Uno ve a la fiscal general de la república ufanándose porque
–en lo que va de año– su despacho ha detenido a 52 funcionarios
sospechosos de vulnerar los derechos humanos; uno la ve, digo, tan
oronda, tan satisfecha, y uno no entiende, uno se pregunta: ¿De qué
diablos se enorgullece? ¿Por qué celebra esa atrocidad?
Resulta
que Luisa Ortega Díaz se presentó esta semana en la Asamblea Nacional y,
por primera vez desde 2009, ofreció cifras e información clara sobre el
proceso a oficiales investigados y detenidos por violaciones de las
garantías constitucionales. Durante todos estos años, incluido el
conflictivo 2014, con la controvertida y cuestionada actuación de los
cuerpos de seguridad, a Ortega Díaz no se le había ocurrido ser
medianamente transparente y mostrar datos detallados sobre estos casos a
toda la ciudadanía. Tal vez no le pareció necesario. O pertinente.
Claro que ahora todo es distinto. Ahora sí hay que rendir cuentas porque
estamos enfrentados aguerridamente al imperio.
Por supuesto que
la fiscal general de la república se explayó diciendo que Estados Unidos
no tenía ningún derecho de decretar nada. Y además señaló que solo
estaban buscando nuestro petróleo. Y también dijo que los gringos no
tienen ninguna moral para venir a hablarnos de derechos humanos. Y se
puso en modo retroactivo y habló de El Amparo, de Yumare, de Cantaura…
Como si, en el país, la historia de la represión hubiera terminado de
forma instantánea en 1999.
En ese mismo acto, sin embargo,
reconoció que, en estos 3 meses, han sido imputados 120 agente
policiales y efectivos militares por violación de los derechos humanos.
Aunque no abundó con más informaciones, la estadística ya de por sí es
aterradora. Contrariamente a lo que tal vez pretende, más que destacar
el trabajo de la Fiscalía, delata el espanto de las fuerzas de
seguridad del Estado. Luis Carlos Díaz, en un acertado tuit, se
preguntaba si la cifra podía referirse como “casos aislados” o más bien
como una “cultura del trabajo”. El reporte que presentó la fiscal fue
también un informe corporativo, una muestra de cuál es la concepción que
guía el ejercicio represivo del gobierno.
También esta semana, según una nota aparecida en el periódico El Universal,
el Centro de Derechos Humanos de la UCAB presentó los resultados de un
estudio que resulta muy revelador. Según la investigación, basada en los
expedientes de los tribunales, “el Ministerio Público no fue capaz de
presentar elementos de convicción para acusar y pasar a juicio a 80% de
los detenidos durante las protestas antigubernamentales de 2014”. Con
este porcentaje, debería enjuiciarse toda la retórica oficialista, la
millonaria y feroz estrategia mediática, dedicada a satanizar las
protestas del año pasado.
Parte de esa campaña, implementada y
desarrollada desde los medios públicos, se ha dedicado a descalificar a
varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los
derechos humanos. Tanto en el canal 8 como en el Correo del Orinoco
se ha acusado a estos grupos de ser instrumentos de la derecha
conspiradora, financiados por la CIA. No muestran una sola evidencia
fáctica. Una prueba. Para condenar al otro, solo es necesaria la opinión
del poder.
En septiembre del año pasado, Ortega Díaz aseguró que
en Venezuela no había detenidos por causas políticas. Dijo que quienes
se encontraban tras las rejas habían cometido crímenes “cuyas
características son eminentemente de delitos comunes”. Esa versión de la
realidad ya es insostenible. Cada día será más difícil tapar el
descontento, la rabia, la desazón.
La Cumbre de Panamá es como una
Disneylandia para la revolución. Se pusieron todos sus orejitas
antimperialistas, gozaron un puyero en la noria de las firmas. Se
tomaron fotos con el puño alzado. El Pato Donald visita Sierra Maestra.
Pero todo termina, no hay remedio. Y deben regresar a la realidad. A las
estadísticas. A un país donde cada vez más se violan los derechos
humanos, donde protestar puede ser es un delito común.
No hay comentarios:
Publicar un comentario