ALBERTO ARTEAGA
EL NACIONAL
En los casos políticos conocidos por la justicia penal
venezolana se ha creado una normativa paralela siniestra que ha impuesto
una nueva realidad jurídica que nada tiene que ver con nuestra
Constitución ni con los códigos penales. Y lo más grave es que las
prácticas instauradas han recibido carta de ciudadanía por parte de los
órganos encargados de velar por la ley y los derechos ciudadanos.
Una
investigación penal se inicia, y ello se reconoce en los escritos
oficiales del Ministerio Público y de los tribunales, por una
comunicación del Sebin en la cual se señala que se ha tenido
conocimiento de los hechos “a través de una fuente viva” o de “un
patriota cooperante” que, siendo absolutamente anónimo, revela planes
desestabilizadores en el país, los cuales pueden comprometer a una
persona por el simple hecho de encontrarse su nombre en una libreta
incautada a alguno de los presuntos golpistas, que son tan eficientes
que no han concretado ninguna acción violenta, ni siquiera en etapa
preparatoria, ya que solo se le atribuyen en videos de dudosa
procedencia y que, sin valor alguno probatorio,ni siquiera llegan a
propuestas chambonas de conspiradores de cafetín.
Esto
queda de manifiesto en el caso Ledezma, para citar un solo ejemplo,
encontrando en un escrito fiscal lareferencia al conocimiento obtenido
“a través de una fuente viva”, tan viva que no se conoce, ni se
identifica, ni asume responsabilidad alguna, careciendo de todo valor y
siendo incompatible con nuestro sistema de garantías.
Por
lo demás, tamaño disparate conduce a una solicitud de orden de
aprehensión acordada por un Tribunal ante una petición del Ministerio
Público, la cual no deriva de una investigación seria en la que se
acredite la comisión de un delito, elementos que comprometan la
responsabilidad de alguien y peligro de fuga, sino que se produce sin
fundamentación alguna y sin razones de urgencia y necesidad, las cuales,
de existir, solo eximen de la previsión escrita por parte del tribunal
ante la inminencia de escapar a la justicia, cuando se ha avanzado en la
etapa investigativa y se han recogido elementos serios y convincentes
para una detención preventiva.
Y aunque usted no lo crea, siendo
así que la Constitución consagra el derecho a ser juzgado en libertad,
salvo que exista peligro de fuga y siempre que se den otros supuestos,
se asienta, en manifiesta burla a la inteligencia y a los derechos del
procesado que el peligro de fuga se infiere del hecho de tener el sujeto
(se refiere al mismo Ledezma) “un trabajo estable”, por lo cual se
presume su capacidad para permanecer oculto o inclusive abandonar el
país. Esto es, por argumentoa contrario, un vago redomado no ofrece
peligro de fuga, pero sí lo ofrece un ejemplar trabajador, consecuente
con sus obligaciones y, por tanto,“sospechoso”. Este razonamiento
absurdo es una afrenta a la lógica y a la inteligencia, siendo
precisamente lo contrario lo que se ajusta a la sensatez. Quien tiene un
trabajo estable, máxime de responsabilidad ante la población por estar
legitimado por el voto popular, debe ser respetado en su derecho a la
presunción de inocencia y a ser juzgado en libertad.
Por lo demás,
la imputación se reduce “planes conspirativos y desestabilizadores”
que, por ello, son solo planes, no encuadrables en la categoría de actos
preparatorios y que emergen de haberse obtenido información que
demuestra que “el in comento objeto de la investigación” (¿?)ha estado
vinculado con casos como “el Aviador”, relacionado también con “planes
conspirativos” y quien “se suicidó” en el Helicoide bajo la estricta
responsabilidad del Estado, garante de su seguridad, vinculación que
surge para Ledezma por el hecho de encontrarse su número entre los
contactos telefónicos de Rodolfo González, a lo cual se uniría la
información de un delator o informante arrepentido que habría
involucrado al Alcalde Metropolitano en un plan para asesinar a Leopoldo
López y sustituirlo en su liderazgo.
Otros pretendidos elementos
de convicción estarían referidos a un “in comento” que lo relaciona con
otros “conspiradores” y, sobre todo, el haber suscrito un documento
público, expuesto a la luz del día, abierto, participativo, en el cual,
junto a otros líderes y a un sinnúmero de venezolanos, se censura al
Gobierno y se propone un acuerdo para la transición que no es más que un
documento político de crítica al estado de cosas actual, que propone
cambios profundos y en el que se exaltan los valores consagrados en la
Constitución, por lo cual en forma alguna se plantea destruir nuestra
forma política republicana, sino rescatarla.
Evidentemente, no
puede dejar de mencionarse la absurda calificación de la actuación de
Ledezma como miembro de un grupo de delincuencia organizada, exabrupto y
disparate que solo puede tener cabida en quienes viven con la obsesión
de un golpe que en otras épocas auspiciaron, dejando un saldo de
víctimas inocentes y un daño gravísimo a la institucionalidad.
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