EL PAÍS
Aunque recientes pronunciamientos internacionales, como la proposición no de ley aprobada el martes en el Congreso de los Diputados de España,
suelen pedir al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de dirigentes
opositores detenidos en cárceles venezolanas, como el del partido
Voluntad Popular, Leopoldo López, y los alcaldes Antonio Ledezma y Daniel Ceballo, estos no son los únicos.
Con frecuencia esas menciones explícitas soslayan los nombres de
otros prisioneros de conciencia que languidecen en los calabozos de la
policía política, de cárceles militares y hasta de penitenciarios para
delincuentes comunes en Venezuela. A pesar de que los nombres de muchos de ellos no ocupen primeras planas y la lucha por su libertad no sea tan mediática.
Este miércoles, como parte del conteo que regularmente lleva su
organización, el Presidente Ejecutivo del Foro Penal Venezolano, Alfredo
Romero, dio a conocer que son 89 las personas que permanecen en prisión
por motivos políticos en Venezuela.
De ellas, 43 corresponden todavía al grupo de más de 3.000 detenidos durante las protestas callejeras que asolaron diversas ciudades del país entre febrero y junio de 2014.
El Foro Penal venezolano es una organización no gubernamental
constituida en 2004, que agrupa a destacados abogados y activistas. Se
especializa en brindar asistencia legal gratuita a víctimas de
violaciones de los derechos humanos.
Según Romero, en lo que va de 2015 han sido liberados 26 de los
detenidos en las manifestaciones del año pasado. Sin embargo, los
excarcelados con frecuencia quedan en libertad condicional. Así se suman
al grupo de 2.006 procesados en libertad por causas políticas, sujetos a
un régimen de presentación ante tribunales y, en no pocos casos, bajo
medida de prohibición de salida del país.
No todos los presos políticos son del lote de los detenidos durante
las protestas de 2014. Cinco presos están encarcelados desde hace meses
por difundir, a través de redes sociales, mensajes que los servicios de
inteligencia consideraron desestabilizadores.
También permanecen presos desde hace diez años los integrantes del
grupo de oficiales de policía a los que la justicia, dominada con
riendas cortas por el oficialismo, atribuyó las muertes previas al Golpe
de Estado que en 2002 desalojó del poder por 47 horas al entonces
presidente Hugo Chávez.
Entre ellos destaca el comisario Iván Simonovis quien, por razones de
salud, recientemente recibió el beneficio de casa por cárcel.
Solo dos de los activistas prisioneros, Alexander Tirado y Raúl
Baduel, permanecen en cárceles comunes, que están entre las más
peligrosas del hemisferio. Baduel es hijo del general del ejército Raúl
Isaías Baduel, ex ministro de la Defensa y miembro de la logia militar
desde la que, en 1992, el entonces comandante Hugo Chávez —del que era
compadre— intentó tomar el poder con un alzamiento en febrero de 1992.
Chávez ordenó poner preso a Baduel padre en 2009, bajo acusaciones de
malversación de fondos públicos. Poco antes de eso, el general había
roto públicamente sus relaciones con el chavismo gobernante. Hoy sigue
en cautiverio en la cárcel militar de Ramo Verde.
El gobierno de Maduro insiste en que todos estos casos corresponden a
causas judiciales abiertas por delitos cometidos por los procesados, y
no por su militancia política. De allí que sus voceros, incluyendo al
propio presidente, echen mano al juego de palabras según el cual en
Venezuela no hay “presos políticos” si no “políticos presos”.
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