La Gramática y la corrección política
JUAN LUIS CEBRIAN
En su Historia de la Lengua Española,don Ramón Menéndez
Pidal señala que “los idiomas… proceden a la simplificación” por lo que
“la historia fonética de una lengua es, en suma, la de su proceso
constante hacia la mayor brevedad y facilidad”. Dicha tendencia, que
nadie dicta pero el pueblo sigue, es obstáculo principal con el que han
de lidiar los políticos y líderes sociales empecinados en imponer el
desdoblamiento en la expresión del género, so pretexto de hacer más
inclusivo el uso del lenguaje frente a lo que se considera sexismo de
nuestro idioma.
Esta
denuncia tiene fundamento suficiente, y desde hace años la Real
Academia Española trabaja por mejorar el Diccionario y la Gramática en
beneficio de la igualdad entre sexos. Pero el ocultamiento o la
invisibilidad de la mujer en esas obras de referencia no están
determinados tanto por la atribución de género como por la conducta y
los hábitos sociales a lo largo de los siglos, que inevitablemente se
reflejan en el habla de las personas.
La demanda de la vicepresidenta del Gobierno a la RAE para que revise
el texto de la Constitución, a fin de promover en ella un lenguaje
inclusivo, ha vuelto a desatar la polémica en los medios y las redes
sociales, pues señala al idioma como causa y reflejo de la
discriminación sexual.
La mayoría de quienes así opinan suelen ignorar, entre otras cosas,
que la RAE no es un organismo gubernamental, sino una institución de la
sociedad civil; que aunque su diccionario y gramática son considerados
normativos, los académicos no ejercen como inventores de la lengua, sino
como notarios de la misma, de acuerdo con la máxima de que sus
creadores son los hablantes; y, por último, que no opera en solitario,
sino en estrecha colaboración con la Asociación de Academias de la
Lengua Española que trabajan y se esfuerzan por la unidad del idioma en
todos los países y comunidades hispanohablantes. Cualquier decisión
sobre el contenido de las obras académicas (diccionario, gramática y
ortografía) es consensuado con ellas, y rige el principio de unanimidad.
También en el caso del llamado lenguaje inclusivo.
No cabe duda alguna respecto a la influencia de las lenguas en la
estructuración de la sociedad y la organización del poder, pero es un
abuso suponer que sea la gramática a la vez causa y remedio de la
desigualdad de derechos contra la que, con toda justicia, se alza el
movimiento feminista. Antes al contrario. La atribución de géneros en el
castellano era preocupación explícita de los redactores de la primera
gramática de la Academia en 1771.
Dada la ambigüedad en algunos casos y las dudas planteadas en otros,
proponían un sencillo recurso para solventar los problemas que se
plantearan: “Tenemos en los artículos y adjetivos un medio fácil y
seguro para distinguir los géneros”. Pese al tiempo transcurrido y a las
posteriores elaboraciones de los científicos este sigue siendo un
método común utilizado por el vulgo, y aun por los hablantes eruditos, a
fin de evitar ocultamientos sexistas de cualquier condición.
Hay otra cuestión alarmante en el ruego, o deseo,
vicepresidencial. La Constitución es un texto intocable salvo por las
Cortes Generales que en los casos más significativos deben someter los
cambios que decidan a referéndum popular. Y con ser importante un nuevo
estilo literario que mejore la visibilidad de las mujeres, la sociedad
española reclama también con urgencia otras reformas fundamentales que
escapan al debate gramatical. Afectan entre otras cosas a la
organización del territorio, el estatuto de la Jefatura del Estado
(discriminatorio por cierto respecto al género) y la provincia como
circunscripción electoral.
Si los redactores de la reforma, que deben constituirse en comisión
del Parlamento, precisan de la ayuda de expertos, o de dictámenes
especializados de instituciones y personas ajenas a la función
legislativa, es lógico que así lo soliciten. Pero el Gobierno, sobre
todo un Gobierno con mayoría tan precaria como este, debe mostrarse
respetuoso con la función de las instituciones de la sociedad civil y no
tratar de invadirlas o utilizarlas en su beneficio so pretexto de
atender demandas sociales.
Las identidades tienen que ver con los idiomas pero estos son sobre todo un elemento de comunicación
Un lenguaje inclusivo tiene que lidiar con algunas cuestiones ya
resueltas por la normativa gramatical, como el citado desdoblamiento de
género, o el abandono en según qué casos del femenino para denominar
funciones o profesiones que incluso algunas mujeres entienden serán más
respetadas si se utiliza el masculino genérico. No pocas juezas o
médicas prefieren que se les llame la juez o la médico, pues entienden
que es la mejor manera de equiparar públicamente sus saberes
profesionales a los de sus colegas varones. La doctrina de la RAE, y de
la Asociación de Academias, sobre el desdoblamiento es de sobra conocida
y ningún gobernante debe esperar que se mude a su requerimiento.
El uso del masculino genérico no tiene que ver con el machismo ni es
un signo sexista sino un recurso que responde a la economía del
lenguaje, en la línea que señalaba Menéndez Pidal. No creo, por ejemplo,
que ninguna fémina se irrite cuando le pregunten cómo están sus padres,
o no comprenda que la cuestión se refiere igualmente a su padre y a su
madre; ni me parece que si le dijeran ¿cómo están tu padre y tu madre?
se pudiera derivar de ello una mayor visibilidad de la aludida.
Los intentos del poder político por regular y organizar las lenguas
responden al propósito de reforzar los signos identitarios de la
comunidad de los hablantes y, quiérase o no reconocerlo, a un
autoritarismo larvado que se ejerce pomposamente en nombre de la nación.
Las identidades tienen mucho que ver con los idiomas pero estos son
ante todo y sobre todo un elemento de comunicación.
Acostumbrado el poder a imponer un lenguaje político correcto, su
voracidad no tiene límites a la hora de invadir el diccionario. El
anterior ministro de cultura se permitió nada menos que enfatizar el
castellano como objeto prioritario de la marca España, olvidando el
carácter global de nuestro idioma y que solo un diez por ciento escaso
de los hablantes del español habitan en nuestro país. No parecen haber
mejorado mucho las cosas con el nuevo equipo. Alguien debería explicar
al Consejo de Ministros (en el que se sienta una mayoría de ministras)
que el uso genérico del masculino viene siendo inclusivo desde que se
inventó, precisamente, para que así lo fuera. Y es que, según reza su
edición príncipe de 1771, “no hay edad, ni estado, ni profesión alguna
en que no sea conveniente la Gramática”.
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