los medios. El artículo 3 señala que "pueden incurrir en la comisión de estos delitos" productores nacionales independientes, periodistas, locutores, conferencistas, artistas "y cualquier otra persona que se exprese a través de cualquier medio de comunicación".
Ortega Díaz define en su texto qué son "delitos mediáticos": "Las acciones u omisiones que lesionen el derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, que atenten contra la paz social, la seguridad e independencia de la nación, el orden público, la estabilidad de las instituciones del Estado, la salud mental o moral pública, que generen sensación de impunidad o de inseguridad y que sean cometidas a través de un medio de comunicación social".
Pedro Pablo Peñaloza
EL UNIVERSAL
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