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¿Cómo impactan las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos?

Víctor Salmerón

PRODAVINCI

Tras considerar ilegítimas las elecciones del pasado 20 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que incrementa las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro. La medida prohíbe a los bancos, empresas, particulares y en general a cualquier entidad de Estados Unidos, participar en una serie de transacciones que permitirían financiar a corto plazo al gobierno venezolano, Pdvsa –la empresa petrolera en manos del Estado– y el Banco Central.

Este paso se añade a las sanciones de agosto de 2017, cuando Washington condenó la “apropiación de poder” por parte de la Asamblea Nacional Constituyente e imposibilitó la entrega de nuevo financiamiento en plazos superiores a 90 días en el caso de Pdvsa, y de 30 días para el resto del sector público.

El efecto

Con las nuevas sanciones al gobierno venezolano y todos sus organismos les resulta imposible vender sus cuentas por cobrar o entregarlas como garantía. Además, les está prohibido vender, intercambiar o conceder en garantía acciones de empresas en las que el Estado tenga una participación de al menos 50%.

El analista financiero Leonardo Buniak explica que “Pdvsa se ve afectada seriamente porque se le limita el uso de instrumentos financieros que son cotidianos para obtener financiamiento en el corto plazo; ya no puede hacer factoring, es decir, venderle a un banco una factura que va a cobrar en 60 o 90 días y recibir hoy el dinero aceptando un descuento”.

“Tampoco es posible que Pdvsa coloque como garantía cuentas por cobrar para obtener un crédito de corto plazo, a fin de recibir capital de trabajo y mantener las operaciones del día a día del negocio”, añade Buniak.

También se prohíbe el uso de cartas de crédito, un instrumento que le permitiría al gobierno venezolano realizar importaciones y cancelar luego, porque el pago inmediato al exportador lo realiza una entidad financiera. No obstante, Leonardo Buniak precisa que “antes de las sanciones ya era muy difícil, si no imposible, para el gobierno y Pdvsa, obtener cartas de crédito porque no han sido capaces de cumplir a tiempo con el pago de la deuda que tienen en bonos: están técnicamente en default y esto hace que sean evaluados como de altísimo riesgo por los bancos”.

Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, agrega otro aspecto y destaca que “se está obligando a las empresas que le prestan servicios a Pdvsa a cobrarle por adelantado porque en caso de que no les paguen a tiempo no pueden aceptar un bono o algún tipo de garantía a cambio. Obligar a Pdvsa a trabajar solo en efectivo restringe su funcionamiento”.

Desde su punto de vista estas nuevas sanciones no tienen mayor efecto en la posibilidad de que Venezuela realice operaciones financieras con las cuentas por cobrar a países agrupados en el convenio de Petrocaribe. “Los principales compradores de esa deuda son los mismos países, no empresas de Estados Unidos”, afirma Grisanti.

Las empresas mixtas

Las sanciones también impactan la posibilidad de que el gobierno venezolano obtenga recursos negociando parte de las acciones de las empresas que creó junto a compañías extranjeras para explotar la Faja Petrolífera del Orinoco.
Pdvsa está obligada a tener una participación mínima de 50% en estas asociaciones, pero en algunas de ellas posee una porción superior, por lo tanto, explica Alejandro Grisanti, “es posible que se financie vendiendo 10% de las acciones en los convenios donde posee 60%; ahora, esta posibilidad está cerrada en el caso de que quiera negociar con una empresa de Estados Unidos”.
Leonardo Buniak explica que “esto golpea las expectativas del presidente de Pdvsa, Manuel Quevedo, de que se incremente la participación de las empresas extranjeras en los convenios de la Faja. Tengamos en cuenta que la producción petrolera registra un descenso muy importante en los últimos tres años y las empresas mixtas, que hace tres años aportaban un tercio de la producción, hoy aportan un poco más de la mitad”.
Otro elemento es que, para transportarlos y procesarlos en refinerías convencionales, los crudos extra pesados de la Faja del Orinoco necesitan diluyentes. Hasta hace pocos años no había que comprarlos en el exterior porque se producían en el país en las cantidades necesarias, pero ahora Pdvsa tiene que importarlos y Estados Unidos es un proveedor importante.
“Una cosa que puede ocurrir es que se le exija a Pdvsa el pago de contado del diluyente porque de no hacerlo podría ser visto como la aceptación de una deuda; evidentemente esto obligaría a buscar proveedores distintos a los de Estados Unidos, algo que entorpecería más las operaciones”, dice Leonardo Buniak.
De acuerdo a las cifras reportadas por el gobierno a la OPEP, entre 2014 y abril de este año la producción petrolera de Venezuela cayó desde 2,8 millones de barriles diarios hasta 1,5 millones, una magnitud similar a la de 1950. Alejandro Grisanti considera que no es descartable que, en medio de las fallas de gerencia, el bajo número de taladros activos y la falta de planificación, la producción siga en descenso y cierre este año en 1,2 millones de barriles diarios.
Un aspecto a considerar es que las sanciones ocurren en momentos en que ConocoPhillips está embargando activos de Pdvsa en el Caribe para cobrar 2 mil millones de dólares. Esta empresa norteamericana obtuvo un laudo a su favor por la Cámara de Comercio Internacional tras iniciar en 2007 una batalla legal para obtener compensación por la expropiación de las inversiones que realizó en Venezuela.
Alejandro Grisanti indica que “a la caída de la producción hay que añadir que las acciones que ha tomado ConocoPhillips le impiden a Pdvsa el uso de los puertos de aguas profundas del Caribe que es donde llegan los grandes tanqueros que transportan el petróleo a China. Si Pdvsa los empleara, Conoco se apropiaría de ese petróleo para cobrar lo que exige. No dejo de lado la posibilidad de que esto obligue a Pdvsa a exportar más petróleo a Estados Unidos en un contexto de nuevas sanciones. Evidentemente es una situación complicada”.
Leonardo Buniak resume que “las sanciones agravan un cuadro muy preocupante. Pdvsa no está realizando las inversiones que se requieren para detener la caída de la producción y comenzar a elevarla. Cayó en default porque tiene atrasos en el pago de los intereses de sus bonos por el orden de 1.500 millones de dólares, no es capaz de pagarle a los proveedores y tampoco ha sido capaz de llegar a un acuerdo con una compañía como ConocoPhillips que ganó una demanda”.

Consecuencias ampliadas

Podría pensarse que las sanciones de Estados Unidos solo impiden operar con bancos y empresas de este país, pero la realidad es que las grandes entidades financieras de otras naciones que operan activamente en Estados Unidos, también limitan sus transacciones con Venezuela a fin de proteger su presencia en un mercado estratégico.
Grisanti explica que “lo que observamos con las sanciones de agosto de 2017 es que los grandes bancos europeos con fuerte presencia en Estados Unidos adoptaron las medidas por igual. Los bancos asiáticos no las asumieron de este modo, pero cada vez están menos dispuestos a trabajar con Pdvsa y Venezuela”.
Leonardo Buniak considera que “es evidente que hay un efecto indirecto de las sanciones porque los grandes bancos y las empresas comienzan a evaluar si operar con Venezuela puede afectar sus negocios en Estados Unidos; además hay un riesgo reputacional que también se toma en cuenta”.
En este entorno, la posibilidad de que el Banco Central de Venezuela obtenga financiamiento de corto plazo para aumentar las reservas internacionales entregando oro como garantía luce comprometida, al menos con las grandes entidades financieras de Europa.
Las reservas internacionales en efectivo se ubican por debajo de mil millones de dólares, y una manera de aliviar el recorte de importaciones sería aumentarlas con operaciones sustentadas en las barras de oro que gestiona el Banco Central y que tienen un valor de 7 mil millones de dólares.

La zona gris

A diferencia del decreto de agosto de 2017, el que detalla las nuevas sanciones es bastante escueto y ha generado dudas en las entidades financieras.
“Las sanciones han sido redactadas de una manera poco específica. Hay mucha confusión en el mercado y no descarto que esto sea intencional. Hoy existe una tendencia que se conoce como el sobrecumplimiento, que es que cuando un banco tiene dudas de lo que se puede hacer o no, sencillamente no lo hace”, dice Alejandro Grisanti.
Agrega que “el lunes los traders en Nueva York no sabían si podían comprar y vender bonos de la República y Pdvsa. Hay dudas sobre estas operaciones porque el decreto habla de que prohíbe la compra de cualquier tipo de deuda y podría interpretarse que esto abarca los bonos. No es del todo preciso, por eso pensaría que el gobierno de Estados Unidos va a publicar una aclaratoria sobre el alcance de las sanciones”.