PEDRO PABLO FERNANDEZ
Este lunes 7 de julio se reunió el Congreso de Conindustria. El evento no se quedó en discursos, por el contrario, plantearon propuestas concretas para reactivar el aparato productivo e industrializar al país en los próximos 10 años. “Visión Venezuela Industrial 2025. La Ruta” es un documento muy completo que refleja un esfuerzo serio y profesional de gente comprometida con el futuro de nuestro país.
Durante el evento, José Tavares Araujo, Director del Centro de Estudios de Integración y Desarrollo del Brasil, hizo una exposición muy interesante sobre el proceso de industrialización más exitoso de América Latina.
Brasil vivió una crisis económica severa a principio de los 90. Llegó a tener la inflación por sobre 5.000% anual, pero bajo el liderazgo del presidente Cardozo, primero como Ministro de Economía y luego como Presidente durante dos periodos, llevó adelante un proceso de estabilización y modernización de la economía que generó confianza y permitió sentar bases para un crecimiento económico sostenido.
El esfuerzo de Cardozo encontró continuidad en los sucesivos gobiernos del presidente progresista, Fernando Lula Da Silva, cuyas políticas contribuyeron a sacar a más de 40 millones de brasileños de la pobreza.
La reducción de la pobreza se sustentó en dos pilares: en la generación de empleo del sector privado productivo estimulado por un gobierno que aplicaba políticas públicas favorables a la inversión y en el desarrollo de una política social eficiente.
La experiencia de Brasil nos demuestra que podemos superar la crisis profunda que estamos viviendo en el corto plazo si hacemos las rectificaciones necesarias.
La experiencia brasileña nos ofrece lecciones interesantes. La primera es que se debe corregir los desequilibrios macroeconómicos y para eso es indispensable fortalecer las instituciones encargadas de la política fiscal y monetaria.
El Banco Central es de las pocas instituciones del Estado que ha mantenido un alto nivel profesional, pero tenemos que rescatar la autonomía perdida a raíz de la reforma de 2008 que permitió al Gobierno el uso discrecional de las reservas internacionales y el financiamiento del gasto público con dinero inorgánico.
En segundo lugar, tiene que haber un marco institucional que cree incentivos para la inversión y eso pasa necesariamente por garantizar el respeto a la propiedad privada. Es indispensable desmontar toda legislación que constriña el ejercicio libre de la actividad económica, así como las vías de hecho a través de las cuales se amenaza el derecho a la propiedad como son las expropiaciones y confiscaciones que se realizan sin apego a las normas que rigen su aplicación.
Por otro lado es fundamental revisar la legislación laboral que impide al sector productivo competir en un mundo globalizado. Una legislación que pretende proteger a los trabajadores pero termina estimulando a los “echa-carro” en perjuicio de la productividad y de quienes sí se esfuerzan por su crecimiento. Con esa legislación toda la inversión que pudiéramos traer al país para generar empleo termina yendo a otra parte.
Además, se hace indispensable una política cambiaria que deje de incentivar la importación en detrimento de la producción nacional. Es imposible pedirle a un productor en Venezuela que siga apostando al país, asumiendo riesgos, en un entorno hostil, con regulaciones excesivas, con una legislación laboral que hace ineficiente a la empresa y sin un estado de derecho que lo proteja cuando puede obtener una rentabilidad mucho mayor solicitándole unos dólares baratos al gobierno para importar.
El documento plantea la necesidad de trabajar para mejorar la productividad y para eso es fundamental diseñar políticas públicas conjuntas entre el Gobierno y el sector privado. La única manera de que la reactivación del aparato productivo termine convirtiéndose en mejor calidad de vida para los venezolanos y en mejores ingresos para los trabajadores es incrementando la productividad de la fuerza laboral y para eso la clave es invertir en educación, en investigación y en tecnología.
La Ruta “Visión Venezuela Industrial 2025” implica una rectificación profunda de la política del Gobierno. Terminando el evento Aimara Lorenzo, moderadora de un panel de cuatro personas preguntó si ese proyecto no suponía necesariamente que tenía que producirse un cambio de gobierno y agregó, consciente de que la pregunta era incómoda, que no admitía el silencio como respuesta. Jorge Roig, Presidente de Fedecámaras, fue quien salió adelante y sin titubeos dijo: “Mientras se presenta una vía constitucional para cambiar de gobierno todos tenemos que trabajar porque el gobierno cambie y corrija sus políticas”.
Celebro que existan en el país empresarios que con todas las condiciones adversas siguen apostando y arriesgando en Venezuela. Ellos va a ser los pilares fundamentales sobre los cuales vamos a sacar a Venezuela adelante.
pfernandez@ifedec.com
@pedropabloFR
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