Un año después del 16-J o cómo convertir una victoria en un fracaso
BENIGNO ALARCÓN
POLITIKA UCAB
Hace un año, el 16 de julio de 2017, el
sector democrático del país dio una de sus mejores y mayores
manifestaciones colectivas de desconocimiento al actual orden y de
demanda masiva por un cambio político inmediato. En ese plebiscito
convocado por la MUD, junto a actores fundamentales de la sociedad civil
–como los rectores universitarios que garantizaron la transparencia del
proceso– participaron más de siete millones de electores que
contestaron afirmativamente tres preguntas:
- ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?
- ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?
- ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?
Lamentablemente, pese a la participación
masiva en este proceso y a las expectativas que se generaron en torno a
esta manifestación, el régimen sigue avanzando en su proceso de
autocratización, lo que terminó convirtiendo el éxito de este plebiscito
en una victoria pírrica que terminó por revertirse en contra de la
misma MUD y de la Asamblea Nacional, que hoy descienden a sus más bajos
niveles históricos de confianza, colocándose, incluso, por debajo del
mismo Gobierno que, aunque si bien sigue teniendo los mismos niveles de
rechazo, siempre cumple con lo que promete, con apoyo o sin él.
Sin lugar a dudas, la consulta del 16 de
julio fue un punto de inflexión en el proceso de avance que, en lo
electoral, la MUD había logrado concretar en la elección legislativa de
2015. Después del 16-J la MUD retrocedió, al punto de perder una
elección de gobernadores que todos consideraban cómodamente ganada. Tras
eso, la MUD optó, acertadamente, por no desafiar la voluntad de no
participación de la mayoría de sus votantes. ¿Cuál fue el problema? ¿Fue
el plebiscito? ¿Las preguntas del plebiscito o lo que sucedió después
de esa consulta?
El volumen de participación en el
plebiscito y la respuesta afirmativa –casi unánime– a las tres
preguntas, permite suponer que el problema no estaría en el plebiscito
sino en lo que sucedió después. Pero si vemos las tres preguntas no será
difícil comprender que lo sucedido luego del plebiscito no puede
desvincularse de esas tres interrogantes.
Un plebiscito constituye, más que una
respuesta a una o varias preguntas, un mandato. Cuando la gente asiste a
un plebiscito, así sea en forma de un referéndum consultivo, no lo hace
en el ánimo de participar en una encuesta que solo sondea su opinión,
lo hace con la expectativa de incidir en una decisión para que alguien
haga, o no haga, algo. Así, no tendría sentido consultar a los
ciudadanos sobre el clima, porque su control no está en manos de los
consultados ni en las del mandatario; pero sí tendría sentido consultar
sobre la continuidad o la renuncia, la celebración de elecciones, una
política pública, etc. Esto implica que quien hace la consulta debe
tener la capacidad y disposición para considerara y ejecutar ese
mandato. No tendría sentido consultar sobre algo que no se está en
disposición o capacidad de hacer.
Revisemos las preguntas: “¿Rechaza y
desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás
Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano?”. La respuesta va
dirigida a Maduro, a quien tocaría decidir qué hace con ese rechazo de
siete millones de electores. La segunda: “¿Demanda a la Fuerza Armada
Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la
Constitución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea
Nacional?”. Aquí nos tropezamos con el mismo problema, la demanda va
dirigida de manera general a la FANB y a la burocracia del Estado, un
actor difuso. El mandato no está dirigido a nadie en particular, ni
establece lo que implica “defender la Constitución de 1999”, ni cuáles
decisiones de la Asamblea Nacional deben respaldarse ni cómo hacerlo.
Tal mandato hace casi imposible su cumplimiento. Acatarlo implicaría una
acción colectiva coordinada de la Fuerza Armada y la burocracia del
Estado, con costos muy elevados en caso de que no todos cooperen y con
bajos incentivos para asumir tal mandato si no existen expectativas
fundadas de cooperación y éxito.
Por último, la tercera pregunta:
“¿Aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de
acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de
elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un
gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?”.
Esta es la única que se constituye como un mandato directo a quien hace
la consulta: la MUD y sus representantes en la Asamblea Nacional. Este
mandato implicaría tres acciones concretas: la renovación de los poderes
públicos cuyo nombramiento depende de la AN (TSJ, Poder Ciudadano y
Poder Electoral), la convocatoria a elecciones regionales, municipales y
presidenciales libres y transparentes (un nuevo Consejo Nacional
Electoral nombrado por la AN) y la conformación de un gobierno de unión
nacional para restituir el orden constitucional, pero no queda claro con
quiénes y cómo se constituye.
Fue en esta tercera pregunta donde se
centraron las mayores expectativas –y las mayores frustraciones– de algo
más de siete millones de personas que demandaron la renovación de los
poderes públicos, elecciones democráticas y un nuevo gobierno. Pero no
vieron que pasara nada.
Foto: EFE
La importante pérdida de apoyo de la MUD y
la Asamblea Nacional tiene parte importante de su explicación en la
falta de respuesta a esas expectativas generadas a partir del triunfo de
la MUD en las elecciones parlamentarias de 2015 y del plebiscito de
2017. Si bien es cierto que las preguntas formuladas fueron el resultado
de un debate interno en la MUD que terminó, como en más de una ocasión
ha sucedido, aprobando lo que todos quieren a falta de acuerdo sobre lo
que deben hacer, las consecuencias de construir consensos sin la
disposición real a cumplirlos están hoy a la vista. El debate entre
poder y querer cumplir es hoy inútil porque en política las
incoherencias pasan factura y hoy todos, sin excepción, pagan con la
pérdida de confianza al no haber cumplido con las expectativas
generadas.
La conclusión es que, si no estaban
dispuestos a asumir el mandato implícito en la respuesta afirmativa a la
tercera pregunta del plebiscito –o se consideraba imposible su
cumplimiento– jamás se debió hacer la consulta en esos términos pues
constituía, per se, la promesa de asumir el mandato de un electorado cada vez más educado, exigente e impaciente.
Hoy, cuando el régimen se encuentra en su
momento de mayor dificultad, la fragmentación y debilidad de una
coalición democrática alternativa termina contribuyendo a la
estabilización autocrática del régimen. ¿Es posible enderezar semejante
entuerto y retomar el camino hacia la democratización en el que
parecíamos avanzar de manera irreversible tras la dudosa victoria de
Maduro en el 2013, las protestas que desconocían su legitimidad durante
el 2014, y la aplastante victoria de la oposición en las legislativas de
2015? La historia y los análisis politológicos más confiables dicen que
sí se puede, aunque también nos alertan sobre su dificultad creciente
en la medida en que el régimen cierra el sistema político y tiene éxito
en la constitución de una hegemonía de partido único o de una “oposición
legal” puramente decorativa.
Dedicaremos nuestra próxima columna a
tratar de poner sobre la mesa una propuesta que sería posible, sí y solo
sí, el liderazgo político y social democrático pone sus agendas y
cálculos particulares a un lado para unirse en una estrategia única y
unitaria.
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