El Universal, 29 de agosto de 2009
Para la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, las protestas que en los últimos días ha organizado la oposición contra la recién aprobada Ley Orgánica de Educación no tienen como objetivo mostrar el descontento de un sector del país con el texto, sino provocar la caída del gobierno del presidente Hugo Chávez y, por ello, advirtió que procesará a todo aquel que organice y participe en cualquier acto de este tipo. "Se está generando enfrentamientos entre los venezolanos, trancando calles, impidiendo el libre tránsito de los venezolanos y alterando la paz pública (...) Presumo que el propósito es atentar contra el presidente de la República y contra el sistema de principios previstos en la Constitución", afirmó, al tiempo que lanzó la siguiente amenaza: "El Ministerio Público no va a permitir que esto continúe, quien altere la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, que atente contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento, incluso, no sólo de los autores materiales, sino también de los intelectuales y quien desestabilice al Gobierno lo vamos a enjuiciar". Ortega Díaz emitió las declaraciones antes reseñadas en el programa En sintonía con el Ministerio Público, que todos los viernes transmite Radio Nacional de Venezuela (RNV). Asimismo, la garante de la legalidad no dudó en comparar el clima de crispación provocado por la nueva ley educativa con el que se vivió días antes del golpe del 11 de abril de 2002, razón por la cual alertó a quienes participen en cualquier actividad contra la norma que podrían estar incurriendo en el delito de rebelión civil. El Código Penal, en su artículo 143, establece sanciones de 12 a 24 años de presidio para "los que se alcen públicamente, en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando" y aquellos que "sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado a la nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República". La fiscal general también advirtió a todos aquellos que están proponiendo desconocer las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación que esto también acarrearía consecuencias y los invitó a deponer esa actitud y acatar la norma aprobada por la Asamblea Nacional. Respecto a las objeciones tanto de la oposición como de otros sectores del país, Ortega Díaz dijo sentirse sorprendida porque muchas de las personas que han salido a marchar contra el texto han demostrado no saber cuál es su contenido. Acto seguido leyó el artículo 17 de la polémica ley, el cual establece que las familias son corresponsables junto al Estado de la educación de los niños, y se preguntó: "¿Quién puede estar en contra de esto? (...) Eso no les importa a estas personas, pues ellas utilizan cualquier motivo para marchar, para crear caos, lo que sea, lo que quieren es desestabilizar". La jefa del Ministerio Público, no obstante, no se refirió a las disposiciones transitorias del instrumento, las cuales dejan en manos del ministro de Educación asuntos tales como la potestad de clausurar colegios privados e inhabilitar a sus directivos y la redacción de los reglamentos sancionatorios del personal docente y de aquel que establecerá la forma como ingresarán y ascenderán éstos.
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