Proyecto del presidente Chávez controlará 58,57% del espectro
En aras de "democratizar el espectro radioeléctrico" y "acabar con el latifundio en la radio", el cierre de emisoras anunciado por el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, significará el control del espectro radial por las estaciones comunitarias y estatales.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), existen en el país 1.004 emisoras de radio entre las que operan en Amplitud y Frecuencia Moduladas (AM y FM), de ellas están en manos privadas 656, mientras 243 son comunitarias y 105 del Estado.
Tras el cierre y transferencia a manos oficiales de 240 emisoras que actualmente son privadas y que según Conatel no actualizaron sus datos en el reciente censo, ocurrirá que las estaciones comunitarias y estatales sumarán el 58,57% de todo el espectro en lo que se refiere a la radiodifusión.
De las 416 emisoras que le quedarán al sector privado (41,43%), 125 presentan -según Conatel- problemas con el pago de sus impuestos, por lo que son candidatas a incorporarse al circuito rojo. Pero ello no queda allí, pues la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, después de analizar los datos suministrados por los propietarios de las concesiones radiales, decidirá si éstas cumplen con todos los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para seguir operando.
Las fallas de Conatel Con motivo de la aprobación en el año 2000 de la Ley de Telecomunicaciones, se estableció que Conatel debía transformar los permisos y concesiones otorgados con la legislación anterior en habilitaciones administrativas y se ordenó que mientras ocurría la transformación, todos los derechos y obligaciones anteriores permanecerían en pleno vigor.
El plazo para que Conatel cumpliera con esa misión era de dos años, sin embargo, no lo hizo.
La obligación incumplida de parte de Conatel, pretendió despacharla con un censo, algo que Nelson Belfort, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Radiodifusión, cuestiona. "Se ha creado un limbo jurídico que ha durado nueve años y hemos sido los radiodifusores los que hemos ido a ellos (a Conatel) constantemente para buscarle soluciones y lamentablemente el ministro (Cabello) en 15 días de actualizaciones de datos y siete días hábiles de decisión, decide acabar con 240 emisoras y eso no lo aceptamos", señala.
El principal argumento del ministro Cabello para que el Gobierno se quede con buena parte del espectro en radio, es que las emisoras no presentaron una documentación ante Conatel.
Sin embargo, en la Ley de Telecomunicaciones no está estipulado que responder a un censo sea parte de los supuestos para quitar una concesión radial. "Él está suponiendo que el que no se presentó quería desistir y eso no es así", señala Belfort y añade que "rechazaron los papeles a PRIORI, porque no podía ir alguien en representación del dueño de la concesión".
Un problema adicional viene por la situación de emisoras de radio que cumplían con el ordenamiento legal anterior a la ley del año 2000 y que han pedido regularizar su situación para adaptarse al instrumento jurídico, sin obtener respuesta de Conatel.
Por ejemplo, la ley actual señala que para transferir una concesión a otra persona se debe contar con la autorización de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, sin embargo, a esos trámites tampoco hubo respuesta.
Según Marieta Hernández, consejera de la Cámara, por ello ocurrieron casos como el de un titular de una concesión radial, quien hizo los trámites correspondientes ante Conatel para cambiar la titularidad y tiempo después falleció. Ahora, esa emisora quedará fuera del aire porque no se le dio respuesta oficial a su trámite.
"No te pueden penalizar por algo que era legal. La primera gran falta es del Estado, nosotros hemos sido proactivos para tratar de normalizar la situación", destacó Belfort.
Sin embargo, a pesar de lo que Conatel considera hoy como irregularidades, su acción ha legitimado a las estaciones. "Dentro de todo este tiempo, vienen exigiendo los impuestos y tolerando que las emisoras sigan funcionando", destaca por su parte Hernández.
Desinformación Los radiodifusores se quejan además de la falta de información. El Gobierno decidió quitarle las emisoras a un grupo de ellos y no saben quiénes son los incluidos en la lista negra.
Incluso, cuando Conatel ha abierto procedimientos administrativos sancionatorios contra Globovisión, el canal de noticias ha recibido la notificación respectiva. En los casos de las estaciones de radio, reina el silencio oficial y no saben ni siquiera la falla por las que son señalados.
"Por como están procediendo, de acuerdo con maneras y criterios y no por la ley, no se trata de que si fue que faltó una estampilla se trata de un atropello a la radiodifusión privada (...) se trata de un asunto político, sostiene el presidente de la Cámara de Radio.
Así lo ven La opinión de que el caso no es eminentemente jurídico es secundada incluso desde Conatel, así lo confirma una alta fuente de ese ente.
"No hay intenciones de democratizar el espectro radioeléctrico. El trasfondo es político y detrás hay una cantidad de alcaldes, diputados y gobernadores interesados en emisoras", declaró la fuente.
Asegura que las concesiones que se quiten a la empresa privada no quedarán en manos del Estado, "porque no se puede permitir la existencia en la radio de cientos de TVes (Televisora Venezolana Social), que generen muchos egresos y nadie vea".
No obstante, la fuente oficial defiende el cumplimiento de la ley de Telecomunicaciones en cuanto a que se permita la existencia de una sola concesión por banda en cada estado.
Explica que la gran cantidad de emisoras en pocas manos genera una cartelización que impide a otras estaciones competir comercialmente.
Los efectos de los cierres Las consecuencias del cierre masivo de emisoras que según Marieta Hernández "no tiene precedentes en el mundo", recaen sobre un gran número de personas que viven de la radiodifusión en Venezuela.
Según la Cámara de Radio, de concretarse la amenaza, más de 5.000 familias venezolanas perderán sus medios de sustento.
Destacan que las pequeñas y medianas empresas de radio emplean numerosas personas incluyendo operadores, locutores, personal técnico, administrativo y obrero, quienes pasarían a ser desempleados.
La medida afectará también a unos 200 periodistas y a más de 1.500 productores nacionales.
"El tema no es que le están quitando a un medio una frecuencia, es que le están quitando a los radioescuchas una opción", dice Nelson Belfort y asegura que los afectados serán los 27 millones de venezolanos.
En la Cámara Venezolana de la Radiodifusión están analizando las medidas legales que pueden tomar al respecto, "pero lo primero es un llamado a que las cosas no se hagan de la forma que se ha planteado", dice.
Por lo pronto, en las emisoras privadas del país esperan con angustia la lista de las que desaparecerán del espectro y que darán paso al latifundio rojo en la radio. La información no ha sido suministrada aún por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, adscrita al ministerio de Diosdado Cabello.
Reyes Theis
EL UNIVERSAL
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