JAVIER I. MAYORCA
Luego de los ascensos y de la
recomposición del Alto Mando Militar, anunciada el 7 de julio, se pueden
sacar algunas conclusiones provisionales sobre lo que acontece en la
Fuerza Armada Nacional:
1. Maduro se afinca en Vladimir Padrino para consolidar su poder.
El general en jefe del Ejército es el oficial más antiguo en servicio
dentro del Alto Mando. Es el único en situación de actividad egresado de
la Academia Militar en 1984. Muchos lo ven como un elemento del
Gobierno con el que todavía se puede negociar, a pesar de sus
declaraciones públicas en las que se rasga las vestiduras por la
“revolución”. Quizá esta sea la razón por la que el gobierno
estadounidense todavía no lo haya sancionado, al tiempo que son
frecuentes sus viajes a Rusia, donde se reúne con diversos integrantes
del gabinete de Putin. Padrino ha sido ratificado en el ministerio de la
Defensa durante cuatro años consecutivos. El ex titular de esa misma
cartera, general de división retirado Fernando Ochoa, cree que de esta
forma Maduro intenta estabilizar el entorno militar. El único precedente
que encuentra en la historia nacional es el del general de división
Ramón Florencio Gómez, que ejerció ese ministerio durante todo el
gobierno de Raúl Leoni. En el exterior han ocurrido varias situaciones
similares, pero la más cercana –por diversas razones- es la de Cuba
durante la época de los hermanos Castro, donde la prolongación en el
poder de las armas facilitó la formación de una “gerontocracia militar”.
2. Cabello se desdibuja.
Aunque nadie niega el poder del actual presidente de la Asamblea
Nacional Constituyente, es claro que Diosdado Cabello cada vez tiene
menos ascendencia en los cuarteles. Esto no es casualidad. Desde 2017,
Maduro y Padrino tomaban nota del ascenso de los oficiales graduados en
1987. Algunos de ellos, como el mayor general Carlos Martínez
Stapulionis, llegaron a ejercer importantes cargos en las regiones de
defensa operativa, a pesar de haberse graduado en la quinta decena de su
promoción. Luego, fueron devorados por las intrigas y la burocracia.
Sin embargo, era natural que algunos profesionales de armas graduados
ese año se colaran en el Alto Mando. Y aquí viene otra de las
conclusiones.
3. El balance de las fuerzas. Luego de los últimos
cambios, el Ejército tiene a tres integrantes en el Alto Mando (tomando
en cuenta que José Ornela Ferreira es el jefe de Estado Mayor del
Ceofanb), la Armada dos, al igual que la Aviación, y uno la Guardia
Nacional. Al revisar los comandos de fuerza, los más antiguos son los
del Ejército y la GN (los MG Jesús Suárez y Richard López, graduados en
1986), mientras que los de la Aviación y la Armada tienen un año menos
de carrera, y por ende tienen menos ascendiente en la toma de
decisiones. Estos son los que se graduaron con Cabello en 1987. En las
regiones militares, el Ejército tiene cuatro oficiales (dos de la
promoción 87), la Armada 2, la Aviación y la GN 1, respectivamente. El
poder del Ejército en estos niveles es claro.
4. Reducción de la cúpula. El 4 de julio, en un acto celebrado ex profeso
en un recinto cerrado –para evitar sorpresas-, Maduro ascendió a 127
oficiales a los grados de generales de brigada y de división, así como
sus equivalentes en la Armada. Posteriormente, elevó al grado de mayor
general y almirante a otros ocho oficiales, entre ellos figura el actual
director de la Contrainteligencia Militar y comandante de la Guardia de
Honor Iván Hernández Dala. Son entonces 135 ascendidos a las distintas
posiciones del generalato venezolano. Si se compara con los estándares
seguidos en la época previa al chavismo, esta cifra puede parecer
escandalosa. Durante el segundo gobierno de Caldera, por ejemplo,
ascendían a general o almirante unos 40 militares anualmente. Pero este
ha sido de hecho el año de la administración Maduro en que menos
generales fueron ascendidos. Incluso, fueron menos que los beneficiados
por Chávez entre 2010 y 2012. Antes de Chávez, los criterios para sumar o
quitar oficiales de la cúpula castrense eran básicamente las
necesidades de la institución y la disponibilidad de plazas, debido a
los pases a retiro y a las promociones de oficiales a otros cargos o
posiciones. A partir de 1999, con la nueva Constitución, se inició una
era de autogobierno militar. Los ascensos partían y finalizaban en la
FAN, sin que hubiese un control externo. Y ahora es muy difícil saber
cuáles son los factores tomados en cuenta para ascender en un año a 229
oficiales para los grados de general y almirante, como fue en 2013, y en
otro a menos de 130. A juzgar por lo declarado durante las últimas
alocuciones, la lealtad al Comandante en Jefe ha sido una condición más
importante, por ejemplo, que el debido cumplimiento de las tareas y la
sujeción a las normas vigentes.
Fuente: FANB/elaboración propia
5. Se prolonga la crisis en los cuarteles. Maduro busca a
todo trance una estabilización en el mundo castrense. En esto va la
manzana, representada en la triplicación de los ingresos mensuales para
los profesionales de armas (en contraste con el trato recibido por
enfermeras y educadores), así como la oferta de viviendas y vehículos, a
precios de baratija y con créditos de BanFanB. Y en el otro lado va el
garrote, encarnado en una Dgcim comandada por el recién ascendido
Hernández Dala, cuyos funcionarios no tienen el menor reparo en decirle a
los detenidos de cualquier grado y condición que la Constitución llega
hasta la puerta de la instalación, y que adentro las leyes son las que
ellos impongan. Pero el miedo prevalece sobre los beneficios, y en
consecuencia la carrera de armas ha perdido atractivo y el aprecio de la
sociedad. Las bajas en los componentes tradicionales son pedidas por
miles, y esta situación no parece tener un correctivo inmediato. De allí
la necesidad de acudir a la Milicia, tal y como se ha visto en los
últimos ejercicios Independencia y Soberanía. Hasta ahora, en Boleíta
han logrado desmantelar las dos conspiraciones detectadas en apenas tres
meses, y tal parece que por el momento estos grupos han sido
neutralizados. Pero eso no quiere decir que la crisis militar haya sido
superada.
Breves
* El maquillaje de estadísticas sobre
criminalidad en el Gobierno llega al punto en que ni siquiera toman en
cuenta hechos tan públicos y notorios como la masacre de 68 detenidos en
el retén de PoliCarabobo. Fuentes del ministerio de Relaciones
Interiores indicaron que para el Ejecutivo en distintos los centros de
detención del país han muerto 76 personas durante la primera mitad del
año. Pero este saldo no incorpora los cadáveres que sacaron de las
celdas de la referida policía regional, en marzo. Serían entonces 144
homicidios, en lugares que se supone custodiados por los cuerpos del
Estado. Por cierto, lo mismo hicieron en 2017 con los fallecidos en el
retén de Puerto Ayacucho, a manos de funcionarios gubernamentales. Luego
de Carabobo, Anzoátegui es el estado en el que más detenidos han muerto
entre enero y junio de este año, con 33. El lugar más peligroso es el
retén de la Policía Nacional en el sector Tronconal de Barcelona, donde
las riñas y ajustes de cuentas han ocasionado el fallecimiento de diez
personas. En Aragua, Tocorón sigue siendo el sitio de reclusión más
violento. Nueve personas han muerto allí en lo que va de año.
*La policía judicial tiene
adelantadas las pesquisas sobre el asesinato del activista político e
ingeniero de sistemas Gabriel de Mendonça. El hombre de 33 años de edad
salió a correr el sábado por La Lagunita y más nunca lo vieron con vida.
Su cadáver fue encontrado el lunes en un matorral del sector El
Encantado del mismo municipio, con cuatro heridas por proyectiles.
Inicialmente, se pensó que había sido una víctima más de secuestro.
Pero, de acuerdo con información conocida de fuente policial, durante
una de las últimas comunicaciones telefónicas con su familia, admitió
que tenía una deuda de 50 mil dólares, que no podía pagar. Lo que no se
ha precisado es el origen de esa deuda, aunque para el momento de
escribir esta nota una de las teorías se refería a negocios con moneda
virtual. Entonces, no se ha descartado del todo la posibilidad de un
plagio, pero también se evalúa si este homicidio fue producto de un
sicariato.
*El deterioro de la seguridad en la
vía hacia oriente comienza poco después de Guarenas y se extiende, por
lo menos, hasta Clarines. El fin de semana, tres funcionarios de cuerpos
de seguridad padecieron en carne propia el accionar de las bandas. Dos
de ellos fueron despojados a punta de pistola de sus vehículos cuando
regresaban a sus viviendas. El tercero era un sargento segundo de la
Guardia Nacional que murió mientras cumplía su turno en un punto de
control en la Troncal 9, entre Araira y Cupo. Los antisociales,
aparentemente, no esperaban la presencia del militar en plena vía, y la
emprendieron a tiros contra él. En este contexto, el general retirado
del Ejército Rafael Delgado relató que el fin de semana pudo ver cómo
vías locales que pasan por El Guapo son cerradas en la noche para evitar
que los conductores las transiten y sean víctimas del “hampa
desbordada”. Más allá, entre Clarines y Puerto Píritu, está el área en
la que más vehículos de carga han sido saqueados durante el primer
trimestre de 2018, según lo afirmado por el presidente de la Asociación
Civil de Transportistas de Carga Pesada, Jorge Hernández. Buena parte de
esta situación es consecuencia directa del programa gubernamental de
las zonas de paz, que fortaleció a las bandas criminales en tales
sectores.
*Tres veces han detenido en 2018 a la
estudiante de medicina Ariana Granadillo. Según el director del Foro
Penal, Alfredo Romero, todo es consecuencia del parentesco que ella
guarda con el coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García
Palomo. Romero explicó que en virtud de esa relación ella residió
durante un tiempo en la vivienda del oficial en Carrizal, mientras
adelantaba sus estudios en Caracas. Granadillo fue capturada por Cicpc
en Táchira y traída a la capital, para su presentación ante el juzgado
segundo militar, donde se ventila la causa por la conspiración conocida
como Armagedón, en la que también han implicado a la principal dirigente de Vente Venezuela
Maria Corina Machado. Luego de pasar varios días detenida, Granadillo
recibió una medida cautelar. Según Romero, para el 9 de julio estaban
tras las rejas 80 personas ligadas a supuestas conspiraciones
castrenses. El abogado afirmó que en las últimas semanas ha disminuido
el número de detenidos por razones de conciencia. Pero indicó que ese
puede ser el prólogo a una nueva ola de represión selectiva, en la que
saldrán afectados dirigentes políticos, militares y periodistas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario