(Madrid, 15.04.15).- Tras
un intenso debate el Congreso de los Diputados de España aprobó un
acuerdo con 306 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención en el que
insta a “la liberación inmediata” de Leopoldo López, Daniel Ceballos y
Antonio Ledezma, opositores venezolanos “arbitrariamente encarcelados”
por el régimen de Nicolás Maduro.
El acuerdo, pactado entre el
Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), pide
al Gobierno del presidente Mariano Rajoy que defienda ante la comunidad
internacional y ante el Ejecutivo Nicolás Maduro la excarcelación de
López, Ledezma y Ceballos así como de “los demás opositores,
manifestantes y estudiantes” en prisión. La proposición no de ley ha
salido adelante con los votos a favor de todos los grupos salvo los de
la Izquierda Plural y Amaiur, ERC y BNG. El Parlamento Europeo aprobó el
pasado 13 de marzo una resolución similar a la de la Cámara baja con
los votos en contra de Podemos e Izquierda Unida.
La iniciativa del Congreso español
recuerda ese pronunciamiento del Europarlamento, así como otros del
secretario general de Naciones Unidas, de la OEA y de varios Gobiernos
americanos. Los expresidentes José María Aznar y Felipe González (quien
además ha asumido la defensa jurídica de López y Ledezma) han firmado
junto a otros 26 expresidentes de América Latina una declaración por el
“restablecimiento de la democracia en Venezuela”.
"Hasta la fecha, ningún tribunal
ha podido demostrar las acusaciones presentadas contra Leopoldo López",
señala la proposición no de ley, que incide también en que "las
principales instancias internacionales han calificado sus condiciones de
detención como denigrantes y advierten de que ponen en riesgo su
integridad física y psíquica". "Las principales organizaciones no
gubernamentales encargadas de velar por los derechos humanos y el
ejercicio elemental de la libertad política y de manifestación, desde
Amnistía Internacional hasta Human Rights Watch, han calificado las
detenciones de los dirigentes opositores venezolanos como ilegales y
arbitrarias", recoge el texto.
“Conviene llamar a las cosas por
su nombre. Venezuela es hoy una dictadura”, ha asegurado desde la
tribuna del Congreso Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, al
presentar la proposición. La parlamentaria ha indicado que un centenar
de dirigentes opositores se encuentran encarcelados en Venezuela “por
ejercer el derecho a la discrepancia política” y ha cargado contra
quienes en España “mantienen con el chavismo una relación de intimidad
antidemocrática, que no quieren o no pueden condenar la dictadura
chavista”.
También el representante del PSOE,
Francisco González Cabaña, ha censurado una situación que “no es propia
de un Estado democrático de derecho”. El PSOE ha defendido al mismo
tiempo una “solución negociada” entre el Gobierno y la oposición
venezolana. González Cabaña ha reprochado a la Izquierda Plural que no
condenara la detención “ilegal” de los opositores. “Los derechos humanos
no admiten matices”, ha afirmado González Cabaña.
El partido Podemos, que votó en
contra de la iniciativa en Bruselas, ha explicado que sí habría apoyado
la aprobada este martes en el Congreso con dos condiciones: que quedaran
“excluidas las sanciones al Ejecutivo venezolano” y que “se enmarque en
un llamamiento al diálogo como vía de solución pacífica de los
problemas no solo de Venezuela, sino del resto de países”, indica el
responsable de Internacional de la formación morada, Pablo Bustinduy.
Ciudadanos, que tampoco está
presente en el Parlamento, se muestra favorable a la iniciativa.
“Votaríamos a favor porque estamos a favor de las libertades y de los
derechos fundamentales en Venezuela”, ha señalado José Manuel Villegas,
miembro de la Ejecutiva de Albert Rivera. “Hay bastante consenso en la
opinión pública internacional de que las detenciones se enmarcan un
atentado contra el derecho a discrepar y los derechos políticos en
Venezuela”, concluye Villegas.
Este pronunciamiento del Congreso
Español se suma al pedimento de libertad inmediata de López recibido de
parte del Papa Francisco, los presidentes Barack Obama (Estados Unidos),
Juan Manuel Santos (Colombia), Mariano Rajoy (España), Ollanta Humala
(Perú), el canciller de Canadá John Baird, el Parlamento de Canadá,
Parlamento Europeo, el Senado de Chile, diputados de Nicaragua,
Guatemala y El Salvador; 31 ex presidentes de Iberoamérica, entre los
que figuran Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Oscar Arias (Costa
Rica), Bill Clinton (Estados Unidos), Andrés Pastrana (Colombia), Felipe
González y José María Aznar (España), Sebastián Piñera, Eduardo Frei y
Ricardo Lagos (Chile), Felipe Calderón (México), Sixto Durán Ballén
(Ecuador), Ricardo Martinelli (Panamá), Hipólito Mejía (República
Dominicana); el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU,
Zeid Ra’ad Al Hussein; Irwin Cotler, abogado del ex presidente
surafricano Nelson Mandela, y organizaciones mundiales como la ONU,
Amnistía Internacional, Human Right Watch, Human Right Foundation, Forum
2000, Solidaridad Democrática, el Club de Madrid, la Federación
Latinoamericana de Alcaldes y Foro Iberoamérica, entre otros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario