ACCESO A LA JUSTICIA
En esta nueva entrega del camino a la dictadura a través del Golpe
Constitucional describimos esos tres momentos que afianzaron aún más el
régimen totalitario de Nicolás Maduro y que permiten afirmar que no
estamos en democracia. La forma en que se llevaron a cabo las elecciones
presidenciales y legislativas estadales es una clara demostración de
ello.
El artículo 338 de
la Carta Magna establece que el estado de excepción por razones de
emergencia económica, que es el motivo invocado por el presidente
Nicolás Maduro, dura sesenta días, prorrogable por un plazo igual. Pero
lo que prevé el texto fundamental poco o nada le ha importado al
Ejecutivo con todos los poderes públicos dominados, dado que las medidas
extraordinarias (ratificadas mediante aparentes nuevos decretos y
prórrogas) han estado vigentes desde el 14 de enero de 2016, es decir,
desde hace dos años y cuatro meses. El jefe de Estado ha contado con
quince avales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que mediante
diversas sentencias los ha declarado constitucionales, pese a que nunca han sido aprobados por la Asamblea Nacional (AN), como lo ordena igualmente la Constitución.
En 2017, el descontento social creció enormemente porque los
problemas que el estado de excepción prometió solucionar se
profundizaron. Ese malestar social, junto a dos sentencias del TSJ (la
155 y 156) que anularon al Parlamento, fueron el detonante de cuatro
meses de intensas manifestaciones de calle, frente a las cuales el
Ejecutivo a través de sus cuerpos de seguridad, reaccionó con una brutal
represión que arrojó más de cien asesinatos, la mayoría hoy impunes. Los artículos constitucionales 53, 62 y 68,
que aluden a los derechos a las reuniones públicas, la participación en
asuntos públicos y a la manifestación pacífica fueron totalmente
ignorados y el número de presos políticos se incrementó (actualmente es
de 233 privados de libertad sólo por oponerse al Gobierno).
La arremetida contra los civiles que protestaron llegó incluso al uso de la justicia militar para
que el castigo fuera mayor a través de la manipulación de los supuestos
delitos cometidos en las manifestaciones. La cifra de presentados ante
tribunales castrenses pasó de 700. De manera que en Venezuela no hay
derecho a la protesta, por ningún motivo.
Luego, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)
sin preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo o no (él TSJ afirmó que
no era constitucionalmente obligante preguntarle a la gente mediante
referendo), tal como en cambió ocurrió con el proceso adelantado por
Hugo Chávez en 1999, lo que vino a enterrar definitivamente la
democracia en nuestro país. De esta forma se instauró un superpoder por
encima del cual, según él mismo, no hay instancia alguna o norma
superior a él, ni siquiera la Constitución, que vino incluso a sustituir
a la legítima AN y
hasta al Consejo Nacional Electoral (CNE), pues hasta convoca
elecciones en los términos que mejor le parezca o le convengan al poder.
Sigue recorriendo con nosotros El camino a la dictadura, ahora con la ampliación de la sección Golpe Constitucional, y no te dejes engañar: el régimen de Nicolás Maduro no es una democracia.
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