Un grupo de pacientes tomaron una plaza en Caracas para protestar por la escasez de medicinas en
Venezuela el 8 de febrero de 2018. Credit Meridith Kohut para The New York Times
CAMBRIDGE,
Massachusetts — La situación de Venezuela continúa agravándose año tras
año. Si se cumplen las proyecciones de los organismos multilaterales
para 2018, el país habrá perdido cerca del 50 por ciento de
su producto interno bruto en cinco años. Esta caída se encuentra entre
las catástrofes económicas más grandes de los últimos sesenta años, por
encima de Zimbabue entre 2002 y 2008, y comparable solo con la de países
que fueron soviéticos luego de la transición del comunismo. O a la de
conflictos bélicos como los de Irak, Liberia, Libia y Sudán del Sur en
las últimas tres décadas.
A
medida que se deterioran las condiciones del país, también cambian las
estrategias y los apoyos requeridos para lograr su recuperación. Veinte
años de chavismo han dejado a Venezuela en una condición de invalidez
tal que rescatarla va a requerir ayuda internacional en la acepción más
clásica del término. América Latina y la comunidad internacional deben
entenderlo así y asumir el rescate de la nación latinoamericana como una
urgencia.
A
principios de marzo de 2018, una venezolana busca comida en un
supermercado en Guaicaipuro, un municipio
del estado de Miranda. Credit Meridith Kohut para The New York Times
Desde 2013 hemos venido trabajando en los lineamientos de un plan de rescate para “el día después” del fin del régimen chavista. En septiembre de 2014, propusimos una reestructuración de la deuda con
el fin de evitar el colapso inminente y compartir las cargas del ajuste
de manera más equitativa entre los venezolanos y los acreedores de
deuda pública externa. A finales de 2015, alertamos sobre la catástrofe humanitaria que se aproximaba. A principios del año 2016, propusimos acompañar la reestructuración con un programa de asistencia extraordinaria con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Trabajando con un grupo de economistas venezolanos, calculamos que en
aquel entonces se requerían 54.000 millones de dólares en cinco años;
una cantidad similar —diez veces la cuota del país— a la ayuda que el
FMI le dio a Grecia en 2010 y a Argentina hace algunos meses. Los
resultados los recogimos en una propuesta para rescatar el bienestar de los venezolanos que hicimos pública en 2017.
Pero
el día después no ha llegado y el futuro ya no es lo que era antes. Al
actualizar nuestros estimados con los datos más recientes, hemos tomado
conciencia de que los 54.000 millones de dólares que propusimos el año
pasado ya no alcanzan. La causa de esta insuficiencia es la enorme
destrucción de valor en los últimos doce meses. De acuerdo con un reciente reporte de
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en mayo de
este año la producción petrolera de Venezuela fue 570.000 barriles por
día inferior a la de mayo de 2017, una caída del 29 por ciento. Esta
diferencia representa unos 12.000 millones de dólares anuales, cifra
similar al total de las importaciones del año pasado, y equivalente a
140 por ciento de las reservas internacionales del país. Además, han
colapsado los sistemas de refinación, generación eléctrica, agua, gas
doméstico y salud, y se han ido del país más de un millón de venezolanos.
Nuestro
problema ya no se puede resolver solo con una reestructuración de deuda
más profunda o con un programa de asistencia financiera más grande.
Aunque los fondos de los organismos multilaterales —como el FMI— vienen a
tasas de interés muy bajas, estos préstamos deben ser repagados. Las
normas del FMI requieren que el país sea lo suficientemente solvente en
un plazo razonable como para poder emitir deuda a tasas de mercado, a
fin de devolver los préstamos obtenidos. Dados los daños registrados en
los últimos doce meses, la necesidad de fondos adicionales sería de tal
magnitud, que el país quedaría sobrendeudado y perdería la posibilidad
de acudir a los mercados financieros para repagarle al FMI.
Una
comparación simple puede ayudar a comprenderlo: si a una persona, con
buena salud, se le quema la casa que compró mediante una hipoteca, es
difícil que pueda adquirir otra con otro préstamo, y salir adelante con
dos hipotecas. Por lo mismo, los bancos le prestarán el crédito para una
segunda hipoteca solo si se elimina la primera. Pero si, además, la
persona perdió la salud y se encuentra incapacitada para trabajar a
ritmo normal durante algunos años, los bancos no le prestarán para la
vivienda a menos de que otros aporten parte del capital.
Lo
mismo ocurre con Venezuela. Ya no es una de esas naciones que pueden ir
a los mercados financieros cuando lo necesiten. Tampoco es de los
países de ingresos medios, que no lo pueden hacer, pero sí pueden
recurrir a préstamos ordinarios de organismos multilaterales. Hoy en día
Venezuela es un país pobre, altamente endeudado, que no podrá salir
adelante solamente con pedir prestado. Para estos países se creó otro
recurso: las donaciones.
Las
donaciones no son nuevas para el mundo, pero sí son inusuales en
América Latina, particularmente en países, como Venezuela, que alguna
vez fueron considerados ricos. Pero Venezuela ya tampoco es lo que era:
actualmente cuenta con un ingreso per cápita aproximado de 2 600 dólares
por habitante y una producción petrolera per cápita 64 por ciento
inferior a la de 2005. El chavismo le ha traído al país una perdida
económica superior a las que se han registrado en los países que han
recibido las mayores donaciones después de sufrir grandes catástrofes
naturales o situaciones de guerra.
En
nuestras proyecciones, además de la reestructuración de la deuda y de
un paquete financiero de 60.000 millones de dólares, Venezuela requerirá
de donaciones de rápido desembolso por aproximadamente 20.000 millones
de dólares, necesarios para financiar la importación de materias primas,
insumos intermedios, repuestos, medicinas y equipos necesarios para iniciar la recuperación acelerada de la producción.
Estos recursos también permitirán sustituir a la impresión de moneda —el
único mecanismo de financiamiento del gasto público con el que cuenta
el gobierno venezolano tras agotar su capacidad de endeudamiento— y
origen de la hiperinflación que azota al país.
Con este apoyo, el país podría fortalecer su solvencia, lo que le haría
posible acceder a un programa de financiamiento multilateral en mejores
condiciones.
De
obtener esta cantidad de donaciones, Venezuela no sería una excepción
histórica. A precios de 2017, los 20.000 millones de dólares para
Venezuela serían una fracción de la ayuda recibida por Palestina entre
2008 y 2010 (equivalentes a 67.983 millones de dólares) o Irak entre
2005 y 2007 (46.664 millones); y similar a las donaciones que recibió
Haití entre 2009 y 2011, Zambia entre 2005 y 2007 o Siria y Jordania
entre 2013 y 2015 (todos alrededor de 20.000 millones de dólares).
La
tragedia que hoy flagela a Venezuela es uno de los desastres humanos
contemporáneos más grandes. De hecho, que la devastación de esta nación
latinoamericana no esté asociada a una guerra o un terremoto, no la hace
menos cruenta ni menos mortífera, de acuerdo con los cálculos de Caritas.
La
rápida recuperación del país y la atención a su crisis humanitaria debe
ser una prioridad para América Latina y un imperativo moral para el
resto del mundo. La debacle de Venezuela ha generado consecuencias
funestas para la región: una crisis de refugiados, el regreso de enfermedades ya erradicadas —como el sarampión y la malaria— y problemas asociados al narcotráfico, la corrupción y el lavado de dinero. Por otro lado, la negativa del régimen venezolano a aceptar ayuda
humanitaria es una muestra más de que las consideraciones políticas
pueden llegar a predominar sobre el derecho a la vida.
La
madre de un menor de seis meses con malnutrición esperaba su turno en
el hospital de San Francisco
de Guayo en diciembre de 2017. Credit Meridith Kohut para The New York Times
El
hecho de que la tragedia venezolana sea producto de la implantación
gradual de un modelo de dominación social a través de la represión y el hambre, le impone a la comunidad internacional la obligación de intervenir para evitar una catástrofe humanitaria mayor.
Para
comenzar a recuperarse, Venezuela va a requerir de un programa de
reformas que restablezcan los derechos de propiedad, la seguridad
personal y jurídica y los mecanismos de mercado. También se necesitarán
programas de asistencia destinados a cubrir el enorme déficit de
atención social heredado de la revolución bolivariana. Esta serie de
reformas debe ser respaldada por los mecanismos de asistencia propios de
la comunidad internacional: una donación como la que se hizo a Haití,
un programa financiero como el que recientemente le otorgó el FMI a
Argentina y una reestructuración de la deuda como la que se hizo en
Irak.
El
esfuerzo de la sociedad, junto con un programa integral de reformas y
el respaldo internacional, pueden ayudar a restituir a la mayor brevedad
la capacidad del país de salir del abismo y valerse por sí mismo.
Ricardo Hausmann es director del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard University. Miguel Ángel Santos y Douglas Barrios son investigadores del mismo centro.
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