Grupo La Colina

Desmantelamiento de una democracia

Editorial de El Mercurio de CHILE

17 de agosto de 2009

Es un eslabón más en la cadena de medidas que el gobernante ha adoptado durante este año. Gracias a un referéndum, en febrero logró su propia reelección indefinida. En marzo ordenó a las Fuerzas Armadas tomar el

control de todos los aeropuertos, carreteras y puertos que a juicio del gobierno "mostraran deficiencias". Los primeros en ser intervenidos fueron Puerto Cabello y Maracaibo, cuyos gobernadores eran de oposición. Días después suspendió a cuatro juezas de sus funciones, por haber mantenido una presunta "reunión secreta" con el alcalde de Maracaibo, Manuel Rosales, prominente líder opositor, a quien la fiscalía acusó de enriquecimiento ilícito, solicitando su arresto preventivo; Rosales obtuvo asilo político en Perú. En abril, el Congreso, controlado por el oficialismo, aprobó la creación de la figura del jefe distrital, un cargo designado por el Presidente y por encima del alcalde de Caracas, el opositor Antonio Ledezma, para quitarle a éste la mayoría de sus atribuciones.

En mayo se expropiaron 70 empresas de servicios petroleros que operaban en el lago Maracaibo, lo que dejó a 10 mil venezolanos sin empleo.

Durante todos estos meses ha librado una guerra frontal contra los medios de comunicación no oficialistas, a los que califica como "latifundios". Primero fue Globovisión, canal crítico al gobierno. La casa de su presidente fue

allanada; se confiscaron autos de una concesionaria de su propiedad, y simpatizantes chavistas atacaron sus instalaciones con gas lacrimógeno.

Además, la señal fue multada con 2,5 millones de dólares por supuestas irregularidades tributarias. El canal RCTV, opuesto al régimen, ya fue cerrado hace dos años.

Luego, el gobierno anuló las licencias de transmisión a 34 radioemisoras que supuestamente operaban sin autorización, en un primer paso contra una lista de 240 (40 por ciento del total nacional). Y un proyecto de ley sobre "delitos mediáticos", en actual trámite, limita el desempeño periodístico y la libertad de expresión misma.

A comienzos de agosto, Chávez intervino dos grandes cafetaleras y amenazó con expropiarlas, argumentando que estaban causando escasez para subir los precios.

En estos días, la prensa ha denunciado el colapso del sistema estatal de salud, que atiende al 70 por ciento de los venezolanos, por falta de presupuesto, personal médico e infraestructura. La semana pasada, el gobierno

logró la aprobación de su proyecto de reforma educacional, un nuevo tema que enfrenta a los habitantes de ese país.

Entretanto, un informe del Congreso de EE.UU. señaló que Venezuela se está convirtiendo en un "narcoestado", cuya exportación de drogas aumenta, con la complicidad de funcionarios civiles y militares del gobierno de Chávez. Por su parte, Bogotá denuncia que las FARC tienen en su poder armas suecas vendidas a Caracas.

Ante este sistemático desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela, la comunidad internacional se pregunta cuál será el próximo paso.